Manu Ureste · 13 de octubre de 2026
La Fiscalía de Jalisco informó este martes 13 de octubre que siete hombres detenidos durante la protesta por agua limpia del domingo en Guadalajara fueron trasladados a los juzgados de control y oralidad de Puente Grande. Seis enfrentan señalamientos por lesiones dolosas y uno por desobediencia o resistencia de particulares.
De las 39 personas detenidas tras los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, las otras 32 fueron puestas en libertad, según el comunicado difundido esta mañana por la dependencia.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que participa en el acompañamiento legal de los detenidos, cuestionó la decisión de llevar los siete casos ante un juez. Su codirectora, Denisse Montiel Flores, afirmó en entrevista con Animal Político que existen videos y otras evidencias para impugnar las detenciones y los señalamientos.

“Hay un sinnúmero de evidencia que puede abonar a la defensa de estas personas detenidas”, señaló. Según explicó, ese material permite revisar tanto las condiciones en que fueron detenidas como si estaban cometiendo algún delito.
Montiel también denunció actos de tortura y obstáculos para que las personas detenidas pudieran entrevistarse con sus abogados y conocer los cargos en su contra.
Al momento de la entrevista, todavía no había confirmación del horario de las audiencias ni de cuántas se realizarían. La presentación ante un juez no implica que las personas hayan sido vinculadas a proceso ni que se haya determinado su responsabilidad.
La Fiscalía identificó a los siete hombres trasladados como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.
La dependencia sostuvo que existen elementos suficientes para presentarlos ante un juzgado de control y oralidad.
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De acuerdo con el comunicado, seis son señalados por lesiones dolosas, con la agravante prevista para aquellas cometidas contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública. El séptimo caso corresponde al delito de desobediencia o resistencia de particulares.
La Fiscalía no precisó en el comunicado qué delito atribuye a cada una de las personas identificadas ni detalló las conductas o pruebas que sustentan los señalamientos.
Sobre las 32 liberaciones, indicó que ocurrieron dentro de las 48 horas previstas para esclarecer su situación legal. El documento tampoco especifica si las investigaciones contra esas personas continuarán.
Montiel explicó que ahora corresponderá a los jueces revisar la legalidad de las detenciones y resolver lo procedente respecto de las acusaciones.
El Poder Judicial, sostuvo, “tiene la oportunidad precisamente de culminar estas injusticias que han vivido desde el día domingo las personas detenidas en la manifestación”.

La codirectora del CEPAD afirmó que durante la detención se impidió a abogados y abogadas entrevistarse con sus representados y que no se les proporcionó información suficiente sobre los cargos.
“Hasta el día de hoy es que se conoce de manera oficial los cargos que se imputarían y claramente eso está afectando en su derecho a una defensa adecuada”, señaló.
Según Montiel, al momento de la entrevista los abogados todavía no habían recibido notificación del traslado a los juzgados. También dijo que les habían indicado que a las 10:30 de la mañana les proporcionarían copia de al menos una carpeta de investigación, pero que aún no tenían acceso a las demás.
La defensora sostuvo que las detenciones fueron arbitrarias y que las personas arrestadas fueron sometidas a actos de tortura. Esos señalamientos forman parte de las denuncias de la organización y deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
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Montiel afirmó que entre los siete detenidos hay un cineasta, personas trabajadoras, un hombre de más de 50 años que es abuelo y un repartidor cuya detención fue difundida ampliamente en redes sociales.
Sobre este último, aseguró que no participaba en la manifestación y que fue detenido en los alrededores de Casa Jalisco. La entrevistada no relacionó estos perfiles con los nombres incluidos en el comunicado de la Fiscalía.
El CEPAD acompaña el caso mediante asesoría legal, apoyo psicosocial, documentación y difusión de denuncias. Montiel explicó que se integró un grupo más amplio de abogados para asumir las defensas ante el número de personas inicialmente detenidas.
La movilización del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigieron una solución al suministro de agua sucia y maloliente en Guadalajara y otros municipios metropolitanos. Frente a Casa Jalisco se registraron enfrentamientos y policías utilizaron gases y chorros de agua para dispersar a los asistentes.
Montiel señaló que el CEPAD documentó un uso excesivo de la fuerza que afectó a cientos de manifestantes. También denunció el uso de balas de goma.

La organización cuestiona que las personas detenidas sean responsabilizadas por los hechos violentos y sostiene que existen evidencias para respaldar sus defensas.
Ante el traslado de los siete hombres, Montiel informó que se convocó a acompañar a las familias afuera de los juzgados de oralidad ubicados en el complejo de Puente Grande, para exigir respeto a los derechos de los detenidos.
Sobre la posibilidad de que los jueces reviertan las detenciones, expresó que esperan una resolución favorable.
“Ahora sí está en manos del Poder Judicial y de las y los jueces garantizar que sí puedan acceder a una verdadera justicia efectiva”.