Khéri Millán, Víctor Rivera · 27 de septiembre de 2026
A 146 días de que la maquinaria pesada demoliera el skatepark de Barrio San Antonio, la comunidad regresó al bajo puente armada con patinetas, patines, bicicletas y un bazar ciudadano. Desde las 9:00 de la mañana de este domingo, decenas de patinadores, madres de familia y vecinos se reapropiaron del espacio ubicado sobre la Calzada de Tlalpan para exigir la restitución de la pista deportiva.
El sitio que se encuentra actualmente atravesado por las columnas que sostienen el Jardín Flotante Tlallipan, una de las obras insignia de la administración capitalina para el Mundial 2026.
El acto de resistencia incluyó dinámicas sobre ruedas e intercambio de ropa, evidenciando el contraste con la narrativa de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que la sustitución del lugar no fue impositiva y se acordó previamente.

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La movilización comunitaria contrasta directamente con los posicionamientos del gobierno capitalino. Tras las primeras críticas por la destrucción del espacio, Brugada justificó la intervención asegurando que antes de ingresar la maquinaria se dialogó con los jóvenes, quienes supuestamente aprobaron sustituir el lugar por uno más grande y acorde a sus exigencias.
“Nunca se hizo de manera impositiva”, sostuvo Brugada en su momento, e hizo un llamado a no dejarse llevar por el rumor de que se está acabando con la infraestructura deportiva de la ciudad.
Sin embargo, el relato de los usuarios contrasta con la existencia de dicho acuerdo. Uno de los asesores técnicos y constructores originales del parque denunció que la demolición inició a la medianoche cuando nadie iba a saber nada.
Los involucrados en la construcción original del parque desmintieron tajantemente la existencia de un acuerdo previo. “Iniciaron la demolición a la medianoche cuando nadie iba a saber nada”, relató Raúl Mendoza, asesor técnico del proyecto. “Ellos argumentan que hubo una consulta y eso es mentira”, sentenció, asegurando que si hubiera existido un diálogo real, la comunidad les habría pedido no tocar el recinto.

Carlos Zúñiga, vocero del colectivo Espacio Sobre Ruedas, explicó que la manifestación es un reclamo urgente ante la parálisis gubernamental. El representante detalló que tras la última reunión con la Secretaría de Obras, la comunidad mantiene escepticismo ante la falta de avances tangibles.
“Ellos nos dijeron que esto ya falta poco, pero nos vienen diciendo que falta poco desde hace meses […] nada más estamos esperando estos procesos administrativos, la verdad es que, les digo, ya no sabemos qué creerles”, declaró.
Tras la presión, las autoridades fijaron un nuevo plazo de seis semanas para destrabar los trámites burocráticos y lanzar la licitación, que tendría como límite mediados de noviembre.
En tanto, las y los patinadores rechazan que el nuevo diseño se entregue a constructoras sin certificación deportiva. El equipo técnico exigió la contratación de California Skateparks, empresa que edificó la pista inicial, argumentando que el gobierno no puede ofrecer una constructora de banquetas y camellones para reponer una infraestructura de nivel internacional.

La comunidad advierte que la demolición en San Antonio Abad exhibe una crisis sistemática en la política de desarrollo urbano. Uno de los involucrados en el diseño de pistas de patinaje acusó que la actual administración capitalina suma un déficit en infraestructura, calculando la desaparición de al menos cinco recintos en los dos últimos años, incluyendo los de Cultura Maya y Tlalpan.
Catari, un joven de 17 años que se trasladó desde el Ajusco, zona donde también arrasaron con dos espacios, reclamó el abandono a la juventud al señalar que las autoridades solamente esconden la basura atrás de la puerta y terminan aislando a los deportistas.
El impacto por las obras del Mundial 2026 afectó también el tejido social del vecindario. Zaira Barrientos, vecina de 48 años que organizó una mesa de intercambio en el bazar, acudió para defender el sitio donde su hija aprendió a patinar, pues para ella el reclamo es “vital para el derecho humano a la libre manifestación, y aparte el derecho a la utilización de los espacios públicos”.
La madre de familia defendió que la utilización de los espacios públicos es vital para garantizar el derecho humano a la libre manifestación.

La obra trastocó de igual forma el día a día de trabajadores locales como Pablo Chávez, de 59 años, quien comenzó a patinar cautivado por la pista original. Chávez cuestionó la viabilidad del proyecto actual al afirmar que las columnas pudieron haber subsistido con el skatepark sin ninguna afectación, concluyendo que el puente elevado terminará ahogando el comercio de la zona baja al obligar a los transeúntes a pasar por arriba.
Para la comunidad skater, rendirse en San Antonio Abad significaría validar la desaparición de los pocos refugios urbanos que les quedan en la capital. “Tenemos que ganar esta batalla para poder ganar otras”, advirtió uno de los organizadores del evento, recordando que otros espacios de patinaje también están amenazados por megaproyectos de movilidad.
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