Inclusión financiera 2025-2030: un plan que busca acercar el sistema financiero a grupos vulnerables

La nueva Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025–2030 quiere algo más que sumar cuentas bancarias: busca que más personas puedan usar productos financieros que realmente les sirvan en su vida diaria. Su actualización incorpora un enfoque más sensible a las desigualdades y pone atención en mujeres, poblaciones vulnerables, mipymes y en el bienestar financiero de los hogares.

El 26 de noviembre, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) presentó esta renovada hoja de ruta, que pretende que tanto personas como empresas accedan a servicios financieros de manera más amplia, equitativa y segura. La apuesta va más allá de abrir una cuenta, pues incluye fomentar el ahorro, el crédito responsable, los seguros y los pagos digitales como herramientas para mejorar las oportunidades económicas y la capacidad de enfrentar imprevistos.

De acuerdo con el documento oficial, la política se articula en ocho objetivos estratégicos, 26 tácticas y 125 líneas de acción que buscan responder a la diversidad del país. El reto es enorme: desde llevar servicios financieros a zonas rurales y comunidades indígenas, hasta cerrar brechas que afectan a mujeres, pequeñas empresas y personas de bajos ingresos.

Entre las metas principales está que más personas tengan al menos un producto financiero, que se aumente el acceso al crédito formal, que el ahorro y los seguros dejen de ser una excepción y que los pagos digitales avancen frente al uso exclusivo de efectivo.

Aunque la estrategia planea diversos cambios para beneficiar a los usuarios, se enfrentará con retos como asegurar que la infraestructura digital llegue a zonas remotas y mejorar la educación financiera de la población. 

Cabe recalcar que los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, realizada por el Instituto Nacional de Geografìa y Estadística (Inegi), demuestran que cerca de 78 % de la población adulta en México reportó tener al menos un producto financiero formal, como una cuenta, un crédito, una afore o un seguro. 

Sin embargo, pese a ese nivel de cobertura formal, la proporción de adultos que declararon tener un seguro (vida, auto, gastos médicos, etcétera) sigue siendo muy baja. En particular: 13.9 % tenía seguro de vida; 11.5 %, seguro de auto; 7.5 %, seguro de gastos médicos, lo que revela la brecha persistente en productos como seguros, incluso entre quienes ya están bancarizados.

De acuerdo con Ana Laura Martínez, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY), la actualización de la PNIF se ha enfocado en el uso de productos financieros que contribuyan al bienestar. 

“Se enfoca mucho en temas de ahorro y el uso de los medios de pago y hacia la importancia de transaccionar, pero como algo frecuente en el día a día de la vida de las y los mexicanos; y hace también bastante énfasis en seguros, que sigue siendo el producto con mayor rezago”. 

La especialista reconoce que no basta con que 70 % de la población tenga un producto financiero, sino que estos tienen que ser utilizados realmente. “Esos productos deben ser útiles, relevantes y mejorar el bienestar de los hogares. Ese cambio de enfoque es un gran paso”.

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Actualización de la Política Nacional de Inclusión Financiera 

La evaluación de la PNIF 2024 arrojó que la actualización responde a que el sistema financiero cambió más rápido que la política pública y que ya no se respondía a la digitalización, al crecimiento de los pagos electrónicos ni a las nuevas brechas tecnológicas y de confianza.

También advirtió de debilidades como la falta de indicadores por segmento, un enfoque limitado en género, poca visibilidad de la cobertura física y digital, y un diseño que privilegiaba la oferta antes que las barreras reales que enfrentan los usuarios.

La investigadora Ana Laura Martínez menciona que el principal error del modelo previo fue pensar que la solución era ampliar la oferta de productos más corresponsales, más cuentas, más eventos de educación financiera. “Hoy siguen existiendo barreras de conocimiento, desconfianza y miedo. Muchas personas sienten que los productos no son para ellas”, señala.

Un acierto de la PNIF 2025-2030, según la investigadora, es que se enfoca en los grupos vulnerables que se quedaron fuera del sistema financiero: “Transversalmente la nueva política destaca muchísimo el rol de género, pero también hace énfasis en adultos mayores, en jóvenes, y por ejemplo, una población que ha sido tradicionalmente difícil de incluir, que es la población indígena. Desde el diagnóstico hace un correcto llamado a la necesidad de atender de forma distinta a estos grupos en situaciones vulnerables”.

Afirma que, aunque las poblaciones a las que se les debe poner mayor atención por ser rezagadas en los anteriores modelos ya han sido identificados y nombrados, sigue sin existir una estrategia clara, pues las capacitaciones no son suficientes para atender las conductas que son heredadas. 

De acuerdo con la investigadora, las capacidades financieras son la habilidad de las personas para acceder, utilizar y beneficiarse de los productos y servicios financieros de forma efectiva. Esto incluye no solo el conocimiento sobre el manejo de los recursos financieros, sino también la confianza en las instituciones. Con esta visión, Ana Laura Martínez afirma que  la transmisión de hábitos financieros de padres a hijos es una manifestación clara de cómo las capacidades se forman y se perpetúan a lo largo del tiempo. 

Según los datos encontrados en la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023, si en los hogares se habla abiertamente sobre el ahorro, la elaboración de presupuestos y el uso responsable del crédito, es más probable que los hijos aprendan a desarrollar una comprensión sobre cómo manejar sus recursos financieros.

Otro de los riesgos identificados en la actualización de la PNIF 2025-2030 es la seguridad y la infraestructura que implica la digitalización de los trámites; ante ello, la especialista menciona que lo único que se puede esperar es que sean implementadas las herramientas necesarias para evitar ciberataques y que los usuarios puedan acceder a la información necesaria para implementarlos.

“Esa carga debe caer sobre los proveedores y los reguladores. Y por el lado de los usuarios, es una tarea, en este caso, sí, de generar información y educación, para aminorar los miedos y la incertidumbre que pueden generar estos riesgos y también para que lleven a cabo buenas prácticas en el manejo de sus productos”.

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Cambios que favorecen a poblaciones vulnerables 

La PNIF define productos prioritarios por su impacto directo en el bienestar: ahorro, uso frecuente de medios de pago y seguros.

Ana Laura Martínez subraya este último punto: los seguros siguen siendo el producto más rezagado y, al mismo tiempo, uno de los más urgentes. “La población no los entiende, no sabe para qué sirven. Y frente a riesgos climáticos como las inundaciones de Veracruz o la sequía en actividades agrícolas son indispensables”.

Otro de los ejes es la brecha de género existente, y que ya se reconoce que las mujeres enfrentan barreras específicas en acceso, uso y confianza, así como la identificación de otros grupos excluidos, como son las personas indígenas, jóvenes, personas mayores, migrantes y comunidades rurales. “Hace un diagnóstico correcto de quiénes están rezagados y de la necesidad de atenderlos distinto”, afirma la investigadora.

Pero advierte un vacío: aunque el diagnóstico es preciso, las estrategias aún no explican cómo se cambiarán las conductas financieras en esos grupos. “Podemos abrir más sucursales, pero si las personas sienten que los productos no son para ellas, no los van a usar”.

La actualización de la PNIF reconoce que las micro, pequeñas y medianas empresas siguen sin acceso al financiamiento. “Hay un problema gravísimo en este sector”, dice Ana Laura Martínez. Por primera vez, el documento incorpora objetivos específicos para incluirlas.

Metas numéricas de la PNIF

La política establece 24 indicadores con metas a 2030, construidos con metodologías del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Entre las metas destacan:

• Pasar de 69.1 % de mipymes con al menos un producto financiero formal a 75 % en 2030.

• Que el porcentaje de mujeres adultas con al menos un producto financiero formal rebase 74.5 % (2024).

• Que el indicador de confianza en la resolución de quejas busca subir de 53.3 % en 2024 a 59 % en 2030 .

La especialista advierte que estos indicadores son útiles, pero insuficientes sin medir estrés financiero, capacidad para afrontar emergencias o hábitos como llevar un presupuesto, elementos que explican mejor el bienestar real de las familias.

¿Cómo saber si la PNIF 2025-2030 está funcionando?

Para identificar la eficacia de la PNIF es necesario que las instituciones encargadas evalúen los resultados y las acciones implementadas. La política establece que el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) es la instancia responsable de proponer medidas, coordinar a las autoridades financieras y dar seguimiento general a la política. 

A su vez, el Grupo de Seguimiento de Inclusión Financiera (GSIF) es la instancia técnica que formula, implementa y da seguimiento operativo a las acciones; está integrado por representantes de las instituciones del propio Conaif.

La PNIF establece que cada año deberá elaborarse un Plan de Trabajo, construido a partir de la información de las instituciones que integran e invitan al GSIF. Ese documento debe ser aprobado primero por el GSIF y luego por el Conaif, e incluye las acciones, plazos y responsables por línea de acción, así como métricas vinculadas a esas actividades.

La evaluación también contempla enfoques especializados. En el caso del eje de género, las líneas de acción serán sometidas a una metodología de seguimiento que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, además de una matriz de autoevaluación elaborada en el marco del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las Entidades Financieras (CIIGEF), adaptada específicamente para la PNIF.

Para los grupos en situación de vulnerabilidad (como población rural, indígena y personas con discapacidad y adultas mayores), la política prevé el uso de información estadística segmentada para determinar si las desigualdades históricas se están reduciendo, en congruencia con su objetivo transversal.

Finalmente, el propio documento incorpora un enfoque de gestión adaptativa, lo que significa que la política puede actualizarse durante su implementación cuando los resultados o el entorno lo requieran. Esta flexibilidad es uno de los mecanismos centrales para garantizar que la PNIF se mantenga relevante y eficaz a lo largo del periodo 2025–2030.