Redacción Animal Político · 5 de junio de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para reformar y endurecer el sistema de aduanas del país, con el objetivo de reforzar la recaudación de aranceles, reducir el fraude y el contrabando, aumentar los controles sobre las importaciones y fortalecer la seguridad nacional.
La orden establece que la aplicación de las normas aduaneras es esencial para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
Además, argumenta que un sistema aduanero efectivo permite impedir la entrada de bienes ilícitos y peligrosos, identificar correctamente a los importadores de registro y asegurar el cumplimiento de leyes federales relacionadas con trabajo forzoso, reglas de origen, propiedad intelectual, recaudación de ingresos y seguridad de productos.
El texto indica que el sistema actual presenta problemas. Menciona “ineficiencias sistémicas, vacíos legales, mecanismos de aplicación insuficientes y procesos obsoletos”, que, asegura, han permitido la evasión de normas.
Entre los ejemplos de incumplimiento se incluyen la subvaloración de importaciones, la falta de información completa sobre los importadores y el uso de esquemas para evitar el pago de aranceles.
La orden señala que estas prácticas afectan la seguridad nacional, las relaciones exteriores, las empresas nacionales y la economía interna. Por ello, se indica en el texto, se establece la necesidad de una reforma integral del sistema aduanero que incluya acciones administrativas y legislativas.

Uno de los puntos centrales es el control de los importadores de registro. Se establece que deberán contar con activos en Estados Unidos, garantías financieras o ambas, según determine la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. También deberán registrarse ante la autoridad aduanera y proporcionar información adicional, incluyendo identidad de los beneficiarios finales, estructura empresarial, volumen de importaciones previsto, año de constitución, afiliaciones comerciales y activos en el país.
La orden exige mayor transparencia en la información entregada, incluyendo datos sobre cadenas de suministro, identificadores fiscales extranjeros y documentación relacionada con el origen y fabricación de los productos.
Para los importadores extranjeros, se establecen restricciones adicionales. El texto dispone que no podrán utilizar determinados procedimientos de importación informal y que deberán cumplir condiciones más estrictas para las entradas formales, incluyendo validaciones en programas de cumplimiento o el uso de agentes aduanales autorizados.
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La orden introduce un requisito de “buena reputación” para los importadores. En un plazo de 180 días, las autoridades evaluarán el historial de cumplimiento. Quienes hayan participado en importaciones ilícitas, incluyendo drogas como fentanilo u otros contrabandos, no cumplirán con este requisito y no podrán importar.
También se ordena actualizar el registro de importadores, eliminar registros inactivos y establecer niveles de riesgo según el historial de cumplimiento. Además, se crean procedimientos de verificación reforzada para todas las entidades involucradas en la importación.
En materia de aplicación de la ley, se fortalecen las auditorías, las sanciones y la supervisión. Se dará prioridad a casos de trabajo forzoso, subvaloración y transbordo ilegal. Se establecen sanciones mínimas y límites a la reducción de multas para reincidentes.

La orden también agiliza la incautación y eliminación de mercancías que no cumplan con las normas, con el objetivo de reducir tiempos de procesamiento y aumentar los controles sobre envíos de alto riesgo.
En materia de transparencia, se establecen revisiones de confidencialidad y la publicación de informes anuales sobre cumplimiento. Además, se solicita la elaboración de recomendaciones legislativas para reforzar el sistema aduanero y la entrega de un informe de evaluación en un plazo de un año.
El documento incluye definiciones sobre los importadores de registro, criterios de establecimiento en Estados Unidos y reglas de implementación general. También señala que la orden no crea derechos exigibles por terceros y que su aplicación dependerá de la disponibilidad presupuestaria.