Exsecretario de Rocha Moya obtuvo permisos para construir fraccionamientos siendo funcionario

Según la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa, obtener un beneficio comercial mientras se ostenta un cargo público configura un conflicto de interés. Sin embargo, Enrique Alfonso Díaz Vega, al desempeñarse como  secretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, firmó y obtuvo permisos ambientales del gobierno estatal para construir 322 inmuebles, a través de su empresa Housesin Desarrollos S.A. de C.V., cuya venta comercial sumaría alrededor de 975 millones de pesos. 

Al iniciar su cargo como encargado de las finanzas en Sinaloa, registró en su declaración patrimonial que había terminado su participación en la empresa, pero no fue así. Como funcionario, entre 2021 y 2024, conservó sus acciones y fue presidente del consejo de administración y apoderado, como confirmó la Unidad de Investigación de Animal Político con documentos del Registro Público de Comercio. 

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa —quien solicitó licencia a su cargo este 1 de mayo—, y Díaz Vega, son dos de los 10 funcionarios y exfuncionarios estatales acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos sostiene que tanto Enrique Díaz, como Enrique Inzunza –actual senador por Morena y exsecretario General de Sinaloa–, “ayudaron a los líderes de ‘los Chapitos’ a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas y actuaron como enlaces entre los líderes de ‘los Chapitos’ y Rocha Moya”, según la acusación interpuesta en el Tribunal de Distrito de EU. 

La acusación añade que Díaz Vega “entregó a los líderes de ‘los Chapitos’ los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gubernatura” en 2021. 

Empresario y funcionario

Mientras Enrique Díaz fungía como secretario de Finanzas, también era representante legal de Housesin Desarrollos S.A. Así consta en la solicitud del permiso ambiental que él firmó para construir 78 viviendas en el fraccionamiento llamado Portabelo Etapa III en Culiacán, Sinaloa, tramitada el 31 de mayo de 2022. 

Un mes después, el 1 de julio, su compañera de gobierno, Nicté Loi Ceceña Romero, entonces subsecretaria de Desarrollo Sustentable, autorizó la construcción del proyecto, como consta en el permiso número SUBDS/DFCC/DIA/071/2022, de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. El costo de las viviendas rondó entre 2.5 y 2.8 millones de pesos, según los anuncios de venta publicados en las redes sociales de la empresa. 

El otro permiso obtenido el 30 de octubre de 2023, fue para el desarrollo del proyecto denominado Portalegre Sección Estates IV, con 244 viviendas también en Culiacán. Sin embargo, éste fue firmado por la apoderada legal, Leydi Areni Rivera. En este caso, los inmuebles se anunciaron con un costo de 4 millones 220 mil pesos y 3 millones 910 mil pesos. 

Por ambos fraccionamientos, la empresa habría ganado alrededor de 975 millones de pesos considerando la venta de los 322 inmuebles. El cálculo de esta cifra, es resultado de una estimación realizada por este medio en la que la mitad de las viviendas de cada desarrollo se habría vendido al precio más bajo y la otra mitad al precio más alto. 

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Obtener este tipo de permisos de parte del gobierno del estado cuando se está en funciones, se define como “conflicto de interés” en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa. Y se describe como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. 

Vania Pérez, académica de la UNAM y expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que al ser servidor público “se tiene información privilegiada, un puesto privilegiado y podrías estar traficando influencias. Por eso es tan delicado que una persona en el servicio público tenga una empresa privada. Hay un conflicto ya intrínseco cuando tú tienes una empresa: o te dedicas al servicio público o te dedicas a tu empresa”, dijo en entrevista.

En tanto, La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley local de Sinaloa en esa materia, establecen que el tráfico de influencias ocurre cuando un funcionario “utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o socios”. 

La empresa de Díaz Vega obtuvo permisos desde antes de que fuera secretario de Finanzas estatal, en enero y octubre de 2021. La autorización entonces, fue por menos inmuebles (255) y también por menos extensión (88 mil metros cuadrados). 

Al concluir su cargo, el exfuncionario continuó obteniendo permisos ambientales para edificar otras 137 viviendas de 2.1 millones de pesos en precio comercial. Hace apenas unos meses, en febrero de 2026, la empresa tramitó el permiso más reciente para la construcción del fraccionamiento Portabelo Etapa IV a la VII en 312 mil metros cuadrados, como consta en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Opaca declaración patrimonial 

Enrique Díaz Vega compró acciones de Housesin Desarrollos S.A. de C.V. el 10 de enero de 2008 y fue nombrado presidente del Consejo de Administración, como consta en el acta publicada en el Registro Público de Comercio. A pesar de su papel central en la empresa, en ninguna de sus declaraciones patrimoniales a lo largo de tres años, registró su participación en la misma.

De acuerdo con la página de Facebook de la compañía, los desarrollos comenzaron a anunciarse para su venta en 2016, cuando también se incrementó el capital social de la empresa a 67 millones de pesos. Díaz Vega tenía, entonces, acciones por 18 millones de pesos. 

En su declaración patrimonial del 30 de diciembre de 2021 reportó que fue director general de la empresa entre el 17 de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2021, pero en realidad nunca abandonó la empresa. 

Como consta en el acta del registro público del  16 de diciembre de 2022, fue nombrado secretario del Consejo de Administración de la compañía. Además, compró más acciones, hasta sumar 25 millones de pesos.  

El 8 de agosto de 2024 se registró otro movimiento en la empresa, cuando fue nombrado apoderado legal. Días después, el 20 de agosto, dejó finalmente el cargo de secretario de Finanzas. 

La contraloría no lo investigó 

Para la investigadora Vania Pérez, el exsecretario Enrique Vega no habría sido el único en incurrir en irregularidades, sino también la Subsecretaría que otorgó los permisos de construcción de fraccionamientos a la empresa del exfuncionario.

“La Subsecretaría pudo haber recurrido a la Contraloría y decir ‘nosotros aquí observamos esto’ e iniciar un procedimiento administrativo. No le dio vista, entonces la Subsecretaría —su director o directora— también estaría incurriendo en una posible falta administrativa o posible hecho de corrupción”, dijo Pérez.