Derechos humanos y desaparición de personas: grandes ausentes en el Informe de Gobierno

El pasado 1 de septiembre, la presidenta de la república rindió su mensaje con motivo de su  Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. En este decidió destacar algunos logros relacionados con el “humanismo mexicano” y “la economía moral”, traducidos principalmente en la recaudación, el funcionamiento de distintos programas sociales, la utilización de recursos para obras públicas y las decisiones para responder ante las políticas arancelarias de Estados Unidos.

También destacó algunos temas en materia de seguridad, como la reducción del 51 % de homicidios en su administración —pese a los hechos violentos ocurridos apenas un día antes con la explosión de un coche bomba en Zacatecas—. Sin embargo, al igual que el año pasado, los temas relacionados con la agenda de derechos humanos fueron los grandes ausentes, en especial la crisis de desaparición de personas que aqueja hoy a nuestro país y las demandas de las familias que buscan a sus seres queridos.

Como hemos mencionado en otras ocasiones, es importante reconocer decisiones y avances en materia de derechos sociales, por ejemplo, el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza, además del incremento del salario mínimo mensual. También es relevante destacar el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, tras la modificación del artículo 2 de la Constitución, a pesar de los retos y cuestionamientos sobre el propio alcance de la reforma y de las subsecuentes iniciativas que se están discutiendo, ahora respecto de la Ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Lamentablemente, en el discurso sobre la justicia social, los derechos humanos no estuvieron presentes. En particular, resulta especialmente doloroso que el mensaje presidencial no haya hecho referencia a la desaparición, ya que solo dos días antes cientos de familias en la Ciudad de México y en al menos otras 25 entidades de la república —entre estas: Jalisco, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Oaxaca— marcharon y realizaron distintos actos para visibilizar la crisis de más de 135,000 personas desaparecidas, en el marco del 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada.

Cifras que no dan certeza a las familias de las personas desaparecidas

Si bien el informe presentado al Congreso de la Unión incluye una sección respecto de las acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda en la materia y unos días antes de la conmemoración del 30 de agosto la Secretaría de Gobernación realizó una conferencia de prensa sobre este tema, en ambos espacios se continúa ofreciendo información general y cifras que no terminan de dar certeza a las familias de las personas desaparecidas, como ocurrió con la información presentada en el marco de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en marzo de este año, sobre la cual se continúan ofreciendo cifras sobre acciones burocráticas que no tranquilizan a las familias. Por ejemplo, se señala que existen 40,628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentaron trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte, sin que esto represente localizaciones o concuerde con los propios datos del informe.

Esto, sumado a la ausencia de la desaparición en un discurso centrado en los aciertos, es una muestra de que la problemática sigue sin ser atendida en la administración actual con la seriedad y prioridad que se requiere, pese a las continuas demandas de los colectivos: contar con una escucha activa a las necesidades de acuerdo con sus contextos; contar con investigaciones diligentes por parte de las fiscalías locales; recibir un verdadero acompañamiento de las Comisiones de Búsqueda; atender la crisis forense; y contar con seguridad frente a las amenazas y agresiones que viven.

Tan solo en la última semana se reportó el ataque armado a Alma Rosa Rojo y a su hija, en Culiacán, Sinaloa, quien busca a su hermano, Miguel Ángel Rojo, desaparecido el 4 de julio de 2009. Dos días antes se reportó el asesinato del padre buscador Federico García, de la zona de la Montaña de Guerrero, quien buscaba a su hijo Luis Fernando.

135,000 personas desaparecidas no es una cifra que deba omitirse del discurso 

Por ello, los colectivos, además de seguir insistiendo en la relevancia de escuchar y atender las recomendaciones de los organismos internacionales, como las incluidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también continúan llamando al Estado a abrirse a la cooperación internacional, como lo destacó el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que decidió presentar la grave situación de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en abril pasado. Al mismo tiempo, las familias también nos llaman a acercarnos como sociedad a la realidad de la desaparición, pues nos recuerdan que son “mucho más que dolor, también hay esperanza y amor por nuestros seres queridos desaparecidos”.  Ahí también se puede plantear como objetivo transformar el amor en política pública. 

Reconocer avances en materia social o económica es compatible con señalar aquello que permanece pendiente y que no puede quedar fuera del balance: 135,000 personas desaparecidas no es una cifra que pueda omitirse del discurso público, ni las miles de familias que continúan esperando justicia y verdad. Si el propósito es construir una sociedad más justa, escuchar a quienes buscan, garantizarles seguridad y acompañamiento y transformar su exigencia de justicia en políticas efectivas debe ser también una prioridad de Estado.♦ 

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