Dalila Sarabia · 17 de abril de 2026
Bajo el lema “Tacubaya no se vende, Tacubaya se defiende”, vecinos del Edificio Isabel —ubicado sobre avenida Revolución, esquina con José Martí— han iniciado una batalla en contra de la gentrificación que, desde hace cuatro meses, los presiona para obligarlos a desocupar sus departamentos, dividirlos, acondicionarlos y rentarlos al doble, o más, de lo que hoy pagan por arrendamiento.
Desde las pasadas fiestas decembrinas, alertaron, un tercio de los inquilinos han tenido que desalojar sus viviendas, incluidas familias que por 90 años vivieron en el inmueble construido en 1930 por el arquitecto Juan Segura.

Animal Político habló con inquilinos del inmueble quienes confirmaron que no existe posibilidad alguna de permanecer rentando ni con un incremento de renta, pues la Fundación Mier y Pesado —dueña y arrendataria del inmueble— les ha informado que no les renovará el contrato.
“Estamos viviendo una situación de desalojo silencioso, prácticamente es una expulsión del edificio Isabel por parte de la Fundación Mier y Pesado”, denunció una de las vecinas, quien lleva 10 años viviendo en el edificio y pidió no publicar su nombre.
Lee: Vecinos en CDMX temen desalojos porque inmobiliaria quiere hacer despachos y un hotel boutique
“La fundación externó la intención de desalojar todas las casas para fragmentar la vivienda, es decir, que una casa se convierta en varios inmuebles para obtener más ganancias. Ellos dicen que es para los fines de su fundación, sin embargo, al hacerlo incumplen con su objeto social porque están desalojando también a infancias y adultos mayores”, agregó.
Testimonios recabados coinciden en que cada año ha habido aumentos ilegales en las rentas que fueron solventados por los inquilinos; sin embargo, en esta ocasión no hay más opción que irse cuando terminen los contratos. Y es que, explicaron, la Fundación les hace llegar correos electrónicos cuando su contrato está por vencer, para hacerles del conocimiento que no habrá renovación y que se alisten para abandonar los departamentos.

“Nos estamos enfrentando a una situación muy compleja de pérdida de vivienda, que también atenta contra la pérdida del arraigo de la comunidad que es tan bonita aquí, en un contexto tan complejo como lo es el año del Mundial”, abundó la vecina.
En las viviendas que ya fueron desocupadas se puede observar cómo en una misma unidad privativa se hacen dos o más departamentos que, denunciaron los inquilinos, se están ofreciendo para alquiler de corta estancia.
Pero no solo eso, sino que en este proceso de gentrificación las viviendas no se están ofreciendo en Tacubaya, sino en “Condesa Sur”, una colonia que ni siquiera existe en la Ciudad de México.
“En un principio pensé que aquí no nos iba a llegar la gentrificación, pero ya cuando ponen los letreros que dicen Condesa Sur y no Tacubaya dices, ‘¿qué es esto?, ahí viene’”, compartió otra inquilina quien, también por miedo a represalias de la Fundación, pidió no publicar su nombre.
La situación por la que atraviesan los vecinos del Edificio Isabel no es nueva. Ya durante la pandemia del Covid-19 los inquilinos del emblemático Edificio Ermita —ubicado a dos cuadras— fueron desalojados con el pretexto de una “restauración patrimonial” que lo único que generó fue promover la gentrificación.

Ante la incertidumbre de lo que vendrá y al verse indefensos después de recibir el correo electrónico en el que la Fundación les informa que sus contratos no serán renovados, hay vecinos que poco a poco han empezado a regalar o vender sus cosas.
“Es tremendo ver la mudanza de alguien, o sea, la mudanza forzada de alguien que ha vivido toda su vida ahí, porque hay personas que han nacido en estas casas, que sus abuelos, abuelas, crecieron aquí, que aquí los tuvieron”, señalaron las inquilinas entrevistadas.
También lee: Negocios de barrio pierden la batalla contra la gentrificación; después de 40 años, la Frutería Pepe se va de Polanco
“He ido a visitar a vecinas y me han dicho, ‘yo lloro todos los días, y estoy súper triste’ y pues eso: ver cómo de repente ya solo tienen una silla en su sala y están esperando la fecha de entrega (el departamento) es tremendo”, subrayó.
Otras de las personas orilladas a mudarse han tenido que regresar a vivir con sus familias porque es insostenible pagar las rentas que hoy en día se piden en la Ciudad de México.

“Tenemos presente que no somos los únicos a los que nos está pasando esto y que no es la última vez que va a suceder, sino que es parte de un fenómeno mucho más grande de especulación inmobiliaria y de gentrificación, por lo que consideramos que si no hay nadie que haga la lucha, esto va a seguir pasando impunemente en todos lados”, soltó la mujer.
Y es que, detalló, la resistencia de los inquilinos del Edificio Isabel no es contra una adulta mayor que solo tiene este espacio de vivienda y necesita el dinero de las rentas para comprar sus medicinas, sino contra una fundación que se dedica a poner en renta inmuebles y que encabezando acciones de desalojo silencioso está siendo incongruente con sus estatutos.
Sigue leyendo: Gringo Tax, el colectivo de extranjeros contra la gentrificación que apoya a barrios de la CDMX
De hecho, reclamaron, de no ser por los correos electrónicos que le han llegado a quienes se les ha vencido su contrato, la Fundación no ha tenido ninguna comunicación con ellos.
“No se trata de la renta de un particular hacia nosotros o de una persona física, es una Fundación que dice tener un objeto social que en realidad tiene cientos de inmuebles por toda la Ciudad, tiene muchísimos edificios, departamentos y casas, y tiene antecedentes también de especulación inmobiliaria”, insistió la vecina.

A pesar de que el 15 de febrero pasado personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) acudió al Edificio Isabel a colocar sellos de suspensión de obras —pues las remodelaciones que se llevan a cabo en el inmueble presumiblemente carecen de permisos— los residentes pidieron la intervención de las autoridades capitalinas.
Entre otras peticiones, urgieron a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a que presente —como se comprometió— la Ley de Rentas Justas en la CDMX a fin de que los incrementos anuales no sean discrecionales y que con ello continúe la expulsión de habitantes. Aunque la mandataria había informado que la propuesta sería enviada en febrero pasado —cuando comenzó el periodo ordinario en el Congreso local— la iniciativa no se ha enviado.
Te podría interesar: Gobierno de la CDMX reactiva la Norma 26 “contra la gentrificación”; vecinos: es una maniobra para redensificar
Pero no solo eso, sino que ante el proceso de gentrificación en la colonia Tacubaya que ahora en anuncios de renta se promociona como “Condesa Sur”, los afectados solicitaron a Clara Brugada que sume a la colonia Tacubaya en las zonas de tensión inmobiliaria que incluyó en el Bando Antigentrificación el cual tampoco ha tenido un avance sustancial a pesar de que el Mundial de Fútbol está a dos meses de iniciar.
“Estamos luchando para hacer que la Fundación recapacite sobre esta acción, que no destruya el patrimonio arquitectónico y que no nos deje sin vivienda. También estamos pidiendo al Gobierno que tome este caso y que nos apoye, que se generen acciones que lleguen más allá de nosotras y nosotros, que lleguen a toda la Ciudad, incluso el país a través de una Ley de Rentas justas que proteja de una mejor manera a quienes rentamos; además, que se hagan acciones contra la gentrificación”, explicó otra de las inquilinas que ha vivido durante más de 14 años en el Edificio Isabel.

Algunos departamentos en donde anteriormente vivía una familia, informaron las vecinas, han sido divididos hasta en cinco nuevas propiedades con baño incluido. Una maniobra de construcción que requirió quitar los espacios comunes.
“(La apuesta es) un modelo de corta duración, de rotación exprés, tipo home y Airbnb”, subrayaron.
Dentro de su pliego petitorio también solicitan sancionar, a través de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, a la Fundación Mier y Pesado por la violación a los derechos humanos de las y los habitantes del Edificio Isabel, así como garantizar el derecho a la vivienda de las personas que habitan el inmueble, garantizando su permanencia en él.
“Ha habido personas que por miedo han entregado las casas con todo lo que eso implica, como el estrés de mudarse y dejar toda una vida en 30 días. Hemos visto vecinos y vecinas que llevan décadas viviendo aquí. Un vecino, cuya familia tenía 90 años en esa casa, se tuvo que ir y pasarse a un departamento pequeño, deshacerse de sus cosas y pues esto es una situación que genera mucha angustia y tristeza”, refirieron.