Amparo frena reconstrucción de edificio dañado por el 19S; vecinos denuncian despojo

A prácticamente nueve años del sismo del 19 de septiembre de 2017, los vecinos del inmueble ubicado en Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, no sólo viven en riesgo permanente porque el edificio no ha sido rehabilitado, sino que además enfrentan, día a día, amenazas y riesgo de despojo por parte de individuos que llegaron a vivir tras el sismo.

Se trata de personas que se han apropiado de 14 de los 30 departamentos del edificio y que, pese a las mantas colocadas en el exterior para advertir sobre los daños estructurales del inmueble, promovieron un amparo que frenó la reconstrucción. En el recurso judicial señalaron a las autoridades de la Ciudad de México de intentar iniciar las obras sin garantizar la seguridad de quienes viven en el edificio.

Martha Patricia Rojas Hernández, actual administradora del inmueble, explicó que tras el sismo las autoridades dictaminaron que el inmueble tenía “Riesgo medio” por lo que la intervención era necesaria, pero no urgente. Además, los habitantes podían continuar viviendo ahí mientras iniciaban los trabajos.

Fue hasta 2024 cuando las autoridades se presentaron para dar inicio a los trabajos de rehabilitación, sin embargo, los vecinos que entre 2018 y 2024 compraron departamentos en el edificio —a quienes no se les considera damnificados, de acuerdo con la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México— promovieron un amparo para evitar que las autoridades comenzaran las obras.

Rojas Hernández detalló que el resto de los residentes nunca supo que ese amparo se había promovido, pues los anteriores administradores no les notificaron. Se enteraron cuando la empresa que realizaría la rehabilitación tuvo que retirarse del edificio.

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“Empezaron los trabajos, las excavaciones y todo, pero se suspendieron por los amparos de algunos vecinos que compraron después del sismo”, subrayó María Sara Navarro, residente del inmueble desde el 2000.

En tanto se resuelve el amparo para que el inmueble sea rehabilitado, los nuevos dueños no solo continúan presionando a los residentes para que les vendan sus propiedades, sino que se niegan a entablar diálogo con los vecinos y las autoridades. Incluso, vecinas entrevistadas compartieron que han sido amenazadas verbalmente y con perros de pelea dentro del edificio.

“En el 2024 no nos defendimos, no interpusimos ningún medio de defensa porque el administrador en funciones ocultó las notificaciones que eran importantes para la cuestión jurídica”, detalló la actual administradora del edificio.

“Las autoridades, inclusive el INVI (instancia que ahora quedó a cargo de la oficina de Reconstrucción), han tratado de negociar, han tratado de llegar a un acuerdo con esas personas para que permitan la reconstrucción, porque la afectación no solamente es al condominio, sino a los colindantes”, agregó. Sin embargo, no ha habido avances.

En entrevista con Animal Político, Inti Muñoz, secretario de vivienda de la Ciudad de México, sostuvo que la postura de la secretaría como de la Comisión para la Reconstrucción es muy clara: “el edificio debe rehabilitarse. No nos podemos retrasar mucho tiempo en concluir la tarea porque tiene un grado importante de riesgo que debe ser mitigado”.

“Desconocemos las razones o las condiciones en las cuales pudieron darse operaciones de compraventa en un edificio dañado. También suponemos que puede haber algún tipo de interés de particulares. A lo mejor estos nuevos propietarios o posibles nuevos propietarios no quieren pagar la reconstrucción”, dijo el funcionario.

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Y es que, recordó, la Ley de la Reconstrucción es clara: cuando un particular adquiere un departamento afectado por el sismo de 2017 no es beneficiario de los trabajos de reconstrucción.

Muñoz aseguró que el gobierno de la Ciudad de México seguirá acompañando a los condóminos originales tanto en el terreno jurídico como en el técnico, para que la rehabilitación del edificio se concluya lo antes posible.

“Hacemos un respetuoso llamado al juez para que resuelva en favor de las familias damnificadas, en favor del interés público, y para evitar que haya riesgo para las personas. Hacemos un extrañamiento a quienes participen en operaciones que no sean del todo honestas y que estén buscando algún tipo de ventaja o ganancia particular”, señaló.

Este tipo de conductas, de quienes estén buscando un usufructo indebido a partir de la compraventa de departamentos afectados por el sismo, es algo que, informó, se está analizando para primero señalarlas y eventualmente sancionarlas.

Frenan segundo intento de reconstrucción

El 9 de febrero pasado, y luego de un largo camino de trámites, se retomaron los trabajos de rehabilitación del inmueble ubicado en Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle;  sin embargo, los quejosos encontraron que otro vecino impugnó la medida y el Poder Judicial resolvió de nueva cuenta que las obras debían suspenderse.

“Volvimos a lo mismo: impugnaron otra vez y la volvieron a suspender el 14 de marzo (…) es una verdadera preocupación, frustración de los vecinos, vecinas, porque no sentimos apoyo de la autoridad, del gobierno. No hay una coordinación con Protección Civil. El Poder Judicial no nos protege. Solicitamos que haya coordinación de toda la gente que nos puede ayudar”, reprochó Martha Patricia Rojas Hernández, actual administradora del edificio.

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Aunque la Secretaría de Vivienda ha apoyado a los vecinos del inmueble frente a la suspensión de la obra que determinó María Elena Lugo del Castillo, jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, no hay mucho qué hacer. Y aunque los residentes afectados —en su mayoría mujeres— han tocado la puerta de la alcaldía Benito Juárez, no han sido escuchados.

Estos últimos meses han recibido el apoyo del concejal de Morena en la demarcación, Hugo Torres, quien ha buscado interceder y hacer que este caso sea visto y atendido con prontitud por las autoridades, pues el riesgo no solo es para las familias que habitan el inmueble, sino también para las decenas que viven en los alrededores.

“Esa es la exigencia: que haya coordinación entre la alcaldía y el gobierno central para atender la emergencia (…) No existe la coordinación porque en la agenda que tienen el gobierno de la ciudad y la alcaldía no han puesto el tema de Patricio Sanz”, reprochó el concejal.

Temor latente al despojo

“Ahorita tomamos algunas acciones como bloquear los elevadores en los pisos 5 y 6, ¿por qué? Porque no hemos conocido a los vecinos que han comprado”, explicó la administradora. Agregó que también se colocaron tapiales para evitar que personas ajenas al edificio puedan acceder y al ver que algunos espacios están desocupados intenten ingresar por la fuerza. Actualmente el inmueble está ocupado aproximadamente en un 50 %.

Las vecinas afectadas y entrevistadas detallaron que algunos de los departamentos se han adquirido a través de créditos bancarios y mientras están en proceso de pago son utilizados como habitaciones de corta estancia.

“Supuestamente hay un dueño, pero el dueño real, o sea, el adquirente por medio de ese título crediticio, no existe. Entonces uno se enfrenta a personas que vienen de manera violenta ‘es que yo compré, es que esto’ y son los que inician el problema”, compartieron

Martha Patricia, por ejemplo, narró cómo tras el sismo de 2017 llegaron personas hasta su puerta para hacerle una oferta de compra por su departamento.

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“Vino una señora que es la que se supone que es dueña de otros departamentos, pero no aparece en ningún lado su nombre, y me dijo: ‘mira, yo traigo un crédito aprobado y tengo así otros departamentos aquí en esta zona. Traigo un crédito aprobado por tal cantidad, pero vamos a hacer un contrato por una cantidad menor. Yo te doy cierta cantidad en efectivo. Tú finges que yo te doy para que el banco me dé ese monto para reparar y arreglar”, recordó.

“Yo dije ‘no, pues está muy extraño’, pero hubo vecinos que aparentemente sí aceptaron. Y era esta misma mujer la que los buscaba a todos, o sea que anduvo viendo con quién lo podía hacer… y después se le unió otro vecino, que es la persona que nos ha agredido a varias mujeres aquí en el condominio”, agregó.

De hecho, en el inmueble distintos bancos han dejado notificaciones para que paguen las personas a quienes les aprobaron créditos, pues suman meses y meses sin pagar.

“Han venido aquí con policías y granaderos a buscar a esas personas que desconocemos quiénes son”, subrayó la vecina.

Los condóminos han tenido que reforzar las medidas de cuidado de sus propiedades porque saben que no están exentos de que las personas que se han ido apropiando de los departamentos quieran ocupar ilegalmente los suyos.

De hecho, han buscado confundir a algunos de los vecinos asegurándoles que quien busca quitarles sus propiedades, con el pretexto de la reconstrucción, es el propio gobierno.

“Hay algo muy importante que yo considero grave: ellos están hablando de que nosotros los queremos despojar y es al revés. Lo repiten  insistentemente y de hecho los disidentes (…) piensan que se están defendiendo contra un despojo, un despojo de parte  nuestra e incluso de parte del gobierno”, alertó la vecina Jeannie Aiza. 

Aunque el inmueble cuenta con seguridad, la administradora explicó que las personas que entran y salen son muy cambiantes porque los departamentos están rentados.

“Nos ha tocado de ‘se registra, por favor’ y empiezan con ‘por qué’, ‘yo no sé’ y esa agresión es generalizada. Nos ven y de verdad hasta nos graban cuando vamos por el pasillo”, abundó Rojas Hernández.

Defensa del condominio

Para hacer frente a estos hechos en los que las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, el gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial no se han articulado para ayudarles, en la última asamblea vecinal los condóminos aprobaron pagar una cuota extraordinaria para contratar a un abogado que diseñe una estrategia para defenderlos como terceros interesados en el juicio y que se tome en cuenta la afectación que se les está causando, informó la administradora.

El objetivo, agregó, es lograr que se levante la suspensión de las obras y con ello, por fin, se de paso a la rehabilitación del inmueble ubicado en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez.

“Tenemos claridad de las razones jurídicas y técnicas para que se determine que es de sentido común y de interés público concluir correctamente la rehabilitación del edificio”, subrayó el secretario de vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz.