Animal Político · 21 de julio de 2026
La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada cerró una etapa del proceso penal en Estados Unidos, pero abrió varios procedimientos que todavía deben resolverse: desde la definición de la prisión donde cumplirá su condena y la ejecución del decomiso de 15 mil millones de dólares, hasta la posibilidad de una eventual cooperación con autoridades estadounidenses.
El juez federal Brian Cogan, del Tribunal de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, dictó el lunes la condena contra el fundador del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de múltiples cargos relacionados con narcotráfico y renunció a su derecho a un juicio con jurado.
Durante la audiencia de sentencia, Zambada García reconoció su responsabilidad por los delitos que le fueron imputados.
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Uno de los primeros asuntos pendientes tras la sentencia es determinar el centro penitenciario en el que Zambada García cumplirá la condena de cadena perpetua.
El juez Brian Cogan recomendó al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) que el sentenciado sea enviado a una instalación con servicios médicos adecuados para atender sus condiciones de salud físicas y mentales.
La recomendación respondió a una solicitud presentada por el abogado defensor Frank Pérez, quien pidió que Zambada García fuera trasladado a un centro médico penitenciario de la red del BOP.
En un documento presentado el 6 de julio, la defensa propuso como posibles opciones el Centro Médico Federal (FMC) Butner, el FMC Rochester o el Centro Penitenciario Médico Federal (MCFP) Springfield.
Los abogados argumentaron que Zambada García tiene 76 años y enfrenta padecimientos de salud complejos y progresivos.
A diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien enfrentó un juicio con jurado, Zambada García evitó ese proceso al declararse culpable. Su defensa sostuvo que esa decisión permitió ahorrar semanas de audiencias, costos de seguridad y la presentación de testigos.

Otro de los procedimientos pendientes tras la sentencia contra Zambada García es la ejecución de la orden de confiscación de bienes por 15 mil millones de dólares.
El 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan emitió formalmente la Orden de Confiscación por esa cantidad, aunque todavía debe avanzar el proceso para determinar cómo se aplicará y qué reclamaciones de terceros podrían ser consideradas.
Entre quienes han buscado intervenir en este procedimiento se encuentran integrantes de las familias Langford y LeBarón, víctimas de la masacre ocurrida en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, atribuida al Cártel de Juárez. En 2022, un juez federal de Estados Unidos ordenó que dicha organización pagara una compensación de mil 500 millones de dólares a las familias afectadas, monto que aumentó a aproximadamente 4 mil 600 millones de dólares al aplicarse la legislación antiterrorista estadounidense que permite triplicar los daños.
Las familias han buscado participar en procesos relacionados con los bienes de organizaciones criminales para intentar hacer efectivas esas resoluciones judiciales.
Sin embargo, mediante una resolución emitida el 16 de julio de 2026, el juez Brian Cogan rechazó sus solicitudes iniciales dentro del procedimiento de confiscación contra Zambada García y delimitó los pasos que deberán seguir los terceros interesados.
El juzgador aclaró que las víctimas no participan en la decisión primaria sobre la emisión de la orden de confiscación y determinó que, una vez formalizada, el gobierno de Estados Unidos deberá publicar una notificación de la orden y de su intención de disponer de los bienes.
Después de esa etapa, quienes reclamen algún interés sobre los activos podrán presentar formalmente una petición para una audiencia en la que se determine la validez de sus derechos sobre los bienes, conforme a la norma 21 U.S.C. § 853(n).
El tribunal también estableció que no ordenará diligencias de descubrimiento probatorio solicitadas por terceros, salvo que la fiscalía pierda una eventual solicitud para desestimar una reclamación.
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Además de los reclamos de posibles víctimas, el gobierno mexicano también planteó la posibilidad de solicitar una parte de los recursos que Estados Unidos busca confiscar a Zambada García.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará si existen elementos para solicitar parte de los 15 mil millones de dólares incluidos en la orden de confiscación emitida por el juez Brian Cogan.
“Vamos a ver con la fiscalía. Normalmente se hace; no quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”, señaló durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum explicó que corresponde a la FGR analizar la viabilidad de una solicitud de este tipo, al considerar que la participación de autoridades de otros países en procesos de decomiso de bienes vinculados con actividades criminales forma parte de los mecanismos de cooperación internacional.

Otro punto que permanece bajo disputa son las circunstancias en las que Zambada García fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024.
La defensa sostiene que el 25 de julio de 2024 fue convocado a una reunión en Sinaloa con el argumento de que ayudaría a mediar en disputas entre actores políticos. De acuerdo con esa versión, fue retenido, atado y llevado contra su voluntad a un avión privado por Joaquín Guzmán López para ser entregado a las autoridades estadounidenses.
La versión oficial del gobierno de Estados Unidos señala que Zambada García fue detenido ese mismo día en Nuevo México.
Durante el proceso, la fiscalía afirmó que la justicia estadounidense no aprueba los secuestros y aseguró que no existió una oferta ni un acuerdo con Guzmán López para realizar la entrega.
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Aunque Zambada García ya recibió sentencia, todavía existe un escenario en el que podría colaborar con autoridades estadounidenses a cambio de beneficios legales.
La legislación estadounidense permite que, después de una sentencia, el Departamento de Justicia impulse acuerdos de cooperación con personas condenadas cuando su información pueda servir para otras investigaciones.
La defensa afirmó que Zambada García no buscó un acuerdo previo con las autoridades, que no entregó información sobre integrantes del crimen organizado ni proporcionó nombres de funcionarios públicos.
Sin embargo, no está descartado que las autoridades estadounidenses puedan plantear una negociación posterior.
Cuestionado sobre la posibilidad de un acuerdo futuro relacionado con investigaciones contra exfuncionarios o redes criminales en México, el fiscal Joseph Nocella evitó hacer comentarios y señaló que no puede hablar sobre investigaciones en curso.