De Ciudad Juárez a Janos: persiste la deuda del Estado con las personas migrantes
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes · 4 de noviembre de 2026
El cierre de la causa penal contra Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), ocurre mientras las víctimas de Ciudad Juárez siguen exigiendo justicia. El incendio en la estancia provisional de Janos, Chihuahua, obliga a revisar qué ha cambiado en las instalaciones migratorias y qué riesgos persisten para quienes permanecen detenidos.
El pasado 13 de octubre, un juez dio por cumplidas las condiciones impuestas a Garduño Yáñez y cerró la causa penal contra el excomisionado del INM. Según la información publicada sobre la audiencia, algunas víctimas denunciaron que seguían sin recibir atención médica. Esa distancia entre la resolución judicial y las necesidades expresadas por quienes sobrevivieron plantea una pregunta: ¿cómo se evalúa la reparación cuando las personas afectadas siguen denunciando pendientes en su atención?
En la entrega anterior examinamos las condiciones de detención en Estados Unidos. Ahora centramos la mirada en México, donde el trabajo de acompañamiento y documentación de la Redodem permite sostener exigencias frente a las autoridades y dar seguimiento a sus respuestas. Lo ocurrido en Ciudad Juárez y Janos nos lleva a revisar las responsabilidades pendientes y las decisiones sobre las que necesitamos incidir para proteger a las personas y cuestionar el uso del encierro.
En nuestro pronunciamiento sobre el cierre de la causa contra Francisco Garduño, el pasado 15 de octubre, exigimos el cierre de Janos como espacio de detención, el monitoreo independiente de las instalaciones que continúan operando y evidencia pública del cumplimiento de las medidas de no repetición. Esta entrega profundiza en las razones de esas exigencias.
La responsabilidad sigue pendiente
El proceso contra Garduño está relacionado con el incendio del 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 personas murieron y 27 resultaron gravemente heridas mientras permanecían encerradas bajo custodia del Estado mexicano. Sus familias y quienes sobrevivieron llevan más de tres años buscando justicia.
La discusión también alcanza la forma en que se investigaron los hechos. La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaide Foppa, organizaciones acompañantes de las víctimas, han cuestionado que la acusación contra Garduño se limitara al ejercicio ilícito del servicio público, permitiéndole acceder a la suspensión condicional del proceso. Examinar esa decisión resulta indispensable para comprender hasta dónde se investigaron las responsabilidades de quienes dirigían la institución.
La responsabilidad estatal comprende las condiciones en que operaba la estancia y las decisiones que permitieron mantener ahí a personas privadas de la libertad. La Recomendación 111VG/2023 de la CNDH documentó violaciones graves a los derechos humanos por actos y omisiones del personal del INM. Su cumplimiento debe evaluarse con evidencia sobre los cambios realizados y sus resultados.
Desde los albergues y espacios de acompañamiento que integramos la Redodem hemos documentado cómo el control migratorio expone a las personas a abusos y obstaculiza el ejercicio de sus derechos. Lo ocurrido en Ciudad Juárez expresa las consecuencias extremas de una política que normaliza el encierro como respuesta a la movilidad. Bajo custodia, las personas dependen de las autoridades incluso para salir de un lugar que amenaza sus vidas.
¿Qué cambió después de Ciudad Juárez?
Después del incendio se anunciaron cambios. El 13 de agosto de 2023, el INM informó sobre medidas de protección civil y supervisión en sus instalaciones. Estos compromisos permiten exigir cuentas sobre su aplicación. ¿Qué resultados han tenido y quién verifica que funcionen cuando ocurre una emergencia?
El diagnóstico de la CNDH correspondiente a 2025 documentó deficiencias concretas en Janos: durante la visita no había personal médico y las personas entrevistadas señalaron que no habían recibido asesoría legal. El INM también reconoció que la estancia carecía de mangueras hidrantes. Pese a estos hallazgos, fue calificada como “adecuada”.
Esta calificación requiere una explicación. ¿Cómo se ponderan las deficiencias que afectan la atención médica, la defensa jurídica y la respuesta ante emergencias? ¿Qué seguimiento se realiza para verificar su corrección? Una evaluación debe permitir identificar los riesgos y orientar medidas para atenderlos; su resultado general no debería restar importancia a las deficiencias documentadas.
El mismo diagnóstico calificó como “insuficientes” las estancias de Querétaro, Nuevo Laredo y Tijuana. También documentó deficiencias en San Pedro Tapanatepec, cuya operación fue suspendida en agosto de 2025. Estos hallazgos amplían la discusión sobre la supervisión y las condiciones en que continúan operando otros recintos.
El 12 de septiembre de 2026 ocurrió otro incendio en la estancia provisional del INM en Janos. Había 33 personas migrantes bajo custodia estatal. Aunque las autoridades informaron que no hubo fallecimientos, el hecho obliga a examinar la eficacia de las medidas anunciadas.
En nuestro pronunciamiento sobre Janos exigimos publicar los resultados de las revisiones realizadas después de Ciudad Juárez. Es necesario conocer qué riesgos se identificaron, cómo se atendieron y quién verificó las correcciones. La ausencia de fallecimientos en Janos no resuelve estas preguntas.
Incidir sobre las condiciones y las decisiones de encierro
Las garantías de no repetición deben traducirse en cambios verificables. Desde la Redodem exigimos el cierre de Janos como espacio de detención y que las autoridades publiquen los resultados de las inspecciones, con responsables y plazos para atender las deficiencias. Los recintos que no garanticen la integridad y los derechos de las personas deben dejar de utilizarse para la detención.
Los cierres deben acompañarse de alternativas comunitarias en libertad, evitando que se traduzcan únicamente en traslados a otros espacios de encierro. En las instalaciones que continúan operando se requiere monitoreo independiente y acceso efectivo de las organizaciones defensoras.
Las personas detenidas deben contar con información comprensible sobre su situación, acceso a defensa y atención médica, y mecanismos para denunciar abusos sin represalias. El Gobierno Federal debe publicar evidencia del cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 e identificar las obligaciones pendientes, con responsables y plazos.
Mejorar los inmuebles deja abierta la discusión sobre la decisión de encerrar a las personas por su situación migratoria. Desde la Redodem exigimos que la detención deje de ser una respuesta prioritaria y sostenemos la necesidad de avanzar hacia su eliminación mediante alternativas abiertas y comunitarias. Las medidas inmediatas de protección deben acompañarse de decisiones que permitan transitar los procedimientos migratorios en libertad.
La atención pendiente a sobrevivientes y familiares exige una respuesta con su participación y mecanismos para verificar su cumplimiento. El Gobierno Federal debe asumir la responsabilidad institucional por lo ocurrido en Ciudad Juárez y explicar qué ha cambiado desde entonces para impedir que vuelva a suceder.
El cierre de una causa penal no cancela esa responsabilidad. Las víctimas llevan más de tres años exigiendo justicia. Desde la Redodem sostenemos que esa exigencia debe orientar la respuesta del Estado y la transformación de su política migratoria.♦