Animal Político · 15 de octubre de 2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por posibles violaciones a derechos humanos durante y después de la protesta por agua potable del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, luego de atraer el caso.
El organismo recabará testimonios de las víctimas, practicará certificaciones médico-legales para documentar posibles actos de tortura y revisará denuncias sobre obstáculos al acceso a una defensa jurídica adecuada.
En un comunicado publicado este jueves, la CNDH informó que ya estableció contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Fiscalía estatal para reunir información sobre los hechos y la situación jurídica de las 39 personas detenidas durante la movilización, en la que policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los manifestantes frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

El organismo señaló que está a la espera del expediente integrado por la comisión estatal y que revisará las carpetas de investigación relacionadas con los hechos, además de solicitar información a las autoridades señaladas por las víctimas para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las primeras diligencias, personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y de la Oficina Regional de Jalisco estableció contacto directo con las víctimas para recabar sus testimonios y facilitar la presentación de quejas.
La comisión practicará certificaciones médico-legales para documentar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También recibió denuncias sobre posibles irregularidades en el acceso a una defensa jurídica adecuada, las cuales serán analizadas para determinar si existieron violaciones graves a los derechos humanos.
La CNDH informó que personal del organismo sostuvo una reunión con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía de Jalisco para comunicar formalmente la atracción del caso y obtener información sobre la situación jurídica de las 39 personas detenidas.
La comisión estatal manifestó su disposición a entregar el expediente, cuya recepción permitirá incorporar las actuaciones realizadas previamente a las diligencias de la instancia nacional. La CNDH indicó que mantendrá comunicación con las víctimas y las organizaciones de la sociedad para dar seguimiento al caso.
La intervención de la CNDH ocurre después de que personas detenidas durante la protesta denunciaron golpes y amenazas por parte de policías y otros hombres encapuchados, así como presuntas agresiones dentro de Casa Jalisco.
Uno de los testimonios es el de Teodoro Jesús Torres Valdez, de 50 años, quien aseguró que fue golpeado y pateado después de ser detenido durante la movilización. El hombre mostró lesiones en el rostro y una herida en la cabeza, además de denunciar contusiones en el abdomen y posibles fracturas en las costillas.
Torres Valdez contó que acudió a la manifestación acompañado de su hija y su sobrina para exigir agua limpia. Según su relato, intentó sacar el teléfono para grabar cuando observó que unos agentes se llevaban a unas jóvenes, momento en que fue sujetado y trasladado detrás de la línea de policías antimotines.
Aseguró que recibió rodillazos durante el traslado y que las agresiones continuaron cuando ya estaba esposado. También relató que, antes de llegar al cuarto donde concentraban a los detenidos, un grupo de hombres encapuchados lo golpeó e insultó.

De acuerdo con su testimonio, posteriormente le quitaron la camisa y le cubrieron la cabeza con ella, lo que le impidió ver y protegerse de las agresiones. Afirmó que dentro del cuarto observó a otras personas detenidas con lesiones.
El hombre también denunció la sustracción de su cartera y la pérdida de su teléfono durante la detención. Señaló que existen videos en los que, según él, se puede identificar a algunos de los presuntos responsables.
“Hay videos, ahí están, afortunadamente se les ve a varios el rostro, a lo mejor vamos a proceder en contra de ellos. Porque no es justo lo que hicieron”, afirmó.
Las denuncias de Torres Valdez se sumaron a los señalamientos de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre posibles actos de tortura y obstáculos para que los abogados pudieran entrevistarse con sus representados y acceder oportunamente a las carpetas de investigación.
Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), afirmó en entrevista con Animal Político que existen videos y otras evidencias que pueden contribuir a cuestionar las condiciones de las detenciones y los señalamientos contra los arrestados.
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Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esclarecer el uso de la fuerza durante la protesta y las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos. También solicitó identificar a los responsables y determinar quién ordenó las acciones policiales.
Durante su conferencia matutina del miércoles, la mandataria pidió a la comisión nacional entrevistar a las víctimas y conocer sus testimonios sobre lo ocurrido durante el operativo frente a Casa Jalisco.
“No podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, declaró Sheinbaum, quien calificó los hechos como una represión inadmisible y sostuvo que las denuncias debían investigarse hasta determinar responsabilidades.
La presidenta también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir si se presentaban denuncias contra elementos que participaron en el operativo y se determinaba la necesidad de su intervención.

La decisión de la CNDH se produce después de que el gobernador Pablo Lemus reconoció que el operativo policial del 11 de octubre tuvo deficiencias y que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.
El martes, el mandatario estatal anunció que todas las personas detenidas durante los enfrentamientos habían recuperado su libertad y aseguró que los policías que incurrieron en excesos estaban identificados. También informó que se realizaría una investigación interna con acompañamiento de la CEDHJ.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”, reconoció Lemus en un mensaje difundido en sus redes sociales.
“A las personas no se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, añadió.
Además de las actuaciones de las comisiones de derechos humanos, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó el 14 de octubre que abrió una investigación contra dos policías por presuntas agresiones a manifestantes. La dependencia señaló que revisaría videos y testimonios para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco señaló que revisaría las circunstancias de su intervención, las instrucciones recibidas, la finalidad de las acciones realizadas y posibles fallas en los procedimientos.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió a alrededor de 10 mil personas que marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir una solución a la crisis de agua sucia y maloliente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aunque la protesta comenzó de manera pacífica, cerca de la residencia oficial del gobernador se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes, y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas.