Ley de Economía Digital: Hacienda decidirá qué sectores dejarán de usar efectivo

La Ley de Economía Digital para pagos Digitales y Electrónicos propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de determinar qué sectores abandonarán el efectivo y sólo dispondrán del uso de pagos electrónicos.

En redes sociales, usuarios preguntan si esta iniciativa busca eliminar el efectivo del país. Sin embargo, la propuesta de la presidenta contempla que Hacienda decidirá qué sectores y actividades relevantes en donde el pago digital y electrónico podrá ser la única forma de pago. 

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“La iniciativa no prevé la eliminación general del efectivo en México; sin embargo, sí abre la posibilidad de que deje de aceptarse en determinadas actividades.a iniciativa no implica que todos los comercios dejarán de recibir efectivo de manera inmediata, pero al no precisar desde la propia ley cuáles serán esos sectores ni desarrollar criterios específicos para su selección, el alcance de esta facultad dependerá en buena medida de decisiones administrativas posteriores”, menciona Jazmin Cruz, consultora del área jurídico-empresarial de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.

Manuel Valencia, maestro en Negocios Internacionales, explica a El Sabueso que la medida puede ser favorable para el país y que a mediano y largo plazo puede mejorar la trazabilidad, no obstante, reconoce que existen retos pendientes que México debe saldar antes de dar este paso.

“Se debe recordar que en el país la mayoría de las personas siguen pagando y realizando sus compras por medio del uso del efectivo, entonces, aunque la iniciativa contempla que sean los negocios los encargados de dar pie a estos cambios, también los ciudadanos van a requerir de anticiparse a esto”.

La iniciativa también tiene como objetivo establecer nuevos métodos de confianza para que los usuarios contraten servicios financieros, tales como la CURP digital y el Expediente digital. 

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Pagos digitales en sectores estratégicos 

El artículo 13 de la iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda será la encargada de definir los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que únicamente se aceptarán pagos electrónicos. La facultad busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones y reducir el uso de efectivo en áreas prioritarias de la economía. 

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en las cuales la aceptación de Medios de Pagos Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago”, señala el artículo 13 de la iniciativa.

Una vez aprobada esta iniciativa, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar “los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago”.

Una vez identificados estos sectores, las autoridades de cada sector deberán emitir reglas para definir las condiciones, los requisitos, las obligaciones y la operación de estos pagos. También podrán fijar mecanismos y plazos específicos para una transición gradual del efectivo a los medios digitales.

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Con esta aplicación focalizada, el gobierno busca avanzar en la formalización de la economía, mejorar el control fiscal y complementar las medidas antilavado, especialmente en actividades de alto riesgo, sin imponer de inmediato la eliminación total del efectivo en todos los ámbitos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 85.2% de la población utiliza efectivo en compras de menos de 500 pesos; 10.4% usa tarjeta de crédito o débito y 4.4% utiliza transferencia o una aplicación móvil. 

Obligaciones de instituciones públicas y privadas

Las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y las empresas privadas tendrán la obligación de garantizar la accesibilidad a los pagos electrónicos. Esto implica que deberán adaptar sus operaciones para aceptar de forma generalizada este tipo de transacciones.

Para cumplir con lo anterior, deberán implementar la infraestructura necesaria, principalmente a través de códigos QR y dispositivos NFC. Una vez habilitados estos medios, tendrán que informar de manera clara a las personas sobre la disponibilidad de los pagos digitales en sus establecimientos o dependencias.

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La iniciativa busca que tanto el sector público como el privado participen activamente en la transición hacia una economía menos dependiente del efectivo. Sin embargo, el proyecto de ley no contempla por el momento sanciones específicas para quienes no adopten estas medidas.

“Estas medidas cobran importancia ante la posibilidad de establecer actividades donde el pago digital sea la única opción. Para que la transición cumpla con su objetivo de inclusión, su implementación tendrá que considerar las condiciones de acceso a conectividad y servicios financieros de quienes actualmente utilizan principalmente efectivo”, apunta Cruz. 

El proyecto contempla la posibilidad de aceptar pagos en efectivo o con cheque en los sectores estratégicos en caso de contingencias o situaciones de fuerza mayor, no obstante, esta excepción no podrá utilizarse de manera permanente ni recurrente como justificación para retrasar o evitar la adopción de los medios electrónicos.

“Esta limitación plantea un reto particular en zonas donde las fallas de conectividad, energía o infraestructura no son necesariamente excepcionales, sino recurrentes. Si un establecimiento pertenece a una actividad en la que el pago digital sea obligatorio, una interrupción podría impedir temporalmente concretar operaciones tanto para el negocio como para el consumidor”, comenta la consultora del área jurídico-empresarial de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.

Para Valencia, uno de los retos, al menos en el corto plazo, destaca los costos de inversión en terminales y conectividad, comisiones y posible fricción con clientes que aún no pueden pagar de forma digital.

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Desde el aspecto tecnológico, un punto a considerar es que al masificar los pagos digitales existe un riesgo grande en cuanto a ciberseguridad y la gestión de las identidades, pues hoy en día es común la suplantación de identidad o la filtración de datos.

“Los pagos de este tipo a gran escala pueden desencadenar el aumento de ciberataques o actividades fraudulentas, lo que podría erosionar la confianza de los usuarios”, añade Valencia.

Para el maestro en Negocios Internacionales, la efectividad de esta iniciativa dependerá de la regulación secundaria que emita Hacienda, ya que la propuesta no incluye sanciones ni plazos concretos.

Métodos de confianza contratar servicios financieros

Una de las principales medidas de la iniciativa es simplificar el acceso a productos financieros mediante nuevos medios de identificación. Se contempla el uso de la Clave Única de Población (CURP) Digital y el Expediente Digital Ciudadano para agilizar la contratación de cuentas, créditos y otros servicios, sin necesidad de trámites presenciales.

Estos mecanismos buscan eliminar barreras administrativas y facilitar que más personas, especialmente aquellas que hoy están fuera del sistema formal, puedan abrir productos financieros de manera rápida y segura.

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A pesar de ello, la iniciativa considera que las personas usuarias podrán optar entre estos mecanismos de identificación digital o físicos, sin afectar el proceso de contratación.  

Además, la propuesta establece que las autoridades, incluyendo al Banco de México (Banxico), eliminen obstáculos a la inclusión financiera. El banco central podrá ampliar los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista y facilitar el uso de transferencias electrónicas para realizar pagos cotidianos.

También se prevé homologar la experiencia de las aplicaciones de servicios financieros y desarrollar infraestructuras que permitan un acceso más amplio de la población a estos servicios digitales.

Banxico podrá emitir disposiciones para que las entidades que reciben pagos con tarjeta mediante terminales punto de venta, también reciban pagos electrónicos y digitales con códigos QR.