Daniel Medrano · 21 de agosto de 2026
La trayectoria política de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha estado marcada por la persistencia electoral, el crecimiento dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y, más recientemente, por una severa crisis política derivada de señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde sus inicios en la izquierda universitaria hasta su consolidación con el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su administración se convirtió en el epicentro de una inédita investigación judicial que involucró licencias temporales, bloqueos financieros y un regreso inesperado a la gubernatura de Sinaloa.
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Rubén Rocha llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 después de haberse postulado en tres ocasiones por la posición, la primera en 1986, la segunda en 1998 y el año que resultó electo.
Durante su primer intento fue abanderado por una alianza izquierdista integrada por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Corriente Socialista, sin embargo, consiguió menos del 2% de los votos.
Luego de enfocarse en el ámbito universitario, llegando a ser incluso rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) de 1993 a 1997. No fue hasta 1998 cuando volvió a la política de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo invitó a ser el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gobernación del estado, pero sus aspiraciones no llegaron lejos al quedar tercero.
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En 2021, logró el triunfo derivado del fuerte respaldo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su cercanía con López Obrador.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación formal contra 10 funcionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre los que destacan nombres como el del senador Enrique Inzunza, el exsecretario de seguridad de la entidad, Gerardo Mérida y el propio Rúben Rocha Moya.
Otros políticos que figuran en la acusación son: Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad; Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía Investigadora de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras, exjefe de la policía investigadora de Sinaloa; Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel en la policía municipal de Culiacán.
El expediente lanzado por las autoridades estadounidenses señalaron que la estructura conformada por políticos, operadores financieros y jefes de seguridad, habrían ocupado sus cargos mientras formaban parte de una red que utilizaba el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De los 10 señalados, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona e ingreso al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, no obstante, el 11 de agosto –tres meses después– salió de la prisión, pero no fue una liberación, sino que el exfuncionario seguirá bajo custodia federal mientras avanza el proceso en su contra.

El gobernador de Sinaloa publicó, en su cuenta de X, que rechazaba categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan al Cártel de Sinaloa.
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Los señalamientos los calificó como falsos, dolosos y mencionó que se trató de un ataque político en su contra.
Al ser cuestionado sobre los documentos difundidos por autoridades estadounidenses, el mandatario sostuvo: “El que nada teme, se la pasa bien; el que nada debe, nada tiene que temer”.
En cuanto a los otros funcionarios señalados en la investigación, el mandatario estatal destacó que cada uno deberá responder por su cuenta ante las autoridades.
Es importante señalar que, en ese momento, había descartado separarse del cargo ante esta situación, al señalar que los tiempos y procedimientos deberán seguir su curso conforme a derecho.

El 1 de mayo Moya pidió licencia temporal al gobierno de Sinaloa mientras se realizaban las investigaciones en su contra.
Afirmó que la decisión de dejar temporalmente el cargo respondía a una profunda convicción republicana para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Al día siguiente, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal por más de 30 días a Rocha Moya, con el fin de que fuera investigado luego de los señalamientos vertidos en su contra.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa y las de tres de sus hijos como parte de las indagatorias.
El 26 de mayo, tan solo un par de semanas después de haber pedido la licencia, Moya compareció ante las oficinas de la FGR en Culiacán, aunque el gobierno federal aclaró que los citatorios relacionados con la investigación formaban parte de las carpetas abiertas y que no constituían imputaciones formales en México.

Este viernes 21 de agosto Rocha Moya retomó la gubernatura de Sinaloa después de 112 días separado del cargo y dio a conocer que la FGR no halló elementos de prueba que lo vinculen con algún delito.
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Mediante un mensaje que publicó por medio de su cuenta de X informó su regreso. Enfatizó en que durante el periodo en que estuvo en licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas para ser investigado por las acusaciones formuladas en su contra.
En su comunicado recalcó que su gubernatura continúa y que finalizará hasta el 31 de octubre de 2027, ya que Sinaloa forma parte de las entidades que tendrán elecciones para definir al siguiente mandatario estatal el siguiente año.