Así opera Rusia para borrar la identidad de las infancias ucranianas
Marcela Nochebuena · 27 de julio de 2026
La sustracción, deportación y adoctrinamiento forzado de miles de niñas y niños son algunos de los impactos más graves que han dejado cuatro años de guerra en Ucrania. Más de 20 mil personas menores de edad han sido deportadas o trasladadas por la fuerza a Rusia o a territorios ocupados, según registros oficiales. Apenas uno de cada nueve ha logrado regresar.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales integrados en la iniciativa Bring Kids Back UA —lanzada por Volodymyr Zelensky en la primavera de 2023 y respaldada por expertos independientes, organizaciones y países aliados—, hasta el 15 de julio de 2026 la iniciativa solo ha logrado devolver a sus hogares a 2 mil 383 niñas y niños de Ucrania.
En entrevista, Maksym Maksymov, director de la iniciativa Bring Kids Back UA, explica que se reúnen los esfuerzos de agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales para encontrar, devolver y reintegrar a niñas y niños secuestrados por la Federación Rusa. Para ello, impulsan cinco áreas de trabajo.
La primera es rastrear a las infancias y verificar sus datos; la segunda, implementar caminos de retorno; la tercera es la reintegración y rehabilitación al regresar; la cuarta, buscar responsabilidad, y la quinta las comunicaciones estratégicas y la defensa internacional. Además, trabajan en coordinación con la Coalición Internacional para el Retorno de Niños Ucranianos, compuesta por 50 miembros —a los que México no se ha sumado—, 47 Estados y tres organizaciones internacionales: la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas.
Maksymov, abogado y especialista en política económica, recuerda que desde el comienzo de la guerra con Rusia, las infancias han vivido algunos de los impactos más fuertes, al atestiguar el bombardeo incesante de las ciudades, pueblos y aldeas. En ese contexto, el número de víctimas civiles ha aumentado este año al triple, y esa es solo una dimensión de las consecuencias del enfrentamiento.
“Hay más de dos docenas de víctimas de violencia sexual hacia infancias documentadas por parte de las fuerzas de ocupación. Su escuela es interrumpida, su educación, y muchos de ellos tienen que huir de sus casas, ya sea al extranjero o a otros pueblos y aldeas dentro de Ucrania”, apunta Maksymov.
Otra de las consecuencias es la ocupación y lo que ocurre en esos territorios, en donde Rusia implementa, acusan, “una política sistemática de, esencialmente, reprogramar a las niñeces ucranianas para que crezcan como rusas”.
Para ello, detalla, se emplean diversas herramientas y traslados forzados mediante los cuales contra su voluntad son llevadas de Ucrania a Rusia o a zonas en el mismo territorio ocupado. La iniciativa ha verificado más de 20 mil casos de personas menores de edad sustraídas de orfanatos, arrebatadas a sus padres en los procesos de filtración o a quienes se les impide usar corredores humanitarios con destino a Ucrania, sino solo a Rusia.
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Esta es una de las razones por las que en 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) giró una orden de aprehensión en contra del presidente ruso Vladimir Putin y su comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova. El cargo es el traslado forzado de menores ucranianos desde las zonas ocupadas de ese país hacia la Federación Rusa, considerado un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma.
A pesar de que la orden de aprehensión no tiene efectos en Rusia, y el Kremlin la declaró nula jurídicamente, pues no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma y no reconoce su jurisdicción, la orden de la CPI es vinculante para los más de 120 países miembros, que tendrían técnicamente la obligación de detener a ambos funcionarios si ingresan a sus territorios. La CPI no puede realizar juicios a menos que los acusados lleguen al tribunal de La Haya.
“Este sistema de traslados forzosos está diseñado desde arriba, y desciende y se implementa en el nivel regional, pero también en los últimos años vemos cada vez más prácticas de adoctrinamiento ideológico y militarización de las infancias ucranianas porque, de hecho, lo que sucedió es que antes de las órdenes de arresto de la CPI, las autoridades rusas y las autoridades ocupantes alardeaban acerca de que estaban salvando a las niñeces, lo que decían es que estaban evacuándolas de la zona de peligro. Esa es su narrativa”, apunta el abogado.
Luego, cuando se supo sobre las órdenes de aprehensión, cambiaron sus métodos. Si bien el objetivo fue desde siempre afectar la identidad ucraniana de las poblaciones más jóvenes bajo control ruso, la declaración de la CPI dirigió hacia Rusia más escrutinio internacional, y presión diplomática y mediática, por lo que se vieron obligados a cambiar su estrategia. Ahora, no necesitan remover físicamente a las niñas y niños porque pueden “reprogramarlos” en el sitio.
Esto implica que hasta 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar podrían estar expuestos al sistema ruso de adoctrinamiento y militarización en los territorios ocupados.
El método ruso sobre las infancias ucranianas
Sustraídas de los territorios o en las zonas ocupadas, las infancias son obligadas a obtener la ciudadanía rusa desde los 14 años: se les somete a una prohibición absoluta para hablar ucraniano en los territorios ocupados, y se les obliga a una participación activa en las diversas organizaciones paramilitares que funcionan en las áreas de ocupación temporal.
“Todas esas piezas, piezas de políticas tomadas al mismo tiempo, separadas suman a crímenes de guerra, pero vistas en conjunto, como desde una mirada de helicóptero de lo que ha estado ocurriendo y por qué, nos da motivos para creer que podemos hablar de que han ocurrido crímenes de lesa humanidad por la naturaleza extensiva y sistemática de esas acciones”, sostiene Maksymov.
Esto ha sido respaldado por expertos internacionales luego de que el 14 de mayo de 2026, 41 estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) invocaron el Mecanismo de Moscú y encomendaron a una misión de especialistas investigar la militarización y el adoctrinamiento de infancias ucranianas por parte de la Federación de Rusia.
Hervé Ascencio —profesor de derecho en la Sorbona—, Elina Steinerte –académica letona y abogada en derechos humanos— y Stefan Wolff —especialista alemán en seguridad internacional— establecieron los hechos, evaluaron el cumplimiento de los compromisos de la OSCE, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, y propusieron medidas de rendición de cuentas y recomendaciones. Se trata de la sexta misión de expertos del Mecanismo relacionada con Ucrania desde 2022, ante la cual la Federación Rusa no cooperó.
El informe de los expertos señala que “los traslados forzosos y las deportaciones de niños ucranianos siguen estando entre las violaciones más graves documentadas”, con 20 mil 610 niñas y niños trasladados por la fuerza hasta junio de 2026. Con frecuencia, han sido colocados con familias de acogida o sometidos a adopción bajo la ley rusa, lo que viola el artículo 50 del Cuarto Convenio de Ginebra y los artículos 8, 9, 10 y 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
“La Federación de Rusia ha obstruido sistemáticamente la reunificación familiar y no ha establecido ningún mecanismo para la restitución de la identidad, según lo exige el artículo de la Convención y recomendó la misión del Mecanismo de Moscú de 2023”, señala el documento.
El método ruso, descrito en el informe, entrelaza la legislación educativa, la política de juventud, el derecho de familia, las normas sobre ciudadanía y la legislación sobre terrorismo y extremismo, “para producir un mecanismo coordinado de adoctrinamiento y militarización, así como de supresión de cualquier disidencia”.
De acuerdo con el grupo de expertos, cuatro rasgos lo definen: la legislación federal que trata a la educación como instrumento de seguridad del Estado y prescribe la formación de una identidad cívica rusa de lealtad; la “pasaportización”, es decir, la obligatoriedad de adquirir la ciudadanía rusa —el acceso a la educación, salud, empleo y servicios básicos están condicionados a ello—; el desmantelamiento de la frontera entre la educación civil y el servicio militar —hoy el currículo escolar básico incluye formación en manejo de armas, operación de vehículos aéreos no tripulados y medicina táctica—, y la legislación sobre terrorismo y extremismo.
Esta última ha creado un marco bajo el cual las expresiones de identidad, lengua o memoria histórica ucranianas son tratadas como amenazas a la seguridad, lo que se refuerza con delitos de definición vaga como “desacreditar” a las fuerzas armadas o “rehabilitación del nazismo”.
“El adoctrinamiento opera en todos los niveles del sistema escolar de los territorios ocupados. Los currículos rusos han reemplazado por completo el contenido educativo ucraniano y la lengua fue eliminada formalmente. Los libros de texto de historia promueven una supremacía civilizatoria rusa y borran la identidad nacional ucraniana. La militarización se extiende más allá del aula a través de organizaciones juveniles militar patrióticas patrocinadas por el Estado y de campamentos de reeducación”, añade el grupo de especialistas.
Bring Kids Back: 2 mil 383 infancias retornadas
Aunque por motivos de seguridad, la iniciativa Bring Kids Back no puede ampliar detalladamente la operación para devolver a niñas y niños que han sido trasladados de manera forzada, hay básicamente dos formas en las que se ha logrado el retorno de poco más de 2 mil de ellos.
La primera es la mediación de otros Estados como terceras partes que median con las autoridades rusas en favor de las infancias ucranianas, lo que resulta en poder traerlos de vuelta, mientras que la otra es ayudar a las niñas y a los niños a irse por su cuenta.
“Algunas veces regresan por su cuenta, algunas veces regresan a sus familiares que les están esperando, y otras veces regresan cuando sus papás ya han sido asesinados, y en Ucrania no van a orfanatos, sino a cuidados basados en sistemas familiares, como adopciones por familias ucranianas u otras opciones”, dice Maksymov.
Las niñas y niños siguen regresando, enfatiza, a pesar de que Rusia en general no coopera y, por el contrario, obstaculiza el proceso en las formas que puede. Retornarlos conlleva dos dificultades principales: Rusia nunca permite que nadie tenga acceso humanitario a los territorios ocupados y nunca intercambia ninguna información con organizaciones internacionales o gobiernos externos.
“No solo no coopera en esos dos aspectos, sino que activamente trata de esconder a las niñas y niños, por ejemplo, expidiéndoles pasaportes rusos y cambiando sus nombres, lo que vuelve muy difícil rastrearlos una vez que entran al sistema ruso. El proceso no es fácil, pero estamos haciendo lo más posible con el gobierno (ucraniano), las organizaciones de la sociedad civil y aliados internacionales, y hemos logrado retornar a cierta cantidad”, añade.
Maksymov hace énfasis en algunos de los aspectos descritos en el informe, como la militarización de la educación. La Federación Rusa, dice, destina billones a un sistema de “educación patriótica”, como la llaman, además de financiar una red de organizaciones paramilitares. En ese contexto, las infancias son enfundadas en uniformes militares entre los 12 y los 18 años.
“Alguien podría argumentar que esto es voluntario, que son actividades extracurriculares que fácilmente podrías dejar, pero no realmente, realmente no puedes solo no ir, y lo mismo aplica a la escuela rusa: si no vas, tus padres son presionados, una de las dinámicas o métodos más usados por las autoridades rusas es amenazarlos con quitarles los derechos parentales, así que se ven forzados a cumplir para mantener a sus hijos con ellos”, apunta.
A la larga, eso produce que cuando los niños llegan a los 18, tengan la identidad completamente transformada o no sepan quiénes son realmente, porque es mucho más fácil influenciar la psicología y mentalidad de personas jóvenes cuya identidad aún está en proceso de formación.
El llamado internacional
La Asamblea General de las Naciones Unidas también aprobó una resolución —con 91 votos a favor—, en diciembre de 2025, en favor del retorno de infancias ucranianas, llamando a la Federación Rusa a facilitar información. Sin embargo, esta no se ha implementado. Ante la usual parálisis de las organizaciones internacionales, el sistema de retorno se sigue construyendo desde dentro, desarrollando capacidades propias para encontrar a las infancias.
Además, hay un seguimiento paso a paso de lo que ocurre una vez que cruzan la frontera de vuelta hasta los dos años siguientes. El sistema de reintegración también requiere apoyar esos esfuerzos. Unos 50 países de todo el mundo se han unido al respaldo mediante la Coalición Internacional para el Retorno de Niños Ucranianos.
“Aliento a todos los miembros de todos los países que todavía no son miembros de la coalición internacional, como México, a que se unan a ella y encuentren el papel que pueden desempeñar, que es muy flexible. También es importante seguir hablando de esto, ponerlo en la agenda internacional de las organizaciones y en foros multilaterales para que no se olvide solo porque la gente se cansa”, subraya.
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En tanto, el llamado de la misión del Mecanismo de Moscú en su último informe es a todos los actores a reconocer “de manera inmediata, efectiva y significativa la centralidad de la situación de los niños ucranianos, en lo relativo a su seguridad, identidad y vida familiar, en la guerra en curso y en todas las negociaciones de alto el fuego y de paz”.
Por otro lado, exhorta a la Federación de Rusia a detener todas las prácticas de adoctrinamiento y militarización, a cesar toda coerción contra niños, padres y maestros, a facilitar de inmediato el retorno de todos los menores de edad deportados, y a establecer un mecanismo de restitución de la identidad.
Para ello, Ucrania también debe continuar fortaleciendo sus sistemas de documentación, retorno, reintegración y rehabilitación de los niños afectados, y a sostener el apoyo a las familias de quienes siguen retenidos.
Los Estados participantes de la OSCE y la comunidad internacional en general son llamados a apoyar los mecanismos de rendición de cuentas, los esfuerzos de protección infantil y de retorno, y la cooperación internacional para poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos contra infancias ucranianas.