Animal Político · 2 de julio de 2026
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la nueva Ley del Sistema de Cuidados abre una ruta para “desfemizar, desmercantilizar y desfamiliarizar” el trabajo de los cuidados, al señalar que este ha sido históricamente una carga asignada de manera desproporcionada a las mujeres y a los hogares.
La declaración se realizó este jueves durante la ceremonia de promulgación de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, un acto oficial del gobierno capitalino encabezado por Brugada, en el que se presentó formalmente la nueva legislación que reconoce el derecho al cuidado y establece el sistema público de cuidados en la capital.
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Durante su mensaje, la mandataria local sostuvo que la ley forma parte de un proceso de transformación institucional para reorganizar las responsabilidades del cuidado entre distintos actores sociales y el Estado. En ese contexto, señaló:
“Segundo, esta ley abre una ruta para desfemizar, desmercantilizar y desfamiliarizar el trabajo de los cuidados. Cuidar es indispensable para el conjunto de la sociedad y es responsabilidad de todas y todos, no solo de las mujeres. No solo de las familias, no solo del mercado y no solo del gobierno”.
Brugada añadió que el trabajo de cuidados ha recaído de forma persistente sobre las mujeres, y que la legislación busca reconocerlo como una responsabilidad social amplia. En su intervención también sostuvo que el cuidado constituye una necesidad humana universal y que la política pública debe orientarse a su garantía como derecho.
En el acto participaron representantes del Congreso de la Ciudad de México, integrantes del gabinete capitalino y organizaciones internacionales.
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi, señaló que la promulgación representa la traducción de compromisos internacionales en política pública, y afirmó que la experiencia de la ciudad muestra que los acuerdos multilaterales adquieren valor cuando se convierten en servicios y derechos.

Por su parte, la diputada Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, señaló que el proceso legislativo incluyó consultas con más de seis mil personas y más de 150 organizaciones, y destacó que el diagnóstico que acompañó la discusión identificó que una proporción mayoritaria de las personas cuidadoras no se siente reconocida ni acompañada por el sistema actual.
El coordinador parlamentario del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, señaló que la ley fue resultado de un proceso de deliberación entre distintas fuerzas políticas y que su aprobación se dio en un contexto de consenso legislativo. También planteó que el principal desafío se encuentra en su implementación y en el fortalecimiento de mecanismos de evaluación, transparencia y coordinación institucional.
La iniciativa fue presentada en marzo de 2026 por la jefa de Gobierno y posteriormente sometida a un proceso de parlamento abierto entre abril y mayo del mismo año, con audiencias públicas en distintas alcaldías. El 21 de mayo las comisiones dictaminaron el proyecto y el 26 de mayo fue aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso capitalino.
Tras su promulgación este 2 de julio de 2026, la ley establece la creación del Sistema Público de Cuidados y contempla la instalación de una Junta de Cuidados como órgano rector. También prevé un plazo de 90 días naturales para la puesta en marcha de esta estructura institucional encargada de coordinar los servicios, infraestructura y programas derivados de la nueva legislación.
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Un día después de su aprobación en el Congreso capitalino, organizaciones y colectivos nacionales e internacionales, así como familiares y personas vinculadas a procesos de acompañamiento a personas privadas de la libertad, difundieron un posicionamiento en el que señalaron que la ley deja fuera a quienes realizan labores de cuidado de personas en situación de reclusión.
El posicionamiento plantea que estas personas realizan tareas de cuidado materiales, económicas, emocionales, jurídicas y administrativas derivadas de la privación de la libertad, y que en su mayoría son mujeres que ven incrementada su carga de trabajo. También señala que la omisión de este grupo reproduce una visión incompleta del sistema de cuidados.

El documento hace referencia a la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al cuidado en sus dimensiones de cuidar, ser cuidado y autocuidado, así como a la Resolución 2/25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se llama a los Estados a atender los impactos de la privación de la libertad en las familias.
En ese sentido, el posicionamiento propone el reconocimiento de las personas cuidadoras de población privada de la libertad dentro del sistema, así como la implementación de medidas como apoyos económicos y de movilidad para traslados, módulos de información jurídica y administrativa accesible, mecanismos de queja frente a malos tratos, condiciones dignas de ingreso y estancia en centros penitenciarios, e indicadores públicos sobre cargas de cuidado y violencia institucional.