CDMX busca frenar alza en renta de inmuebles; prevé multas de 46 mil pesos para quien rebase el tope

El gobierno de la Ciudad de México busca frenar el incremento excesivo en la renta de inmuebles, por lo que envió al Congreso local la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que propone que el incremento anual no pueda ser superior a la inflación del año inmediato anterior. En caso de que esta disposición no se cumpla, los arrendadores podrían ser multados hasta con 47 mil pesos. 

La propuesta también contempla la obligatoriedad de que cada contrato que se celebre en la CDMX sea registrado en una plataforma digital desarrollada y operada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Si el arrendador no lo registra dentro de los 30 días posteriores a su celebración, podrá ser multado; en este caso, la propuesta faculta a los arrendatarios para registrar el contrato.

El artículo 18 de la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señala que además de las previstas en el Código Civil, “la persona arrendadora tendrá las siguientes obligaciones […] que el incremento anual en el precio de la renta, con independencia del cambio de arrendatario, no sobrepase el incremento inflacionario reportado por el INEGI para el año inmediato anterior”.

Asimismo, el precio de la renta será único, con excepción de las cuotas de mantenimiento o pago de servicios. “Es obligado señalar que esta propuesta no congela las rentas: permite actualizarlas cada año, siempre dentro de ese límite, y busca que la regla sea clara y pueda hacerse valer”, se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa.

“(Se busca) que rentar una vivienda sea una opción más segura y asequible, con reglas que den certeza tanto a quienes alquilan como a quienes ofrecen un inmueble. Su propósito es que las personas puedan hacer su vida en la ciudad sin quedar expuestas a aumentos imprevisibles, prácticas abusivas o falta de orientación, y que quienes ponen una vivienda en renta cuenten con reglas estables”, se agrega.

Derechos y obligaciones para arrendadores y arrendatarios

La iniciativa que presentó Clara Brugada al Congreso local durante su Segundo Informe de Gobierno contempla derechos y obligaciones que deberán cumplir los arrendadores y los arrendatarios. 

“Al término del contrato, en caso de que la persona arrendadora ofrezca a la persona arrendataria la renovación del contrato fijando una suma que exceda el aumento permitido, la persona arrendataria podrá optar por realizar el pago de la suma que corresponda a la última renta pactada más el porcentaje de inflación reportado por el INEGI a través de la vía pactada en el contrato o mediante la consignación en el juzgado correspondiente, entendiéndose a partir de ese momento que el contrato queda prorrogado por un plazo adicional de un año, en relación con el pactado originalmente”, se detalla en la publicación.

El texto también prohíbe los procesos de selección o investigación de las personas arrendatarias, salvo aquellos estrictamente relacionados con su solvencia económica y los expresamente autorizados. 

Registro de contratos y sanciones

La ADIP establecerá un registro digital de los contratos de arrendamiento que se celebren en la Ciudad de México. De acuerdo con la iniciativa “la persona arrendadora contará, a partir del momento en que reciba la Constancia de Inscripción correspondiente, con treinta días naturales para hacer entrega a la persona arrendataria de dicha Constancia. El incumplimiento de esta obligación será sancionado por la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias”.

A quienes omitan registrar oportunamente el contrato de arrendamiento y entregar la constancia respectiva a la persona arrendataria se les impondrá una multa de uno a tres meses de la renta pactada, pero “no será aplicable la multa en caso de que el contrato haya sido registrado por la persona arrendataria dentro del plazo otorgado por esta Ley a la persona arrendadora”.

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La Defensoría Inquilinaria será una unidad administrativa adscrita a la Procuraduría Social (Prosoc) que tendrá como objetivo promover el cumplimiento de los derechos y las obligaciones tanto de las personas arrendatarias como de las arrendadoras para tener relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas.

Los arrendadores que no entreguen un ejemplar original del contrato a sus arrendatarios se harán acreedores a multas que irán de 25 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes, es decir, entre 2 mil 932 y 5 mil 863 pesos.

Además, a quienes busquen imponer a la renta incrementos superiores a los permitidos en la ley propuesta se les impondrá una multa que va de 100 a 400 UMA vigentes, es decir, entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos.

En caso de que las personas arrendatarias utilicen el inmueble para fines distintos al uso habitacional, sin consentimiento expreso de la persona arrendadora, podrán hacerse acreedores a multas de 50 a 100 UMA, es decir, de 5 mil 865 a 11 mil 731 pesos. 

Cuando hagan modificaciones al inmueble sin consentimiento expreso de la persona arrendadora, las multas previstas van de las 50 a las 200 UMA, es decir, de los 5 mil 865 a los 23 mil 462 pesos. “La aplicación de las sanciones se hará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que puedan ejercer las personas arrendadoras y arrendatarias ante las instancias u órganos jurisdiccionales competentes”, subraya la propuesta de ley. 

Acciones contra el despojo

La iniciativa de ley enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contempla también un capítulo relativo a la protección de las personas frente a situaciones de despojo a partir de una resolución judicial.   

Propone establecer un “Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, como un mecanismo permanente de coordinación, cuyo objeto es articular acciones de carácter social, preventivo y de protección de derechos humanos en el marco de diligencias de desalojo de inmuebles destinados a la habitación, sin intervenir ni obstaculizar la función jurisdiccional”. 

Este gabinete estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Gobierno y será integrado por las personas titulares de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como por los secretarios de Vivienda, Bienestar, Seguridad, Protección Civil y el DIF, y por el titular del C5, PAOT y quien esté al frente de la Defensoría Inquilinaria. 

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El objetivo del gabinete será identificar casos de riesgo social, humanitario o de vulnerabilidad asociados a procedimientos de desalojo; coordinar las acciones institucionales para procurar una instancia de conciliación antes de la ejecución de un procedimiento de desalojo. Además, generar acciones para que las partes logren acuerdos de mutuo beneficio, con el fin de que el cumplimiento de la resolución judicial se realice de forma pacífica, concertada y en estricto apego a derecho. 

“Aquellos eventos de desalojo habitacional violento serán atendidos de manera inmediata. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) será responsable de la recepción, registro y canalización de las solicitudes de auxilio en esta materia”, según la propuesta. 

Una vez que esta iniciativa de ley sea aprobada por el Congreso capitalino, la jefa de Gobierno contará con 90 días para expedir el Reglamento de la Ley, así como el decreto de creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias.

La Secretaría de Gobierno contará con un plazo no mayor a 90 días posteriores a la publicación del decreto para instalar el Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos. En ese mismo plazo la Agencia Digital de Innovación Pública deberá poner en funcionamiento el registro digital de contratos de arrendamiento habitacional.

“La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá emitir una Resolución de Carácter General para el otorgamiento de beneficios a favor de los propietarios de inmuebles que celebren contratos de arrendamiento multianuales, así como a favor de aquellos propietarios de inmuebles que aumenten la oferta de vivienda en renta asequible”, se precisa en los artículos transitorios.