Daniela Martínez Martínez · 12 de octubre de 2026
Alrededor de 10 mil personas marcharon el domingo 11 de octubre en Guadalajara debido a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Aunque la protesta inició de forma pacífica, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.
Pablo Lemus atribuyó los enfrentamientos a un presunto “grupo de choque” que, según su versión, provocó los actos de violencia; pidió investigar tanto las agresiones como los posibles abusos policiales.
Organizaciones de derechos humanos piden investigar el uso de la fuerza durante la marcha y reportan al menos 50 detenciones. Exigen al gobierno dar información sobre estas y respetar los derechos de las personas detenidas.
Amnistía Internacional condenó el uso de la fuerza contra personas que demandaban su derecho de acceso a agua limpia y pidió a las autoridades de Jalisco investigar de manera pronta las posibles violaciones a derechos humanos.
Exhortan al gobierno a informar sobre las personas detenidas y respetar todos sus derechos, incluyendo a la representación legal. También exigen la presentación con vida de todas las personas que tras ser detenidas no ha sido posible localizar.
“Organizaciones de la Sociedad Civil, personas testigas y periodistas han dado cuenta de al menos 50 personas detenidas, quienes estarían en diversas oficinas de la Fiscalía del Estado, algunas de las cuales habrían sido liberadas de manera paulatina Sin embargo, ante el hermetismo de las autoridades la información sobre el número de personas detenidas y liberadas adquiere un carácter incierto”, informan.
Por su parte, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció agresiones contra manifestantes y periodistas, y señaló que el uso de gases y chorros de agua puso en riesgo su integridad y obstaculizó la labor informativa.
Además, demandan garantías de protección para las personas defensoras de derechos humanos que participaron en la movilización o acompañaron la exigencia del derecho al agua.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también exigió la liberación inmediata de las personas detenidas y reportó, de manera preliminar, una cifra de 51 detenciones, superior a las 39 informadas por las autoridades estatales.
“Se documentaron agresiones contra manifestantes: lesiones provocadas principalmente por el impacto directo de proyectiles de gas lacrimógeno lanzados por elementos de seguridad, quienes también lanzaron polvo extintor y agua a presión, mientras la ciudadanía gritaba ‘el agua limpia no se desperdicia’”, denuncian.
El gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías heridos —dos de gravedad— y 31 civiles que requirieron atención médica. Las personas detenidas incluían estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la cual pidió esclarecer los hechos y garantizar su integridad.
La UDGTV informó que cuatro estudiantes detenidos durante la manifestación fueron liberadas sin pagar fianza: Verónica Nayeli Santiago Correa, María Fernanda Sedano Fonseca, Marisol López Díaz y Xalli Yeneli Hernández Jimon.
Pero reportan que aún hay dos estudiantes detenidos, por lo que aseguran que continúan las gestiones para conseguir su liberación.
Fernanda Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), informó que mantiene contacto con las personas detenidas para brindar acompañamiento y asesoría legal en sus casos.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que acompañó a las personas detenidas y abrió una investigación. Hasta el momento de su primer reporte, cinco personas habían presentado quejas contra elementos de la Policía Estatal por presuntos abusos de autoridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió al gobernador Pablo Lemus explicar las detenciones y el uso de gases y chorros de agua para dispersar la protesta. También sostuvo que las autoridades deben priorizar el diálogo y distinguir entre contener actos violentos y reprimir una manifestación.
“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la represión”, afirmó Sheinbaum este lunes, durante su conferencia matutina.
Mientras tanto, las organizaciones insisten en que las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta y atender las demandas ciudadanas por el acceso a agua limpia.