Caso Carlos Manzo: las detenciones, el celular y las preguntas pendientes
Manu Ureste · 30 de octubre de 2026
La investigación del asesinato de Carlos Manzo volvió al Ayuntamiento de Uruapan a tres días del primer aniversario del crimen.
La Fiscalía de Michoacán detuvo el 29 de octubre a Rosa Alejandra ”N”, secretaria de Bienestar municipal, por presunto encubrimiento. La captura se suma a la de los escoltas del edil asesinado y de un funcionario municipal acusado de filtrar los movimientos de Manzo a la célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que, según las autoridades, organizó y ejecutó el ataque.
Ocho días antes, en un café junto a la Casa de la Cultura donde despachaba su hermano, Juan Daniel Manzo resumió así su lectura de las pesquisas: “Yo no quito el dedo del renglón de ninguna línea. Pero hasta ahorita el crimen de Carlos Manzo está más cerca del Movimiento del Sombrero que de Morena”.
La viuda y sucesora del alcalde, Grecia Quiroz, mira la investigación desde la desconfianza. Tras la detención de su colaboradora, acusó a la fiscalía michoacana de utilizar el caso con fines político-electorales para “desarticular este gobierno” y al movimiento. Reiteró su disposición a colaborar y señaló que corresponde a las autoridades explicar el motivo de la captura. “Si hay alguien interesada en que se esclarezca este caso, precisamente soy yo”, afirmó.
Desde dentro del movimiento, el regidor Víctor Hugo de la Cruz, ‘Saladitas’, cuestionó que se hable de una traición por las detenciones de colaboradores o las fotografías y relaciones de padrinazgo con otros investigados.
A casi un año del asesinato, las autoridades señalan que una célula criminal recibió información desde el propio Ayuntamiento para seguir los movimientos de Manzo y organizar el ataque.
Mientras Juan exige investigar a más personas del entorno de su hermano, Grecia y el movimiento reclaman que también se investigue a sus adversarios políticos en Morena. Sigue pendiente esclarecer quiénes más participaron y por qué falló la protección del alcalde.
La detención de Bienestar y el círculo cercano
La secretaria de Bienestar de Uruapan fue detenida durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones. De acuerdo con la información oficial recogida por Grupo Animal, con la captura de la funcionaria municipal el balance acumulado llegó a 34 personas detenidas relacionadas con las investigaciones.
Antes de la captura, el vicefiscal michoacano, Israel Vega, había informado que la funcionaria no atendió citatorios para comparecer, por lo que se le impuso una multa. También señaló sus vínculos familiares: es madre de Alejandro “N”, ”El Macas”, uno de los escoltas de Carlos Manzo investigados, y tía de Alexis ”N”, ”El Brilloso”, y Christian ”N”. El Vikingo”. A estos dos últimos, las autoridades los vinculan con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y les atribuyen una presunta participación en la planeación del asesinato. Los tres fueron trasladados al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
En entrevista con este medio el 21 de octubre, Juan Manzo cuenta que una persona del Ayuntamiento le dijo que “El Brilloso” y ”El Vikingo” eran sobrinos de la secretaria de Bienestar, “Rosy Vargas”. Según su relato, esa persona también le contó que había asistido con Grecia Quiroz a una fiesta de quince años de la hermana de los detenidos y que se habían tomado fotografías.
“Revisé la carpeta de investigación donde los vinculan. Ahí vienen los chats, la fotografía y muchas cosas”, afirma Juan. Por eso insiste en que se investigue a más personas del Movimiento del Sombrero.
Por otro lado, el regidor Víctor ‘Saladitas’ cuestiona que se hable de una traición del equipo de Carlos solo porque entre los detenidos hay personas que trabajaron con él o lo conocían.
“No hay que engañar a la gente cuando se dice: ‘Es que era cercano’. Eso lo engrandecen para querer desviar el reflector y decir: ‘Su propia gente lo traicionó’, cuando no fue así”, dice.
Sobre los investigados señalados como ahijados de Carlos —Alexis “N”, “El Brilloso”, y Christian “N”, “El Vikingo”—, argumenta que el alcalde aceptaba muchas peticiones de padrinazgo y se fotografiaba con quienes se acercaban a él en sus recorridos por el municipio.
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“Carlos tenía muchísimos ahijados. Iba a una colonia y la señora de la tienda: ‘Presidente, quiero que sea padrino de mi hijo’. Sí. ‘Quiero que sea padrino de mi hija’. Sí. A todo el mundo le decía que sí”, relata.
La ruta de información que señalan las autoridades
Las sospechas sobre filtraciones desde el Ayuntamiento tienen antecedentes en actuaciones anunciadas meses antes.
El 11 de enero, el Gabinete de Seguridad federal informó de las detenciones de Samuel “N”, entonces funcionario de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Carlos Manzo, y Josué “N”, ”El Viejito”, un taxista que, según la Fiscalía, le suministraba droga. La acusación sostiene que Samuel habría entregado información sobre los movimientos del alcalde a cambio de droga y posteriormente el taxista la transmitía a la célula criminal del Cártel Jalisco.
Grupo Animal documentó el 12 de enero que ambos fueron vinculados a proceso y recibieron prisión preventiva oficiosa. En esa audiencia, según la información difundida por la Fiscalía, el juez de control consideró que existían elementos sobre una participación intencional en la planeación y una filtración sistemática de información por parte de Samuel, el funcionario municipal.
La reconstrucción difundida por las autoridades atribuye a Samuel la entrega de horarios, movimientos y una fotografía del alcalde a “El Viejito”. Esa información habría llegado al grupo de WhatsApp coordinado por Jorge Armando ”N”, “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales y líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco.
Los dispositivos de otros investigados también fueron relevantes. Las autoridades utilizaron los teléfonos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, señalados como acompañantes de Víctor Manuel “N”, el adolescente de 17 años identificado como el tirador, para reconstruir comunicaciones sobre el seguimiento del alcalde, instrucciones para disparar y acciones posteriores al homicidio. Ambos fueron encontrados muertos después del ataque.
Grecia Quiroz ya había rechazado en enero que Samuel perteneciera al Movimiento del Sombrero. Sostuvo que se incorporó al Ayuntamiento tras presentar su currículum y calificó su presunta actuación como una traición a la confianza laboral que Carlos le había dado.
La hipótesis criminal y la exigencia de investigar a políticos
En el balance presentado el 16 de octubre, la Fiscalía sostuvo que su principal hipótesis era una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad de Manzo, particularmente la detención de René ”N”, “El Rino”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. También identificó a Ramón Ángel ”N”, “El R1”, y a “El Licenciado” como presuntos autores intelectuales del asesinato.
Ante una pregunta sobre Raúl Morón, Ignacio Campos y Leonel Godoy, políticos de Morena y adversarios de Manzo a quienes Quiroz ha pedido investigar, el vicefiscal michoacano, Israel Vega, respondió que las diligencias no indicaban hasta ese momento una participación política.
Grecia discrepa de cerrar esa posibilidad. En la entrevista del 20 de octubre con Animal Político, realizada en la Casa de la Cultura donde despacha como alcaldesa, reconoció la intervención de la delincuencia organizada, pero pide investigar si hubo otros intereses detrás.
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“La línea política no puede quedar de lado”, sostiene. “Yo sé, por supuesto, que tuvo participación la delincuencia organizada, pero hoy en día sabemos cuántos políticos tienen pactos y vínculos con la delincuencia, ¿y qué les costaba a ellos pedir un favor para que pudieran quitar a Carlos del camino”.
El regidor Víctor ‘Saladitas’ coincide en exigir esa revisión: “Yo considero que sí hay todavía una línea política que investigar y que no fue solamente el crimen organizado”.
Juan Manzo, por su parte, afirma que el avance de las pesquisas modificó su interpretación. Dice que también pidió investigar a políticos de Morena, su propio partido, y que mantiene abiertas sus dudas, aunque ahora coloca el foco en personas relacionadas con el entorno de Carlos y el Movimiento del Sombrero.
“Carlos era muy bravo, pero muy ingenuo. Confiaba demasiado”, sostiene. “Y creo que confió en una serie de gentes equivocadas”.
Juan también reconoce un posible vínculo indirecto con políticos de Morena, como denuncia Quiroz y el Movimiento del Sombrero. Según su versión, un hermano de “El R1”, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato, habría trabajado políticamente con Leonel Godoy, a quien relaciona a su vez con Raúl Morón.
“De los dos lados hay vínculos en la célula que atacó a Carlos”, señala. Por eso, aunque ahora centra sus cuestionamientos en el entorno de su hermano, asegura que no descarta ninguna línea de investigación.
El celular: qué dice Juan y qué responde Grecia
Uno de los desacuerdos más persistentes es la entrega del celular de Carlos Manzo a las autoridades. Juan sostiene que vio información potencialmente relevante en el teléfono un mes antes del crimen. Recuerda que su hermano le mostró capturas de pantalla y fotografías de personas detenidas por su policía y le dijo que querían matarlo.
“Esa información la traía en el celular. Por eso insisto en el tema: porque yo la vi”, afirma.
El 17 de septiembre de 2025, Carlos le había escrito un mensaje que Juan compartió con Animal Político: “Si hoy no se ejerce la presión necesaria y hacemos valer nuestra fuerza y respaldo que tenemos de la mayoría en Uruapan, al rato el asesinado puede ser otro compañero, inclusive yo”.
El WhatsApp, enviado tras el asesinato de un policía municipal, muestra que contemplaba su propia muerte como un riesgo, aunque no identifica a quien habría ordenado el atentado ni demuestra que conociera su preparación.
Juan acusa a Grecia de ocultar información al no querer entregar el celular a las autoridades estatales, aunque matiza su señalamiento: “Yo no me atrevo a decir que pudiera estar involucrada, pero sí me atrevo a decir que ha ocultado muchas cosas ciertas que han pasado”.
Por su parte, Quiroz rechaza estar obstaculizando la investigación. Asegura que ella y otros funcionarios acudieron a la Fiscalía de Michoacán incluso cuando fueron llamados de palabra.
“Yo no me niego, ni en ningún momento lo he hecho, a colaborar con la justicia”, dice. Sobre el aparato, precisa: “Sí creo que debe ser en la Federación, y ante un juez federal”.
Su desconfianza, explica, se relaciona con la información que sostiene no haber recibido como víctima indirecta. “Ha habido falta de información que estoy en todo mi derecho de conocer”, señala.
La disputa tiene además un claro contexto electoral: Carlos Torres Piña, quien encabezó la investigación del asesinato de Manzo como fiscal de Michoacán, hoy es coordinador estatal de Morena y se perfila como su candidato a la gubernatura en 2027. Es decir, el exfiscal del caso podría convertirse en rival político de Quiroz y del Movimiento del Sombrero, quienes también aspiran a disputar la gubernatura del estado.
Las responsabilidades de los escoltas
Otra pregunta pendiente a un año es qué hicieron —o dejaron de hacer— quienes debían proteger a Carlos Manzo aquella noche. El alcalde fue atacado a balazos en plena Alameda, durante el Festival de las Velas, ante su familia y cientos de ciudadanos que acudieron al evento.
Grupo Animal reportó que siete escoltas municipales fueron detenidos el 21 de noviembre de 2025. La Fiscalía les atribuyó incumplimientos en la protección de Manzo e inconsistencias en sus declaraciones. El exjefe del equipo de seguridad, José Manuel Jiménez Miranda, continúa prófugo y tiene una orden de aprehensión pendiente.
Víctor ‘Saladitas’, quien también resultó herido durante el ataque, sostiene que la detención de los escoltas no demuestra que se hayan puesto de acuerdo con los asesinos de Carlos.
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“Hasta ese momento no se les ha comprobado a ningún escolta de los que están detenidos que tuvo una relación, que tuvo que ver en el asesinato, que existe un mensaje, que existió colaboración. Nada de eso se les ha comprobado. Ya tenemos la carpeta de investigación”, afirma.
Por eso cuestiona que sus casos se presentaran junto con los de quienes presuntamente organizaron y ejecutaron el ataque.
“Lo que yo vi que era necesario era que separaran los casos, porque iba a pasar precisamente lo que pasó después: ‘Es que ya detuvieron a gente de Carlos Manzo que está implicada en el caso’”, explica.
El regidor también señala una diferencia con el trato a los agentes de la Guardia Nacional que acompañaban al alcalde. Según su versión, ellos están sujetos a un proceso, pero en libertad.
“Ellos también están viviendo ese proceso, pero afuera. Ellos no fueron detenidos. Porque si los hubieran detenido también hubieran tenido que decir: ‘La Guardia Nacional, que encabeza la presidenta de México, está involucrada en el caso Carlos Manzo’. Al menos esa es mi percepción”, añade.
A Juan Manzo se le pregunta si su hermano había sido abandonado por las autoridades, como gritó la ciudadanía en las marchas posteriores al homicidio. Él rechaza esa explicación y recuerda que tenía protección municipal y también federal.
“No podría decir que lo dejaron solo porque tenía una escolta asignada de 14 elementos de la Guardia Nacional. Ningún alcalde de Michoacán tiene esa escolta, más aparte la propia. Tenía relación directa con la Sedena y con muchos funcionarios federales”, señala.
Reconoce, sin embargo, que Carlos buscaba una intervención mayor: “Él quería un operativo especial, pero no se iba a conseguir gritando en una plaza”.
Procesos todavía abiertos
La Fiscalía presentó en octubre un avance estimado de 90% de las pesquisas. En ese momento, antes de la captura de la secretaria de Bienestar, reportaba 33 detenidos y reconocía que todavía buscaba a otros participantes. También señaló que los procesos debían avanzar a juicio.
La petición de que intervenga la FGR sigue siendo otro punto de disputa. Grecia considera que ofrece mayor neutralidad. El 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que corresponde a la propia fiscalía federal determinar si atrae el expediente.
A casi un año del asesinato, hay capturas, una ruta de filtración descrita por las autoridades y decisiones judiciales que han permitido continuar procesos. También quedan una orden de aprehensión contra el exjefe de escoltas, teléfonos pendientes de análisis y versiones enfrentadas sobre quiénes más deben ser investigados.
El esclarecimiento también exige pasar del número acumulado de detenciones a una explicación verificable de cada responsabilidad: quién obtuvo la información, quién la transmitió, quién ordenó disparar y qué datos permiten sostenerlo.
Esa es la distancia que todavía separa los avances anunciados de una respuesta judicial completa en el caso Carlos Manzo.