Carlos Álvarez | Noroeste · 17 de agosto de 2026
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el 11 de agosto tras permanecer tres meses preso en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Su salida ocurrió en el marco de una negociación con las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Según los registros oficiales del Buró Federal de Prisiones, Mérida Sánchez no ha sido reingresado a ningún otro centro penitenciario federal.

Su salida del reclusorio no equivale a una liberación, pues el exfuncionario continuaría bajo custodia federal mientras avanza el proceso en su contra.
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La salida se produjo después de que la audiencia de seguimiento del caso, prevista originalmente para el 4 de agosto por la jueza a cargo del proceso, Katherine Polk Failla, fuera pospuesta de forma indefinida.
Autoridades judiciales confirmaron que el aplazamiento se dio en el contexto de una negociación entre las partes.
La situación resulta similar a la de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, los dos hijos menores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quienes permanecen bajo resguardo en un sitio confidencial, distinto de un reclusorio federal, mientras desarrollan su colaboración con las autoridades estadounidenses en preparación para su sentencia.

La defensa del general en retiro está a cargo de la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien laboró como fiscal federal en el mismo Distrito Sur de Nueva York y cuenta con amplia experiencia en la negociación de acuerdos de culpabilidad.
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Mérida Sánchez es parte del grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración de Rocha Moya y, tras darse a conocer la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra, se entregó a las autoridades.
Pese a que las acusaciones contra los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses se hicieron en abril, el pasado 11 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Dado que el gobierno mexicano sostiene que no se han enviado pruebas suficientes, el gobernador con licencia no ha sido detenido ni extraditado. A la par, la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre las acusaciones del gobierno estadounidense.

Otra de las personas que fueron señaladas por la justicia estadounidense por sus presuntos vínculos con el crimen organizado es el senador Enrique Inzunza, quien en junio de 2026 aseguró que no se separaría de su cargo, el cual ocuparía hasta el 2030.
Con la frase “Siempre recto, nunca enderezado”, el senador de Morena difundió su mensaje a través de su cuenta de X, donde reivindicó su trayectoria tanto personal como profesional.
El legislador pasó 57 días alejado de los trabajos del Senado de la República tras ser acusado por el gobierno estadounidense. Su regreso fue durante una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado para discutir una Ley de Justicia Cívica, en la que sus integrantes están tanto de forma presencial como conectados a la distancia, como es el caso del sinaloense.