EU limita el acceso a la residencia: extranjeros deberán tramitarla desde su país de origen
Animal Político · 22 de mayo de 2026
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó este viernes la emisión de un nuevo memorando de política en el que establece que las personas extranjeras que soliciten la residencia permanente deberán salir del país y realizar el trámite desde su lugar de origen, mediante procesamiento consular, y no dentro de Estados Unidos, salvo en circunstancias extraordinarias.
De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo, la medida reitera el criterio de que el “ajuste de estatus” solo será concedido en situaciones excepcionales y bajo evaluación caso por caso.
Se señala también que los funcionarios de inmigración deberán considerar todos los factores e información relevantes para determinar si procede este tipo de alivio extraordinario.
En el texto se establece: “Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Tarjeta Verde deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”.
“Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS.
El comunicado agrega que las personas no migrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o visitantes con visa de turista, ingresan a Estados Unidos por periodos limitados y con fines específicos, y que el sistema migratorio está diseñado para que abandonen el país una vez concluida su estancia.
Señala también que su permanencia no debería ser el inicio del proceso de obtención de la residencia permanente.
El documento añade que el cumplimiento de estas disposiciones permitiría que la mayoría de los casos sean atendidos por el Departamento de Estado en consulados fuera de Estados Unidos, y que el USCIS pueda concentrar recursos en otros trámites bajo su competencia, incluyendo visas para víctimas de delitos violentos y trata de personas, solicitudes de naturalización y otros procedimientos.
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La medida se difundió en el contexto de otras disposiciones migratorias recientes del gobierno del presidente Donald Trump, entre ellas una orden ejecutiva emitida el 20 de mayo que instruye a instituciones financieras a verificar el estatus migratorio de sus clientes.
En esa orden se establece que el objetivo es restringir el acceso a servicios financieros a personas sin autorización migratoria y reforzar controles sobre operaciones vinculadas con redes criminales. El texto señala:
“La Casa Blanca presentó la medida como un esfuerzo para reforzar controles contra fraude, lavado de dinero y riesgos a la seguridad nacional.”
En el texto, el Ejecutivo estadounidense sostiene que incluso transacciones pequeñas pueden encubrir delitos como tráfico de drogas, trata de personas o financiamiento ilegal, y afirma que análisis recientes han detectado “centros” de actividad financiera relacionada con fentanilo vinculados a carteles con presencia en México, así como cuentas utilizadas por redes chinas para mover grandes volúmenes de recursos ilícitos.
La orden incluye instrucciones al Departamento del Tesoro para emitir advertencias a instituciones financieras sobre el uso del sistema por personas sin autorización laboral, así como la identificación de señales de alerta como el uso de documentos extranjeros, subreporte de salarios, uso de ITIN para crédito sin verificación migratoria y estructuras corporativas complejas.
También establece que el Departamento del Tesoro deberá proponer cambios regulatorios al Bank Secrecy Act en un plazo de 90 días para ampliar la recopilación y verificación de información de clientes.
El Bank Secrecy Act es una ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras a reportar y monitorear operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
La orden añade que las instituciones deberán contar con facultades para solicitar información adicional cuando existan dudas sobre la identidad o el riesgo del cliente, incluyendo datos relacionados con el estatus migratorio y la autorización de empleo.
El texto además instruye a los reguladores a emitir guías sobre evaluación de riesgos crediticios en casos de personas sin autorización laboral, señalando que la posible deportación y la pérdida de ingresos pueden ser consideradas en la evaluación de productos financieros como hipotecas, préstamos automotrices o tarjetas de crédito.