Diputados aprueban reforma a “pensiones doradas” entre protestas de jubilados y reclamos del PT
Edgar Ledesma · 25 de marzo de 2026
Entre protestas de jubilados afuera de San Lázaro y reclamos del PT dentro del pleno, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las llamadas “pensiones doradas” y dejó intacto el punto que más rechazo provocó durante la jornada: que el nuevo tope también pueda aplicarse a jubilaciones ya otorgadas.
La discusión comenzó a las 11:35 horas de este miércoles, cuando la Mesa Directiva abrió la sesión vespertina para debatir el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Más de nueve horas después, Morena y sus aliados cerraron la jornada con una aprobación sin cambios.
La minuta fue avalada primero en lo general con 458 votos y después, en lo particular, con 363 a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
Los artículos reservados fueron aprobados en términos del dictamen, es decir, sin mover ni una sola coma, pese a que durante la sesión se presentaron más de 100 reservas. Con ello, la reforma quedó aprobada en San Lázaro y fue turnada a los congresos estatales por tratarse de un cambio constitucional.
Debate sobre “pensiones doradas” entre reclamos del PT y la oposición
La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán rebasar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.
Ese tope aplicará a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Quedaron fuera de ese ajuste las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro ya reconocidos, las pensiones construidas con aportaciones voluntarias o sindicales y la pensión no contributiva.
Sin embargo, el choque no estuvo en el límite mismo, sino en su alcance. El texto aprobado permite que el nuevo tope también se aplique a pensiones ya vigentes.
Esa redacción detonó la protesta de jubilados y extrabajadores de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y otras instituciones públicas, que se manifestaron durante la discusión e intentaron ingresar al recinto para exigir que no se les recorte una prestación ya reconocida. Su reclamo fue que la reforma no solo alcanzará casos de pensiones excesivas, sino también a trabajadores que se retiraron bajo reglas vigentes y construyeron su retiro tras décadas de servicio.
“Hoy no sabemos por qué nos quieren quitar un derecho ganado”, dijo José Antonio Vega, jubilado de la CFE y excoordinador de distribución. En la misma línea, Hugo Alberto Domínguez Hernández, jubilado de Luz y Fuerza del Centro, resumió el agravio en una frase: “Eso se llama despojo”.
Ese malestar también cruzó al pleno, incluso entre aliados de Morena. El PT fue el partido que más intentó frenar al alcance de la reforma sin romper con el bloque oficialista.
La petista Margarita García García advirtió que a su bancada le preocupaba apoyar una reforma “regresiva” y cuestionó que Morena hablara de privilegios sin tocar casos cercanos al oficialismo. “Preguntémosle también cuánto tiene de pensión”, dijo al mencionar a Arturo Zaldívar y a la diputada morenista Olga Sánchez Cordero.
Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que el PT sí respaldaba el límite a privilegios, pero no que “paguen justos por pecadores”. Por eso pidió cambiar el transitorio para no afectar a personal técnico, médico o especializado de Pemex y la CFE.
Jorge Armando Ortiz Rodríguez empujó el mismo argumento y dijo que la “Cuarta Transformación” debía acabar con excesos, “pero al mismo tiempo tiene que evitar pisotear derechos o cometer abusos”, por lo que propuso dejar fuera a jubilados clasificados como de confianza que en realidad realizaron otras funciones. Ninguna de esas reservas prosperó.
La oposición aprovechó esa grieta para insistir en que el problema no era topar excesos, sino hacerlo recortando pensiones ya reconocidas. La panista Margarita Zavala sostuvo que nadie defendía abusos, pero advirtió que la redacción aprobada abre una puerta peligrosa porque, si hoy se cambia una regla ya aplicada a jubilados, mañana “ningún derecho” estaría realmente a salvo.
PRI y Movimiento Ciudadano caminaron en esa misma línea. Sus legisladores dijeron que sí estaban de acuerdo con poner un límite a pensiones excesivas, pero no con meter en el mismo costal a beneficios obtenidos por influyentismo y a trabajadores que simplemente cumplieron con su carrera laboral bajo las reglas que el propio Estado les ofreció.
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Morena respondió con una defensa cerrada del dictamen. Sus diputados insistieron en que la reforma no va contra la clase trabajadora, sino contra beneficios desproporcionados pagados con dinero público.
La morenista Maribel Solache González aseguró que el cambio “no afecta a la clase trabajadora” y que tampoco va contra “las personas que vinieron hoy y estaban aquí afuera de la Cámara de Diputados”.
Al final, Morena y sus aliados sacaron adelante una reforma que dejó vivo el punto más delicado del debate: hasta dónde puede llegar el combate a las llamadas “pensiones doradas” sin golpear a trabajadores que ya estaban jubilados.
Esa fue la línea roja que el PT y la oposición intentaron marcar durante toda la sesión y que, pese a protestas, reclamos y más de 100 reservas, al final no se movió una sola coma del dictamen.