Pensiones doradas: ¿quiénes quedan excluidos de la reforma?

La Cámara de Diputados de San Lázaro aprobó por unanimidad una reforma al artículo 127 constitucional con el objetivo de terminar con las llamadas “pensiones doradas”, es decir, jubilaciones “millonarias” que reciben algunos exfuncionarios de alto nivel del sector público, en especial en organismos del Estado y empresas productivas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

La iniciativa avalada propone modificar ese artículo para fijar un tope: ningún funcionario podrá recibir una pensión superior al 50 % del salario de la persona que ocupe la Presidencia de la República. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum percibe un ingreso neto de 134,290 pesos mensuales.

Con base en cifras proyectadas para el ejercicio 2026, el límite para las pensiones se ubicaría en aproximadamente 67,145 pesos después de deducciones mensuales.

De acuerdo con Animal Político, quedan fuera de este ajuste las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro ya reconocidos, las pensiones financiadas con aportaciones voluntarias o sindicales y la pensión no contributiva.

A tenor del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), el haber de retiro es el pago mensual que recibe un militar cuando se retira del servicio activo; no se hereda, es personal e intransferible. En tanto, las pensiones no contributivas son apoyos económicos que el gobierno otorga a personas sin aportaciones previas a un sistema de seguridad social. Se conceden con base en criterios como la edad, la discapacidad y la condición de vulnerabilidad.

En términos simples, no todas las personas resultan afectadas con esta reforma: se excluye a militares, a quienes ya cuentan con ciertos derechos adquiridos, a quienes realizaron aportaciones adicionales por su cuenta o mediante sindicatos y a quienes reciben pensiones sociales. El punto que generó mayor polémica es que el límite no solo se aplicará a nuevas pensiones, sino también a aquellas que ya están en curso.

La reforma indica que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos. Estos haberes de retiro se aplican a militares y ministros de la Corte.

¿A quién aplica esta reforma?

En un video difundido en redes sociales el 16 de marzo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que esta reforma aplica a jubilados o pensionados que fueron personal de confianza en organismos públicos descentralizados; trabajadores de empresas públicas del Estado; integrantes de sociedades nacionales de crédito; personal de empresas con participación estatal mayoritaria, así como de fideicomisos públicos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.

También incluye a jubilados o pensionados de instituciones como el Banco de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Pemex, la CFE y la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 

“Con esta reforma se busca que los exfuncionarios no puedan percibir más de 70,000 pesos mensuales, es decir, la mitad de lo que recibe nuestra presidenta”, señaló entonces.

Sobre si la medida implicará una reducción generalizada de pensiones, aseguró que “no están en riesgo. Se habla de pensiones doradas, pensiones muy altas y que con eso se desangra al país”, precisó.

A la mira del personal de confianza con montos elevados

Con este cambio, el gobierno estima que podrían ahorrar hasta 5,000 millones de pesos anuales, recursos que se destinarían a programas sociales y para apoyar a sectores vulnerables. Según datos citados durante el debate en el Senado, las “cifras millonarias” contrastan con la pensión promedio de muchos trabajadores mexicanos, que ronda los 7,000 pesos mensuales.

En febrero pasado, durante su conferencia matutina, incluso Sheinbaum indicó que uno de los casos que mejor ejemplifica estas pensiones millonarias es el del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, quien percibe una pensión superior a 100,000 pesos mensuales.

“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120,000 pesos mensuales como exfuncionario de Nafin (Nacional Financiera)”, dijo en su momento.

En torno al tema, El Universal dio a conocer que dos décadas atrás se informó que Gurría Treviño en efecto se convirtió en jubilado antes de tiempo; Nafin alteró la fecha de ingreso del entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En ese sentido, obtuvo una pensión con 77 % de su salario y apenas tres años y 10 meses de operación.

De igual manera, el mes pasado la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, anunció que, entre el personal de confianza, existen pensiones de montos muy elevados. En Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, 9,457 extrabajadores reciben entre 100,000 y 1 millón de pesos; de ese total, 3,504 perciben una jubilación superior al salario neto mensual de Sheinbaum.

En Petróleos Mexicanos, 544 personas pensionadas obtienen ingresos mayores a los de la titular del Ejecutivo, lo que representa un gasto anual de 1,827 millones de pesos. En la CFE, 2,199 pensionados superan ese nivel de ingresos, con un costo anual de 4,496 millones de pesos.

En Nafin, nueve personas reciben pensiones por encima del ingreso neto presidencial, con un total anual de 16 millones de pesos. En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben montos superiores, que suman 37 millones de pesos al año. En el caso de Bancomext, 22 personas pensionadas reciben ingresos mayores a los de la presidenta, con un gasto anual de 45 millones de pesos.

En contexto, este 25 de marzo la reforma quedó aprobada en San Lázaro y fue turnada a los congresos estatales por tratarse de un cambio constitucional.

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