Animal Político · 21 de agosto de 2026
Rubén Rocha Moya retomó este viernes el ejercicio de la gubernatura de Sinaloa, luego de permanecer 112 días separado del cargo, y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos de prueba que lo vinculen con algún delito.
El gobernador informó su regreso mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que señaló que durante el periodo de licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas para ser investigado por las acusaciones formuladas en su contra por una oficina del gobierno de Estados Unidos.
“Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”, sostuvo.
Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara, junto con otros funcionarios y exfuncionarios del estado, de presuntos vínculos con el crimen organizado.
En su mensaje de este viernes, el gobernador señaló que durante el periodo en que estuvo separado del cargo se sometió a las investigaciones de las instituciones mexicanas sin recurrir al fuero constitucional que correspondía a su investidura.
Explicó que compareció personalmente ante la FGR y respondió ante agentes del Ministerio Público a las preguntas y solicitudes que le fueron formuladas.
“Así, como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano”, afirmó.

En su mensaje, Rocha Moya señaló que su regreso responde al mandato de las personas que lo eligieron como gobernador de Sinaloa y recordó que su periodo constitucional concluye el 31 de octubre de 2027.
El gobernador había decidido separarse temporalmente del cargo después de las acusaciones formuladas por Estados Unidos. De acuerdo con lo que explicó entonces, la licencia tenía como propósito permitir que las autoridades realizaran las investigaciones correspondientes sin la protección del fuero constitucional.
El 26 de mayo, semanas después de solicitar la licencia, Rocha Moya compareció ante las oficinas de la FGR en Culiacán. El gobierno federal había aclarado que los citatorios relacionados con la investigación formaban parte de las carpetas abiertas y que no constituían imputaciones formales en México.
El pasado 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos todavía no había enviado información contra Rocha Moya relacionada con una solicitud de detención urgente con fines de extradición.
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“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, respondió la presidenta durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre el caso.
Sheinbaum también señaló entonces que la decisión de Rocha Moya de no regresar al cargo mientras avanzaba la investigación había sido tomada por el propio gobernador.
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, Rocha Moya había decidido retirarse temporalmente para no poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras continuaba la investigación en su contra.
La investigación de la FGR se desarrolló mientras el gobierno mexicano sostenía que Estados Unidos no había presentado pruebas suficientes contra el gobernador sinaloense. Por ello, Rocha Moya no fue detenido ni extraditado.

El caso comenzó el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Rocha Moya y otros diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación estadounidense, Rocha Moya habría sido electo con el apoyo de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La fiscalía estadounidense sostuvo que el entonces candidato habría pactado reuniones con integrantes de esa facción antes y después de asumir la gubernatura, en noviembre de 2021, con el propósito de garantizar protección institucional e impunidad a cambio de sobornos millonarios.
Las acusaciones provocaron que Rocha Moya solicitara la licencia para separarse de la gubernatura a partir del 1 de mayo.
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El gobierno mexicano, por su parte, no detuvo al gobernador con licencia debido a que, de acuerdo con lo informado por la presidenta, no se habían presentado pruebas suficientes en su contra.
El caso también generó reclamos de integrantes de la oposición, quienes acusaron al gobierno federal de proteger a Rocha Moya. Entre ellos estuvo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió a la presidenta entregar al gobernador sinaloense y a otros presuntos implicados.
El dirigente del PAN, Jorge Romero, también cuestionó la respuesta del gobierno federal ante los señalamientos contra integrantes de Morena.
A estos reclamos se sumó la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de clasificar por cinco años las comunicaciones con Estados Unidos relacionadas con las solicitudes de detención con fines de extradición de Rocha Moya. Posteriormente, la subsecretaría para América del Norte de la dependencia anunció que serían desclasificados tres documentos: una tarjeta informativa del caso, las líneas discursivas enviadas a los consulados de México y la carta de extrañamiento dirigida al gobierno estadounidense por el manejo de las acusaciones.
En el mensaje con el que anunció su regreso a la gubernatura, Rocha Moya rechazó las acusaciones y atribuyó los señalamientos a motivaciones políticas.
El gobernador afirmó que durante los 112 días de licencia estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas y que acudió personalmente ante la FGR para responder a los requerimientos de la investigación.
También sostuvo que las acusaciones en su contra buscaban afectar al movimiento político de izquierda al que pertenece.
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“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo”, afirmó.
Rocha Moya señaló que regresó al cargo después de que, según su mensaje, la investigación de la FGR concluyera que no existían elementos para acreditar su participación en alguna conducta penal.
Su retorno ocurre mientras otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos continúan enfrentando procesos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.