Explosión de pipa en Iztapalapa: un año de vivir entre el temor y una zona abandonada
Khéri Millán · 10 de septiembre de 2026
A un año de la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, familiares y amigos colocan flores y adornos en memoria y luto de las 32 víctimas que perdieron la vida el 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, esto contrasta con un paisaje descuidado por parte de las autoridades.
La “zona cero” luce en abandono, con deterioro en la carpeta asfáltica, exceso de basura, personas en condición de calle y falta de mantenimiento en el pasto de los camellones, constató Animal Político en recorridos. Esto ocurre a pesar de que días después del incidente, cuadrillas del gobierno de la CDMX acudieron a remozar los espacios.
La intersección vial de la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Ermita Iztapalapa y la carretera México-Puebla es un punto neurálgico para la conexión de la capital con distintos municipios del Estado de México.
Locatarios, vecinos, usuarios de transporte y familiares de las víctimas aseguran sentirse vulnerables ante la posibilidad de verse nuevamente expuestos a un siniestro. Las heridas emocionales siguen ahí, en un entorno que parece destinado al olvido de las autoridades.
El estallido en Iztapalapa
La tarde del 10 de septiembre, a las 14:19 horas, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas licuado desde Tuxpan, Veracruz, con destino a Tláhuac, se impactó contra un tramo del muro de contención del bajopuente de La Concordia tras conducir a exceso de velocidad, según determinó la Fiscalía de la Ciudad de México.
En su momento, la titular de la fiscalía local, Bertha Alcalde, explicó que la explosión se originó por una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque tras chocar contra el pavimento y un muro, causando una enorme fuga y después el estallido.
Ante críticas por las condiciones de la zona, la fiscal aclaró que en el lugar no había baches que hubieran provocado el accidente que dejó 63 personas lesionadas y 32 decesos.
El día de la tragedia, Evelyn Jovana González Piña estaba trabajando, sin embargo, sabía que su esposo Misael Cano Rodríguez, su hija Tiffany Odet Cano González, de 16 años, y su nieto Santiago circulaban por la zona en un vehículo. Al enterarse de la explosión intentó llamarles pero ninguno respondió.
“Lo primero que piensa uno es que entre el caos perdieron el teléfono o cosas así, y pues uno piensa que están bien”, dice Evelyn en entrevista con Animal Político.
El paso de las horas y no tener noticias aumentó la preocupación, por lo que Aldair Ramírez, pareja de Tiffany y padre del pequeño Santiago, comenzó a buscar los nombres entre las listas no oficiales de personas lesionadas.
“Salieron unas listas que subió la gente en Facebook y fue como los encontré, con los nombres bien y los apellidos al revés. Sacando mis conclusiones y acomodando los nombres, me di cuenta que quien estaba en la lista era mi hijo”, narra.
La desorganización y desinformación entorpeció la localización de sus familiares, quienes se encontraban en condiciones graves.
Misael sufrió quemaduras en el 95 % de su cuerpo y fue trasladado al Hospital de Tlalpan, donde permaneció varias horas en calidad de desconocido y falleció esa misma noche a las 23:40 horas.
Tiffany ingresó con quemaduras en el 75 % del cuerpo y murió tras luchar 42 días en terapia intensiva. Mientras que su hijo Santiago fue atendido en el Hospital Pediátrico Tacubaya tras presentar quemaduras en el 45 % de su cuerpo. Él fue el único sobreviviente.
Vivir con miedo tras la explosión en La Concordia
Para las personas vecinas, locatarias y usuarias del transporte público, el impacto no terminó con el mitigamiento de las llamas, sino que alteró profundamente su relación con ese entorno en el que viven todos los días.
Guillermo Tolentino, comerciante con 11 años en la zona, cuestionó la capacidad de respuesta por parte de las autoridades al señalar que el día de los hechos, los bomberos tardaron 20 minutos en llegar tras la primera explosión.
A unos metros de ahí, Apolonia Guevara, dueña de un local de comida, recordó aquel momento con mucho impacto. “Fue sorprendente que alguien tan quemado pasara caminando así”, relató a Animal Político. Hoy, cualquier estímulo no le da tregua: “Por cualquier ruido me da miedo. Todavía pasan las pipas de gas, tenemos gasolineras cerca. La verdad, no se siente uno seguro”.
La onda expansiva también alcanzó a las viviendas aledañas. Paulina Villavicencio se encontraba dormida cuando la puerta de su casa comenzó a sacudirse violentamente. Desde su azotea, vio a la multitud huir y las llamas a lo lejos.
Su primera reacción fue cerrar los tanques de gas, una precaución vital dado que, minutos después, el fuego alcanzó a 18 automóviles a solo 20 metros de una gasolinera vecina.
Cruces rotas y memorias en el olvido
A un año del desastre, la ‘zona cero’ refleja deterioro que ha sido visibilizado por vecinos y transeúntes.
Evelyn González, familiar de víctimas, denuncia la falta de mantenimiento en el bajopuente: “El lugar está abandonado, si te das cuenta hay mucho pasto. Aquí arriba tenían una Virgen; en la mañana que vinimos ya estaba tirada, toda rota”, señala.
En conmemoración y memoria de las víctimas, la familia de Evelyn realizará una misa en el lugar. Para ellos representa una búsqueda de dignificación humana en una intersección marcada por el dolor cotidiano.
“Es para darles un poco de descanso a esas almas, porque a final de cuentas se sigue sintiendo esa tensión cada que pasamos por aquí… se siente hasta un escalofrío”.
Aldair, quien no había vuelto al sitio desde el día del accidente, describe la carga emocional: “Nunca me llegué a parar aquí hasta el día de hoy… y pues la vibra muy pesada. Triste a la vez de saber que aquí se fueron muchas personas”.
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El ‘cierre’ institucional del caso
El último informe oficial presentado el 21 de diciembre de 2025 por la jefa de gobierno, Clara Brugada y la Fiscalía de la Ciudad de México, señaló al conductor de la unidad, quien también falleció por las quemaduras, como el único responsable del incidente tras perder el control en una curva elevada mientras conducía a exceso de velocidad.
Asimismo, la empresa Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, logró 143 acuerdos reparatorios por más de 480 millones de pesos costeados por su cuenta. Aunado a que el gobierno de la CDMX entregó 40 mil pesos a las familias de las víctimas para cubrir gastos inmediatos.
También se implementaron cambios en el reglamento de tránsito capitalino, los cuales incluyen limitar la velocidad a 30 km/h para el transporte de sustancias peligrosas, prohibir la circulación en la ciudad de vehículos con un cargamento que exceda los 40 mil litros y la obligatoriedad de aprobar un curso especializado para transportistas. Además de nuevas normas para la distribución de gas LP.