Jorge Avila · 31 de marzo de 2026
Mientras el “coloso de Santa Úrsula” esperaba su primer partido de fútbol en casi dos años, dos protestas ocurrían en las afueras y los alrededores del estadio. La primera, en Periférico Sur, donde distintas organizaciones y colectivos bloquearon la avenida en protesta por el Mundial de fútbol y las políticas de expulsión y gentrificación motivadas por este evento. La segunda fue realizada por colectivos de personas y madres buscadoras, que denunciaban el abandono del Estado hacia las personas desaparecidas frente al público que entraba al recinto.
También hubo quejas sobre la organización del evento: el largo tiempo de espera, la pésima logística para manejar un afluente masivo de personas y los problemas que causó no solo para quienes viven, sino transitan por la zona. Al final del día, quienes protestaban contra la gentrificación fueron agredidos por el cuerpo de granaderos; las cuadrillas de limpieza de Clara Brugada quitaron rápidamente las fichas de búsqueda pegadas por los colectivos, y las quejas de organización solo evidenciaron la ineptitud de autoridades y organizadores para que el partido ocurriera sin contratiempos. El denominador común en todo esto es el Estado mexicano.
Si nos apegamos a la idea más simple de Estado (territorio, población y gobierno), no extraña que esté en algo tan ajeno como un partido de fútbol. Si México es una sede mundialista de segunda clase fue por una decisión gubernamental transexenal iniciada por Peña Nieto, continuada por Andrés Manuel López Obrador y culminada (esperemos) por Claudia Sheinbaum. Los términos acordados por el gobierno mexicano, dictados casi unilateralmente por la FIFA, se convirtieron en programa de gobierno al definir políticas de transporte, vivienda y cuestiones fiscales favorables al organismo internacional.
Estas decisiones inciden sobre el territorio y la población. En el primer caso, y motivo de manifestación de las organizaciones y colectivos antigentrificación, eso significa pensar en la reorganización territorial, en vialidades y servicios de transporte, y en la demanda de hospedaje y vivienda propia del evento. Aunque las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) enfrentan procesos de gentrificación ajenos al Mundial, este ha sido un catalizador importante, sin una oferta de mejores servicios públicos ni controles de renta para prevenir el despojo y la expulsión.
En el caso de la población, motivo por el que los colectivos de búsqueda protestaron afuera del coloso de Santa Úrsula, no solo son las afectaciones causadas por las deficiencias o fallas en los servicios públicos y malas planeaciones de vivienda. El gobierno mexicano presentó el registro oficial de personas desaparecidas el viernes 27, un día antes del partido, y su presentación fue denunciada por especialistas y organizaciones porque el registro presentaba errores, omisiones y subrepresentación. Mientras el gobierno usa el Mundial como vitrina para presentar al país, actúa con dolo e irresponsabilidad ante un problema tan estructural como es la desaparición de personas.
Recibir un Mundial debería ser un motivo de celebración, más en un país futbolero como el nuestro; sin embargo, el aparador tras la vitrina no presentará un país alegre por recibir este evento después de 40 años. Más allá de la propaganda, nuestra vitrina mostrará la descomposición de los tres elementos básicos del Estado: un gobierno incompetente, indolente e incapaz de ofrecer servicios públicos y seguridad a su población (inútil hasta para organizar un evento); un territorio asediado por el despojo y la expulsión en nombre de la ganancia mundialista, y una población desaparecida y violentada ante la permisividad del gobierno. Una vitrina que exhibirá a un Estado mexicano en crisis.