Yahari Brito: casi 6 meses de prisión preventiva en Campeche pese a embarazo de alto riesgo

Yahari Brito lleva casi medio año en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, en Campeche. La acusan de haber quemado a 17 policías durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo en el estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Hasta el momento, como prueba en su contra, solo está la declaración de las propias agentes. Aun así, la activista de 26 años permanece en prisión preventiva justificada debido a que las autoridades argumentan que representa un “riesgo”, pese a estar embarazada y con complicaciones de salud que han requerido atención hospitalaria.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el caso de mujeres en estado de gestación o madres en periodo de lactancia, la prisión preventiva debe cumplirse en el domicilio de la imputada o en un centro médico. Sin embargo, en el caso de Yahari las autoridades se han negado a cambiar la medida cautelar.

El abogado Edwin Trejo, quien lleva la defensa de la activista, explicó que esta negativa la sostienen con la justificación de que “si bien está embarazada, hay un riesgo para las policías y para la sociedad, de que se vuelvan a replicar las manifestaciones y los daños que ocasionaron a edificios públicos”.

“La posición del gobierno es que aun con el embarazo no desean, ni consideran que sea lo idóneo, dejarla en libertad, sino que se mantenga en prisión hasta que dé a luz o se resuelva su proceso penal”, añadió.

Si bien Yahari Brito ha recibido asistencia médica dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso), no es la que específicamente la joven necesita.

“Únicamente ha sido con médicos generales, siendo que ella requiere de revisiones especializadas”, dijo el abogado, quien explicó que esto constituye una violación a los derechos humanos, que la defensa argumentará para insistir en el cambio de la medida cautelar para que pueda continuar su juicio en libertad.

Los disturbios y detenciones durante el 8M en Campeche

Durante la marcha del 8M en Campeche se registraron enfrentamientos y disturbios frente al Palacio de Gobierno, lo que dejó dos policías lesionadas por quemaduras y 14 personas detenidas, de las cuales nueve recuperaron su libertad al cubrir sanciones administrativas.

Las otras cinco fueron turnadas a un juez de control y trasladadas a las instalaciones del Cereso de San Francisco Kobén. De ellas, solo dos fueron vinculadas a proceso, Yahari y Rosa N., imputadas por los delitos de tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena y motín.

“El momento en que se incendian los escudos de las policías es incuestionable, pero la persona que lo provocó está cubierta del rostro y no se puede identificar”, dijo Edwin Trejo acerca de los cargos en contra de su defendida.

De acuerdo con el abogado, la versión de la Fiscalía General del Estado de Campeche es que después de que ocurrió el ataque a las uniformadas, “tres policías se desprenden del contingente en formación para seguir a las personas que presuntamente provocaron el incendio y observan que se van quitando la capucha, la sudadera negra, el pants negro y los van metiendo a un bulto que llevaban, todo esto corriendo. Fuera de ello no hay mayor dato de prueba”.

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No obstante, la defensa de Yahari sostiene que es inocente, por lo que “es totalmente ilegal que se le siga manteniendo en prisión, sobre todo dado su estado de salud. No es razonable mantener privada de su libertad a una persona bajo argumentos tan subjetivos, como que pueden estar en peligro 17 policías entrenadas para repeler cualquier agresión, o que pudieran darse nuevamente eventos como los del 8 de marzo… son argumentos bastante endebles e ilógicos”.

¿Qué escenarios se vislumbran para Yahari?

Luego de la vinculación a proceso de Yahari y Rosa N, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que podrían enfrentar penas de entre 25 y 37 años de prisión, ya que presuntamente rociaron gasolina sobre escudos y sobre mujeres policías.

Actualmente, el Ministerio Público ya cerró la investigación. La siguiente etapa del proceso será la intermedia, en la que se debatirá la admisión o exclusión de pruebas, “lo que podría llevar un mes, o mes y medio para que se remita la carpeta al tribunal de enjuiciamiento”.

“Solamente hay un inconveniente legal: después de la vinculación a proceso se promovió un juicio de amparo indirecto alegando que fue inconstitucional, igual que la medida cautelar” y continúa en trámite, planteó Trejo. En caso de que el juez de distrito falle a favor de Yahari, podría quedar en libertad. Otra posibilidad es que se dé una suspensión del juicio en tanto que no se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo.

Aunque “queda un largo trecho en el proceso penal”, el abogado afirmó que lo más urgente es que se obtenga la libertad de Yahari para prevenir que su embarazo ponga en riesgo tanto la salud de ella como la de su bebé.

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“Si obtenemos una resolución favorable, podría salir en libertad el tiempo que tarde en dar a luz, con el riesgo de que una vez que esto ocurra la fiscalía pueda solicitar que regrese a prisión, bajo el argumento de que ya nació el bebé… pero eso sería motivo de otra audiencia y otro debate”, concluyó.

Además, el Congreso de Campeche aprobó el pasado 23 de julio un punto de acuerdo para solicitar a la fiscalía del estado, al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos local informar sobre la situación jurídica y la protección de los derechos de la activista.

En tanto se realiza la audiencia para el cambio de medida cautelar, familiares y amigos de Yahari realizan colectas y rifas para apoyarla. A través de la cuenta de Instagram @justiciaparayahari, solicitan donativos para la compra de medicamentos y artículos de maternidad, así como pinceles, pinturas y otros materiales para la también artista.