Manu Ureste · 16 de octubre de 2026
Un juez vinculó a proceso este viernes 16 de octubre a Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez, detenidos durante la protesta por agua limpia en Guadalajara. Los cuatro enfrentarán el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente a firmar ante los juzgados.
De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que acompaña sus defensas, fueron vinculados por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Con esta resolución, seis de los siete hombres que la Fiscalía de Jalisco presentó ante un juez quedaron sujetos a proceso penal. Solo David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos, según la información difundida por la organización.

“Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social”, expresó el CEPAD al concluir la audiencia en un comunicado difundido en redes sociales.
“Lamentablemente el juez ha vinculado a proceso, por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, a quienes se han manifestado por defender su derecho al agua”, añadió.
La audiencia de este viernes dio continuidad a la realizada el martes, cuando quedó pendiente resolver la posible vinculación de Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro.
En aquella jornada, Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso fueron vinculados a proceso por lesiones y se les impuso la obligación de presentarse a firmar cada 15 días, según informó el CEPAD. David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos.
Aunque todos recuperaron su libertad, las resoluciones judiciales significan que seis continuarán enfrentando acusaciones penales.
Tras la nueva decisión, el CEPAD exigió que los afectados queden libres de la totalidad de los cargos.
“Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta”, manifestó.
En entrevista previa con Animal Político, Denisse Montiel Flores, codirectora del CEPAD, sostuvo que existen videos y otras evidencias para cuestionar las detenciones y los señalamientos contra los arrestados.
También denunció actos de tortura y obstáculos para que abogados y abogadas pudieran entrevistarse con sus representados y acceder oportunamente a las carpetas de investigación.
La Fiscalía de Jalisco informó este viernes que se integraron 14 carpetas de investigación por posibles abusos cometidos por policías durante las detenciones de la protesta frente a Casa Jalisco.
De acuerdo con el comunicado, 11 investigaciones se iniciaron de oficio y tres por comparecencia de las personas presuntamente afectadas. La dependencia dio vista a su Dirección General de Visitaduría para deslindar responsabilidades.
Puedes leer: CNDH investiga tortura y violaciones a derechos humanos en protesta por agua en Jalisco
También señaló que, conforme los detenidos recuperaron su libertad, se incorporaron sus informes y partes médicos a la documentación entregada a esa dirección.
La Fiscalía precisó que estas investigaciones son independientes del procedimiento iniciado por la Secretaría de Seguridad, que puso a 17 de sus elementos a disposición de su Dirección de Asuntos Internos.
La dependencia aseguró que las diligencias buscarán deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

La resolución ocurre tres días después de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que todas las personas detenidas durante la protesta habían recuperado su libertad y reconoció irregularidades en el operativo.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”, afirmó el martes en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Entérate: La red vecinal detrás de las movilizaciones por agua limpia en Jalisco
El mandatario aseguró que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y admitió que el operativo tuvo graves deficiencias y se salió de control.
“A las personas no se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, añadió.
Lemus sostuvo que los policías que actuaron con excesos están identificados y anunció una investigación interna, acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También señaló que debía garantizarse la reparación del daño y la no repetición.

Sin embargo, el anuncio de las liberaciones no significó el cierre de los procesos penales. El CEPAD aclaró desde el martes que dos hombres habían sido vinculados a proceso y que cuatro continuarían su audiencia este viernes.
La Fiscalía estatal había informado que fueron detenidas 39 personas tras los enfrentamientos frente a Casa Jalisco. De ellas, 32 fueron liberadas antes de que los siete hombres restantes fueran trasladados a los juzgados de control y oralidad de Puente Grande.
Entre los cuatro vinculados este viernes está Samuel Morales Navarro, repartidor de aplicaciones que trabaja en su motocicleta para sostener el hogar y costear los estudios médicos de su madre, enferma de cáncer.
Alexis Daniel Guzmán Ríos es un joven cineasta que acudió a documentar la protesta; Juan Darío Muñoz Nava es estudiante universitario y trabajador; y Teodoro Jesús Torres Valdez tiene 50 años, es padre y abuelo y lleva más de tres décadas en el mismo trabajo.
Después de recuperar su libertad, Teodoro denunció golpes, patadas y amenazas durante su detención y traslado al interior de Casa Jalisco. En su testimonio mostró ambos ojos morados y una herida en la parte posterior de la cabeza.
“Aquí me abrieron la cabeza”, afirmó. También aseguró que las agresiones continuaron cuando ya estaba esposado y que le cubrieron la cabeza con su propia camisa para impedirle protegerse de los golpes.

Otras personas liberadas denunciaron maltratos y falta de atención médica. En un video grabado la noche del domingo y difundido en las cuentas de Instagram mecuidanmisamigxsmx y giselledessavre, una mujer identificada como Alejandra aseguró que policías le quitaron los tenis, le pisaron los pies y la tiraron al suelo.
“Me agarraron a macanazos”, relató.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigieron una solución al suministro de agua sucia y maloliente en Guadalajara y otros municipios metropolitanos. Frente a Casa Jalisco se registraron enfrentamientos y policías dispersaron a los asistentes con gases y chorros de agua.
El gobierno estatal atribuyó inicialmente la violencia a un supuesto grupo ajeno a la protesta. Familiares y defensores rechazaron que sus detenidos pertenecieran a ese grupo o hubieran cometido los delitos que se les atribuían.