Eréndira Aquino · 13 de agosto de 2026
Con seis meses de embarazo y tras dos amenazas de aborto, Yahari Brito, acusada de quemar a mujeres policías durante la marcha del 8M en Campeche, continuará su proceso en prisión. La jueza Leslie Loeza Manzanilla rechazó cambiarle la medida cautelar para que pudiera enfrentar el juicio en prisión domiciliaria, al considerar que representa “un peligro para la sociedad”.
En una audiencia celebrada la semana pasada, la defensa de Yahari solicitó que la joven de 26 años pueda llevar el proceso en su contra en libertad, dado que en el Centro Penitenciario de San Francisco Koben —donde se encuentra recluida— no ha recibido atención médica gineco obstétrica.
Sin embargo, de acuerdo con su abogado Edwin Trejo, la determinación de la jueza fue que “el embarazo no es causa o motivo suficiente para decretar otra medida cautelar“; además, consideró las amenazas de aborto como “una condición anterior a que fuera privada de la libertad, ya que es algo congénito y ella debió tener precaución”.

Yahari y su defensa sostienen que es inocente, lo que agrava el hecho de que esté presa y con riesgo a la salud, hecho que esperan quede probado en una siguiente audiencia que se llevará a cabo en próximos días. El abogado adelantó que se presentará como evidencia un video que contradice las declaraciones de las policías que la detuvieron. Hasta ahora, lo que la mantiene en la cárcel es la afirmación de las uniformadas que la arrestaron.
Actualmente hay dos mujeres presas por la marcha del 8M en Campeche: Yahari y Rosa Elena N, quienes según la versión de las uniformadas fueron las personas encapuchadas que las quemaron durante la protesta por el Día Internacional de la Mujer. Ambas supuestamente fueron detenidas cuando intentaban huir y deshacerse de la ropa negra que vestían al agredir a las policías.
No obstante, subrayó el abogado Edwin Trejo, “las personas o la persona que provoca el incendio está cubierta del rostro, no se puede identificar”. Las tres policías que detuvieron a Yahari Brito y a Rosa Elena declararon que corrieron detrás de las presuntas responsables, quienes iban quitándose la ropa negra y la capucha de la cara. “Fuera de ello, no hay mayor dato de prueba”, apuntó el defensor.
Cuando se le dictó prisión preventiva justificada, los argumentos del Ministerio Público fueron que “se ponía en riesgo a las policías y a la sociedad porque podrían repetirse los actos de quema, rotura de instalaciones, etcétera”; además, se planteó que “posterior al hecho, Yahari supuestamente huyó del lugar, pues no quería someterse al proceso”, razones que, de acuerdo con el defensor, no aplican, pues Yahari Brito se encuentra en un estado de salud delicado.
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“En las condiciones en que está Yahari, con su embarazo de dos meses, no es razonable que se presuma que en libertad pueda poner en riesgo a la sociedad o agredir a policías de las cuales ignora su nombre, ubicación, etcétera. Tampoco que haya posibilidad de que no se someta al proceso”, enfatizó. Sin embargo, este razonamiento no convenció a la jueza Leslie Loeza.
La juzgadora sostuvo que la joven ha recibido atención médica —por parte de doctores que no son especialistas—, y de acuerdo con lo que el Ministerio Público señaló en la audiencia, se presume que las autoridades no contemplan darle libertad ni aunque nazca su bebé, situación que mantiene a Yahari con “un cuadro depresivo”. .
“Es evidente que la cárcel —más allá de la condición particular de Yahari que está embarazada— a cualquier persona le causa un impacto psicoemocional, familiar, económico y de otras índoles”, lamentó Trejo. Por ello, evalúan las opciones de interponer un recurso de apelación o “ir a juicio constitucional, al juicio de amparo indirecto, toda vez que esta determinación impacta en el derecho humano a su libertad personal”.
El defensor de Yahari adelantó que en los próximos días tendrá una audiencia de sobreseimiento, donde se presentará ante el juez un video sobre el momento de la detención de Rosa Elena N, que esperan sea considerado prueba suficiente de su inocencia en los delitos de tentativa de feminicidio, daños en propiedad ajena y motín.

“Existe un video muy explícito del momento de la detención de Rosa Elena, que demuestra que no fue de la forma que dijo el Ministerio Público. La historia que contó es que iba corriendo junto a Yahari hasta el lugar de su arresto”, pero lo que muestran las imágenes es que Rosa se encontraba en otro punto al momento de la agresión contra las policías.
Según la descripción que hace el abogado sobre el video que circula en redes sociales, “se ve a Rosa en el lugar donde posiblemente sería detenida, realizando diversas actividades, vestida con un short y una playera. Se ve toda la mecánica de su detención y nunca se evidencia que esté siendo perseguida”, lo que evidencia que “las policías mintieron flagrantemente y con base en eso las tienen en prisión”.
Actualmente, el proceso contra Yahari Brito se encuentra en la etapa intermedia: el Ministerio Público presentará su acusación y se discutirá la admisión o exclusión de pruebas en su contra.
Lo que la defensa busca, en primer lugar, es que pueda pasar en su domicilio el tiempo que tarde en juzgarse su caso, para cuidar de su embarazo. Por ahora, “la posición del Estado refleja que está todo planificado para que Yahari dé a luz privada de la libertad”.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió en marzo pasado que Yahari y Rosa podrían enfrentar penas de entre 25 y 37 años de prisión.
En tanto se programa la audiencia de sobreseimiento y se resuelve la libertad de Yahari, familiares y amigos realizan colectas y rifas para apoyarla en la compra de medicamentos, artículos de maternidad y materiales para la también artista.
“Preocupa su estado de gravidez, por el riesgo de que pueda abortar en cualquier momento, por más que el Estado quiera justificar que le está brindando la atención adecuada dentro de sus posibilidades. Al ser un centro penitenciario, solo le le pongo como dato: la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho observaciones y recomendaciones para que el centro de reinserción social cuente con un área gineco-obstétrica por el tema de que tiene un área de mujeres”, agregó Edwin Trejo.
El viernes, al finalizar la audiencia donde se negó su cambio de medida cautelar, el abogado pudo platicar brevemente con Yahari, quien “está consternada, y lo único que me quedó por decirle es que vamos a seguir en la lucha para conseguir su libertad, y que quedará plenamente acreditado que no existe dato o elemento probatorio alguno que pueda establecer que ella participó en esos hechos”.