Redacción Animal Político · 20 de mayo de 2026
El presidente Donald Trump promulgó este martes una orden ejecutiva que instruye a los bancos y demás instituciones financieras de Estados Unidos a verificar el estatus migratorio de sus clientes, con el fin de restringir el acceso a servicios financieros y productos de crédito a personas sin autorización migratoria.
La orden también busca bloquear operaciones de empleadores, intermediarios y redes criminales que, según el documento, han utilizado el sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas, citando de manera específica flujos vinculados con organizaciones en México y con redes de lavado de dinero basadas en China.
La Casa Blanca presentó la medida como un esfuerzo para reforzar controles contra fraude, lavado de dinero y riesgos a la seguridad nacional.

En el texto, el Ejecutivo estadounidense sostiene que incluso transacciones pequeñas pueden encubrir delitos como tráfico de drogas, trata de personas o financiamiento ilegal, y afirma que análisis recientes han detectado “centros” de actividad financiera relacionada con fentanilo vinculados a carteles con presencia en México, así como cuentas utilizadas por redes chinas para mover grandes volúmenes de recursos ilícitos.
La orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a las instituciones financieras sobre cómo personas sin autorización laboral y sus empleadores pueden explotar el sistema.
Las señales de alerta incluirán: uso de documentos de identidad extranjeros para abrir cuentas, subreporte de salarios, uso de números de identificación fiscal (ITIN) para solicitar crédito sin estatus migratorio verificado, empresas fachada, estructuras complejas para ocultar beneficiarios reales y patrones de depósitos o retiros en efectivo ligados a ciclos de nómina.
En un plazo máximo de 90 días, el Departamento del Tesoro deberá proponer cambios regulatorios al Bank Secrecy Act para obligar a los bancos a recopilar más información de identificación y verificarla con mayor rigor.
El Bank Secrecy Act es una ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras a reportar y monitorear operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
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La orden afirma que las instituciones deberán contar con autoridad para pedir información adicional cuando existan dudas sobre la identidad o riesgo del cliente, lo que incluirá datos relevantes sobre estatus migratorio y autorización de empleo.
El gobierno también pide evaluar cambios a los programas de identificación de clientes y señala que deben considerarse los riesgos asociados al uso de identificaciones consulares extranjeras.
La orden dedica un apartado a los productos de crédito, como hipotecas, préstamos automotrices o tarjetas. Instruye a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor a aclarar que la posible deportación y la pérdida de ingresos pueden afectar la capacidad de pago de una persona sin autorización laboral, y que los prestamistas pueden tomar en cuenta ese riesgo al evaluar solicitudes.
Los reguladores financieros deberán, en el mismo plazo de 60 días, emitir guías sobre cómo gestionar los riesgos crediticios de esta población.