Dalila Sarabia · 22 de abril de 2026
La iniciativa para que en la Ciudad de México haya una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles aún deberá esperar algunos meses, pues el gobierno capitalino apostó, en primer momento, por impulsar cambios constitucionales para que anualmente las rentas no puedan incrementarse más allá de la inflación, se cree un instituto de defensa de arrendatarios e inquilinos, se aumente la reserva territorial para la construcción de vivienda asequible y se reconozca el derecho al arraigo comunitario.
“Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que con esta iniciativa —que ya no se podrá discutir en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, sino hasta septiembre— se da el primer paso para garantizar el derecho a la vivienda y la protección jurídica a quienes rentan en la capital del país.
“Blindamos el horizonte compartido (…) porque cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, subrayó Brugada.
En un segundo momento —para el cual no dio plazos— enviará al Legislativo la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles para con ello dar respuesta a la exigencia de las mayorías sociales, “una demanda que históricamente ha sido levantada desde las calles, expresada en foros y en diversos espacios de participación y ha sido enarbolada también por movimientos y organizaciones de la sociedad civil”.
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Aunque no abundó en cuáles serán los ejes que contendrá la iniciativa, Brugada adelantó que se contará con un registro de los inmuebles que están en renta en la Ciudad de Mexico y a fin de que se respete la disposición, si el arrendatario no se da de alta, la ley facultará al inquilino para que de de alta el inmueble arrendado.
Así, sostuvo, no solo se evitará que se vulnere la disposición, sino que protegerá a los inquilinos de aumentos discrecionales de rentas.
Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, señaló que esta reforma constitucional permitirá dar certeza jurídica en materia de rentas, en línea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y enfatizó que la solución de fondo implica incrementar significativamente la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada.

Durante su mensaje, y a fin de poder dimensionar la problemática de vivienda que se tiene en la Ciudad de México, Clara Brugada compartió algunos datos.
Por ejemplo, en la CDMX, dijo, 2 millones de personas habitan en vivienda rentada; es decir, uno de cada cuatro capitalinos. Pero no solo eso, el fenómeno de la vivienda en alquiler, va en aumento: entre 2010 y 2020 creció en 135 mil el número de personas que rentan.
“Y en la ciudad central, más del 40 por ciento de la población paga renta. Un porcentaje muy superior al promedio observado en el conjunto de la ciudad”, detalló.
Según investigaciones académicas, entre 2019 y 2023, el precio de la renta en algunas zonas ha aumentado más del 30 por ciento y de acuerdo con datos de Sociedad Hipotecaria Federal, en los últimos años -del 2015 al 2025- se duplicó el precio de la vivienda en la Ciudad de México.
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“Casi el 40 por ciento de los hogares más pobres de la ciudad, rentan; más del doble del porcentaje observado entre los sectores más ricos. Los más pobres llegan a destinar casi la mitad de su ingreso, para su renta”, alertó la mandataria. Solo en 2020 —y en la coyuntura de la pandemia de Covid-19—, la Ciudad de México expulsó aproximadamente a medio millón de personas.
Ahora bien, en lo que respecta a los jóvenes que viven en la Ciudad, Brugada informó que más de la mitad de las personas que rentan son menores de 30 años y sólo uno de cada 10 cuenta con vivienda propia.
Dos de cada tres jóvenes viven en una vivienda rentada. Entre 2018 y 2024, también aumentó el porcentaje de jóvenes mayores de edad que no estudian y que siguen viviendo con sus padres, porque no pueden pagar renta.
“Lo anterior dibuja la dimensión del problema de la vivienda; un problema que impacta en mayor medida a los sectores más pobres y también a los jóvenes. Así, hoy les presentamos los cuatro puntos incluidos en la reforma constitucional que proponemos y que serán la base para la próxima Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles”, dijo la Jefa de Gobierno.