Jorge Avila · 7 de abril de 2026
El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) anunció su histórica decisión de llevar la urgente situación de México a la Asamblea General de la ONU y que considere tomar medidas para asistir al país ante la crisis de desapariciones que enfrenta. Una crisis que, como han señalado organismos internacionales, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en múltiples ocasiones, tiene rostro y lastima gravemente a nuestro país.
Esto sucedió pocos días después de que, durante una conferencia mañanera, la presidenta de la República –acompañada de la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública– presentó información sobre las acciones que han realizado como parte de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas en la actual administración. Lamentablemente, gran parte de esta exposición se centró en escudriñar las fallas en el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), además de hacer diversas afirmaciones falaces sobre el tema de desaparición, como que en México ya no se cometen desapariciones forzadas, reduciendo la responsabilidad estatal sobre la problemática.
Como ha señalado el Comité con claridad –no sólo en esta última decisión, sino en diversas ocasiones–: en México agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal siguen cometiendo desapariciones forzadas. Además, el Estado tiene responsabilidad sobre las desapariciones cometidas por integrantes de organizaciones delictivas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de autoridades. Como señala el CED, los agentes conocen previamente de la situación de riesgo real de la comisión de desapariciones, y su conducta es un reconocimiento que actores no estatales interpretan como consentimiento.
La histórica decisión del Comité CED de llevar la situación de México ante el máximo órgano político de las Naciones Unidas – prevista en el artículo 34 de la Convención – no fue hecha al azar o de manera imprevista. Está basada en años de evaluación al país y en particular en la solicitud de diversas familias, colectivos y organizaciones. Es necesario aclarar, que el Comité no funge como comisión de investigación, sino que analiza si existen indicios bien fundados, conforme a la información recibida, respecto de si las desapariciones se cometen de manera sistemática o generalizada y que por ende, requieren de una atención especial de parte de la comunidad internacional.
En su determinación, el Comité destaca que la búsqueda de personas desaparecidas recae principalmente en las familias y no en el actuar del Estado, así como la ausencia de medidas eficaces para hacer frente a la crisis forense de más de 80 mil cuerpos sin identificar y, particularmente, la impunidad de los casos que sí llegan a contar con una carpeta. El Comité CED es muy claro también en señalar que, si bien la comisión de desapariciones no es parte de una política federal, las acciones de México para atender esta crisis han resultado insuficientes y no se cuenta con una política nacional integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones. De ahí que, tras hacer un análisis sustantivo de la comisión de las desapariciones en el país, reconoce que las desapariciones en el país sí tienen un carácter sistemático y generalizado.
Ante esto, el Comité solicita al secretario general hacer dos recomendaciones a la Asamblea General de la ONU que se vislumbran como una fuente de esperanza para miles de víctimas: que brinde la cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación, y que establezca un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias.
Pese a la relevancia de esta decisión y a las múltiples peticiones de las familias de que las autoridades actúen de manera urgente, el Estado dio una respuesta completamente deplorable. Por medio de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, ampliamente replicado en medios de comunicación cercanos a la administración actual, se señaló que el informe del CED es “tendencioso” y que no cuenta con rigor jurídico, una afirmación que también es incongruente con las declaraciones recientes de la Presidencia de la República de llamar al multilateralismo, el diálogo y al fortalecimiento del papel de la ONU ante las problemáticas globales actuales.
Adicionalmente, se reiteraron los cambios legislativos que ya han probado no ser suficientes, en tanto no tengamos una verdadera transformación en las fiscalías o se tomen medidas extraordinarias para abordar el rezago forense. Una vez más, la respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que se está analizando por el organismo internacional y que pesa sobre las familias que buscan a un ser querido.
Esto no es nuevo. La renuencia a reconocer la crisis de la desaparición y a desdeñar la labor de organismos internacionales sucedió con el gobierno panista de Felipe Calderón, durante el mandato de Enrique Peña Nieto –especialmente ante la posición contra quien fuera el Relator Especial sobre la Tortura, el reconocido experto Juan E. Méndez–, en el anterior sexenio con las múltiples descalificaciones a los organismos internacionales y al inicio de la actual administración, cuando el Comité anunció la apertura del procedimiento, llegando a amenazas inéditas de parte de políticos a expertos internacionales.
Lo que no hemos visto en cada administración es la consolidación y el anuncio de una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones en México, que realmente implemente lo previsto en el robusto marco normativo con que cuenta el país, en su Ley General en Materia de Desaparición Forzada, como ya lo ha recomendado el Comité CED. Por ello, hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos y las descalificaciones no están en línea con las necesidades de las familias.
En ese contexto, el mensaje es claro: este debe ser el momento para que el Estado mexicano, en diálogo con todos los colectivos –no sólo algunos–, organizaciones civiles, personas expertas y la comunidad internacional, corrija las fallas del pasado y asuma la oportunidad que abre el Comité CED con su determinación. Lo que está en juego es la implementación de mecanismos extraordinarios que den una respuesta real a las familias y a la sociedad sobre el paradero de las y los desaparecidos, esos que nos faltan a todas y todos. El país no puede seguir postergando esta deuda.