Migrantes viven deportaciones masivas, menos protección laboral y salarios más bajos, reporta ONG

Mientras más migrantes mueren a causa de autoridades que impulsan redadas y tratos crecientes en violencia, el impacto de las políticas trumpistas en materia de migración se resiente cada vez más en los programas de empleo temporal a los que recurren cientos de personas mexicanas, advierte el Centro de los Derechos del Migrante (CDM).

De acuerdo con la organización, son cuatro los pilares que siguen definiendo la política migratoria de la administración Trump: la eliminación de estatus legales y permisos de trabajo, que puede entenderse como un proceso de des-documentación; las detenciones mediante “escuadrones ambulantes”, así como redadas en comunidades y lugares de trabajo; la eliminación de protecciones laborales dentro de programas de trabajo temporal, y los esfuerzos por expandir esos programas para intentar aliviar preocupaciones de la industria sobre la falta de personas trabajadoras disponibles.

En cuanto al tema de des-documentación, la agenda agresiva que ha adoptado la administración Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal —TPS— de comunidades provenientes de América Latina, África, Asia, el Caribe y Medio Oriente. “Se están ejecutando múltiples acciones para retirar residencias, autorizaciones y permisos de trabajo a personas que han vivido en el país por años”, advierte el Centro.

Un ejemplo más de ese proceso es la regla propuesta sobre los permisos de trabajo para quienes solicitan asilo, la cual tiene un “objetivo cruel” —califica la organización—, pues obliga a los solicitantes de asilo a vivir en Estados Unidos sin la posibilidad legal de trabajar o mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Esto porque, además, buscan extender el periodo de espera para solicitar un permiso de trabajo de 150 a 365 días, pretenden aumentar los plazos de procesamiento de 30 a 180 días  y proponen pausar por completo la emisión de permisos si los tiempos de espera de asilo superan los seis meses. Por otro lado, la regla también vuelve la aprobación de permisos totalmente discrecional. 

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Salarios entre 5 y 7 dólares menos

El CDM advierte que la administración Trump ha quitado las protecciones de la era Biden que garantizaban el transporte seguro y el derecho de las personas trabajadoras a recibir visitas de organizaciones defensoras en sus viviendas. En cambio, asegura que hoy hay una campaña coordinada entre la administración y la industria para desmantelar las protecciones laborales más básicas.

Además, cada visa está atada a un solo empleador, lo que significa que si una persona enfrenta maltrato, robo de salarios o condiciones peligrosas, sus opciones son pocas: soportar abuso en silencio, o renunciar y perder su visa y su derecho a permanecer en el país. Para muchas, renunciar no es una opción real. “Llegan con el peso de deudas por cuotas de reclutamiento ilegales. Aunque existen leyes que deberían prohibir estos cobros, en la práctica las personas trabajadoras quedan atrapadas”, señalan.

Por otro lado, el cambio en la metodología de la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR) le arrebatará a las personas trabajadoras agrícolas más de 17 mil millones de dólares en los próximos diez años. En términos reales eso significa que las personas migrantes que trabajan en Estados Unidos podrían ganar entre 5 y 7 dólares menos por hora.

Además, ahora se pretende descontar el costo de la vivienda directamente de esos salarios ya recortados. A esto se está sumando una ofensiva en tribunales para terminar con protecciones a denunciantes, así como las reglas que prohíben cuotas de reclutamiento ilegales.

Aunado a ello, el Centro ha documentado otros esfuerzos por reducir protecciones a las personas trabajadoras, como la Harris amendment, que ha implicado un intento de legisladores de incluir cláusulas para remover los fondos enfocados en hacer cumplir la regla de DHS, y mover a miles de personas trabajadoras a una nueva categoría de visas sin protecciones.

Por otro lado, incluso el mismo proyecto de presupuesto FY2027 de la Casa Blanca, para el próximo año, propone una reducción de alrededor de 234 millones de dólares a las agencias de protección a las personas trabajadoras.

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Industria quiere más visas, en condiciones cada vez más precarias

Ante este panorama, casi todos los días, según ha documentado también el Centro, representantes de corporaciones se reúnen con la administración Trump para exigir la expansión de los programas de visas temporales.

Con excepción de la industria avícola, destaca la organización, estas empresas no están protestando por la revocación del TPS o los cambios en el programa de asilo. Su prioridad es solo sustituir a trabajadores con derechos por trabajadores con visas H-2A y H-2B.

“Las propuestas que hemos visto últimamente buscan que la visa agrícola H-2A sea válida durante todo el año y que se extienda a sectores como la industria láctea, el cuidado de personas mayores y la construcción”, apunta el Centro. 

De hecho, apenas el pasado 30 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional y el de Trabajo anunció una regla para añadir casi 65 mil visas H-2B adicionales para el año fiscal 2026. “La industria no sólo presiona a la administración, también tiene sitiado al Congreso con iniciativas peligrosas”, advierte el CDM.

Por ejemplo, la Ley SOS (Save Our Seafood) busca exenciones de límites para la industria pesquera, mientras que las iniciativas RIDE y CARE pretenden mover a los trabajadores de ferias y carnavales a la visa P para quitarles sus protecciones laborales actuales y liberar cupos de visas H-2B para que otros empleadores recluten a más personas en condiciones precarias.

Todo esto ocurre, recuerda el Centro, en el contexto de una administración que sigue firme en su agenda migratoria, pero con un recrudecimiento de estrategias y tácticas, luego de que Thomas Homan —conocido como el “zar de la frontera”— ha prometido que “la ofensiva contra la inmigración no perderá el ritmo”.

A la vez, el influyente grupo La Coalición de Deportaciones Masivas (MDC por sus siglas en inglés) publicó su plan centrado en redadas en lugares de trabajo. Estas acciones hoy son militaristas, agresivas y a menudo violentas, señala el Centro. 

En el documento (Mass Deportation Coalition Playbook) que hace unos días presentó esa coalición, integrada por más de 100 organizaciones MAGA (Make America Great Again), se detalla una estrategia de deportaciones masivas con redadas en fábricas, el uso de 130 mil camas diarias para detención y la prohibición de cuentas bancarias para migrantes no regularizados. 

Lo anterior en un contexto en el que apenas el pasado 28 de marzo se reportó la muerte mexicano mientras estaba en Estados Unidos bajo custodia del servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), con lo que suman 14 fallecimientos de connacionales en esas circunstancias. La muerte ocurrió en el estado de California, luego de que la persona fuera trasladada a un hospital desde el centro de Adelanto.