Grecia Quiroz asegura que Harfuch le dijo que no debe entregar el celular de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró este miércoles, durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le dijo que no tenía que entregar el teléfono celular de su esposo, Carlos Manzo, porque las autoridades federales ya contaban con la información que necesitaban del aparato.

La declaración ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) advirtiera, el 29 de septiembre, que podría aplicar medidas de apremio, incluido un arresto, si persistía la negativa a entregar los dispositivos del exalcalde, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Quiroz relató que había conversado con García Harfuch unos días antes y le había preguntado sobre el requerimiento de la Fiscalía estatal, un asunto que, dijo, se había convertido en un tema mediático.

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“Su respuesta fue: ‘Presidenta, usted no tiene por qué entregar ese aparato telefónico. Nosotros ya tenemos toda la información que necesitábamos de ese aparato telefónico’”, afirmó.

La alcaldesa sostuvo que, durante esa conversación, García Harfuch le explicó que las autoridades federales podían obtener información sobre las comunicaciones de Manzo directamente de las compañías telefónicas, incluidos los mensajes que había recibido.

“Tenemos todo el poder para ir a las compañías de ese teléfono, precisamente para solicitar las comunicaciones que Carlos tuvo, los mensajes que le mandaron”, relató la alcaldesa al atribuir esas palabras al secretario.

Quiroz sostuvo que la insistencia en obtener el aparato buscaba entrar en la vida personal de su esposo y desviar la investigación del asesinato.

“Yo creo que lo que ellos quieren es meterse en la vida personal y eso no lo vamos a permitir”, expresó.

La disputa por el teléfono llevaba meses. El 3 de junio, el entonces fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo que las investigaciones podían continuar sin el celular y consideró irrelevante su entrega a esas alturas de las pesquisas. Sin embargo, el 28 de agosto la institución notificó un nuevo requerimiento para someter los equipos a análisis periciales.

El 29 de septiembre, el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, advirtió que las medidas de apremio podían escalar hasta un arresto. Entre las diligencias pendientes, señaló la revisión de posibles alteraciones o manipulaciones en la cuenta de WhatsApp de Manzo. La advertencia se refirió a un posible arresto como medida de apremio, no al anuncio de una orden de aprehensión contra Quiroz.

Antes de la conferencia de este miércoles, la alcaldesa ya había informado que gestionaba con García Harfuch una extracción de datos a cargo de las autoridades federales. El 30 de septiembre también había afirmado públicamente que el aparato ya había sido revisado.

En San Lázaro, Quiroz argumentó que las comunicaciones estaban protegidas por el artículo 16 constitucional y que acceder a ellas requería autorización judicial. Con ese argumento, rechazó que la Fiscalía pudiera arrestarla por no entregar el teléfono.

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Al referirse a lo que consideraba una persecución en su contra, añadió: “Que si pueden atreverse a meterme a la cárcel, por supuesto que sí, tienen todo el poder, tienen todo a su favor”, y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum revisar cómo actuaban las fiscalías y los gobernantes.

Presentan exhorto para que la FGR atraiga el caso

Quiroz acudió a la Cámara de Diputados para acompañar a la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer la investigación del homicidio.

La legisladora planteó que la indagatoria debía esclarecer la cadena completa del crimen, desde su planeación y financiamiento hasta el encubrimiento y los posibles beneficiarios, además de garantizar independencia frente a intereses políticos. Durante la conferencia presentó los argumentos de la propuesta, sin anunciar su aprobación por el pleno.

La alcaldesa reiteró el llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que la instancia federal asumiera el caso, y denunció que sus abogados no habían obtenido acceso completo al expediente a 11 meses del asesinato.

“No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó, y señaló que esa era otra razón para solicitar la intervención de una Fiscalía que consideraba más neutral.

Durante su mensaje inicial, Quiroz afirmó que había enfrentado señalamientos infundados, filtraciones y versiones sin sustento para desacreditarla y manchar el nombre de Manzo.

“Hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia”, sostuvo, y advirtió que no permitirá que la carpeta sea utilizada con fines políticos o electorales.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, respaldó la petición de atracción y acusó a Morena de encubrimiento, acoso y omisión.

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Por su parte, la diputada federal de MC, Laura Ballesteros, acusó a las autoridades de Michoacán de fabricar expedientes para perseguir a Quiroz y frenar al Movimiento del Sombrero, y señaló un presunto conflicto de interés en la conducción de la investigación.

Quiroz insistió en que acudía como víctima y como madre de dos niños que habían perdido a su padre, y pidió que su presencia junto a los legisladores se entendiera como un acto de solidaridad.

“No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho, no pido venganza tampoco, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, expresó.