Ley de cuidados de la Ciudad de México: el cuidado ya es una cuestión de Estado

Por Lourdes Jiménez Brito*

La reciente aprobación de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México es una de las noticias más relevantes para la agenda de igualdad, bienestar y derechos de los últimos años en el país. A diferencia de otras iniciativas sociales, esta ley da un paso decisivo hacia la construcción de las bases institucionales necesarias para reconocer que cuidar, recibir cuidados y el autocuidado son derechos humanos, así como responsabilidades que no pueden seguir descansando exclusivamente en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres y las niñas.

Uno de los aspectos más valiosos de este proceso es que es resultado de un amplio ejercicio de participación ciudadana. Durante meses, personas cuidadoras, personas que requieren cuidados, organizaciones sociales, academia, organismos internacionales e instituciones públicas contribuyeron a la discusión de una propuesta destinada a responder a un problema que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas: la distribución desigual del trabajo de cuidados.

La aprobación unánime de la ley por parte del Congreso de la Ciudad de México constituye otro hecho significativo. En un contexto político frecuentemente marcado por la polarización, resulta relevante que todas las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un sistema público de cuidados. Este consenso refleja que, finalmente, el cuidado comienza a ser entendido como un asunto de interés público y gubernamental y una responsabilidad colectiva, más allá de diferencias partidistas o ideológicas.

En una agenda históricamente asociada con las demandas de las mujeres, la unanimidad legislativa envía la señal, muy poderosa, de que el cuidado ha dejado de ser un tema sectorial para convertirse en una cuestión de Estado.

Sin embargo, sería un error pensar que la aprobación de la ley representa el punto de llegada. Más bien, marca el inicio de una etapa compleja y decisiva: la implementación.

La experiencia regional demuestra que el reconocimiento normativo es una condición necesaria para institucionalizar y sostener las políticas de cuidados, pero no es suficiente para transformar la vida cotidiana de las personas. Los sistemas de cuidados requieren instituciones sólidas, coordinación intersectorial, mecanismos de evaluación y, sobre todo, servicios accesibles y de calidad que permitan reducir y redistribuir la enorme carga de trabajo de cuidados que hoy sigue recayendo de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas.

La relevancia de esta ley también debe leerse en un contexto regional

Precisamente por ello, esta ley debe entenderse como un paso fundamental en la consolidación del derecho al cuidado. Las leyes importan porque crean obligaciones para el Estado, establecen responsabilidades, generan mecanismos de coordinación y ofrecen un marco desde el cual la ciudadanía puede exigir el cumplimiento de sus derechos.

En un contexto donde muchas iniciativas de cuidados han dependido de coyunturas políticas o de voluntades temporales, contar con un marco legal fortalece la estabilidad, continuidad y exigibilidad de esta agenda.

La relevancia de este avance también debe leerse en un contexto regional. América Latina y el Caribe han protagonizado una transformación sin precedentes en materia de políticas de cuidados durante las últimas dos décadas. Este proceso alcanzó recientemente un nuevo hito con la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado.

En una decisión histórica, la Corte estableció que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas normativas e institucionales para garantizar la efectividad del derecho al cuidado y sus alcances, lo que incluye que se reconozca el derecho de todas las personas de cuidar y ser cuidadas.

Por ello, la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México representa mucho más que una innovación local. Constituye un laboratorio institucional capaz de ofrecer aprendizajes valiosos para otras entidades federativas y para la futura construcción de un Sistema Nacional de Cuidados.

Su aprobación demuestra que es posible construir acuerdos amplios alrededor de una agenda históricamente postergada y avanzar hacia un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad, la igualdad y el reconocimiento del valor económico y social de los cuidados.

La asignación presupuestaria, el indicador de la prioridad

Pero para que ello ocurra será indispensable garantizar recursos suficientes. La verdadera prueba del compromiso político llegará cuando se definan los presupuestos destinados a ampliar servicios, fortalecer infraestructura, formar personal especializado en condiciones laborales dignas y desarrollar mecanismos de apoyo para las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas.

La asignación presupuestaria será, en última instancia, el indicador más claro de la prioridad que el cuidado ocupa dentro de la agenda pública.

La Ciudad de México ha enviado una señal política e institucional relevante. Ha demostrado que el cuidado puede ocupar un lugar central en las políticas públicas, que es posible construir consensos amplios en torno a esta materia y que la ciudadanía está dispuesta a participar activamente en su diseño.

El desafío ahora consiste en convertir esa voluntad política en servicios, presupuesto y protección efectiva para quienes cuidan y para quienes requieren cuidados.

El verdadero éxito de esta ley se medirá por su capacidad para transformar la vida cotidiana de las personas que habitan esta ciudad. Y esa transformación dependerá de que el derecho al cuidado deje de ser una aspiración y se convierta, finalmente, en una garantía efectiva respaldada por instituciones sólidas, políticas sostenidas y recursos suficientes para sostener la vida con dignidad. ♦

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*Lourdes Jiménez Brito es investigadora especialista en el área de cuidados y seguridad social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Politóloga, especialista en Administración Pública, maestra en Derecho Constitucional y maestra en Análisis, Gestión y Derechos Electoral. Tiene especialización en Políticas de Cuidado con Perspectiva de Género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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