El Castillo de Mazatlán: un penal con evaluación crítica marcado por la violencia
Marcela Nochebuena · 12 de octubre de 2026
Las deficiencias operativas y de garantía de derechos humanos del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, son evidenciadas por su calificación en la escala más baja de evaluación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A pesar de que, a diferencia de muchos centros penitenciarios, esa prisión no registra sobrepoblación, el diagnóstico detalla la existencia de problemáticas de hacinamiento y saturación en áreas y sectores específicos del centro, generadas por una distribución inadecuada e irregular de los reclusos en dormitorios y módulos.
Además, constata deficiencias en los servicios de salud, caracterizadas por la falta de insumos médicos, atención profesional oportuna y equipamiento idóneo para la población penitenciaria. Igualmente, registra una deficiente separación entre hombres y mujeres, así como fallas en la prevención y atención de incidentes violentos, en la prevención de violaciones a derechos humanos y atención en casos de detección, así como insuficiencia de vías para la remisión de quejas por probables violaciones.
El penal dispone hasta hoy de una capacidad instalada oficial para albergar a un total de mil 841 personas privadas de la libertad. Ese cupo se distribuye en mil 699 espacios destinados a hombres y 142 a mujeres. Al momento de la supervisión del personal de la CNDH, la población carcelaria efectiva ascendía a mil 289 personas privadas de la libertad, mil 247 hombres y 42 mujeres.
El diagnóstico de la comisión —que evaluó 278 centros penitenciarios, 261 estatales, 14 federales y 3 prisiones militares— detalla áreas críticas y temas de atención prioritaria derivados de la supervisión del Centro Penitenciario El Castillo, que se agrupan en diversos ejes normativos.
Además de los aspectos señalados en relación con la integridad de las personas privadas de la libertad, en el rubro de los que garantizan una estancia digna señala deficiencias en la alimentación, así como en las condiciones materiales, de equipamiento e higiene en las instalaciones de la cocina, áreas de comedores y área médica. De igual forma, observa una inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
En el que apunta a las condiciones de gobernabilidad, el resultado de la supervisión documenta deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, acompañadas de la falta de normatividad aplicable al centro, lo que incluye la ausencia o falta de actualización y difusión de reglamentos, manuales y lineamientos operativos.
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En este mismo eje se identifican la falta de capacitación del personal penitenciario, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para mantener el control de las instalaciones y la presencia de actividades ilícitas al interior de la prisión.
En tanto, el rubro que aborda la reinserción social señala una deficiente integración del expediente técnico-jurídico de las personas internas y una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades, mientras que el dedicado a la atención de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas o de atención prioritaria, registra falta o deficiencias en la atención a mujeres y menores de edad que vivan con ellas, y a personas LGBTTIQ+.
La escala de calificación en el diagnóstico
El sistema de medición del DNSP 2025 se basa en una escala de tres rangos numéricos que permite clasificar las condiciones de funcionamiento de cada centro penitenciario supervisado en el país.
El primer rango comprende las puntuaciones de 0 a 5.9 e identifica a aquellos con una calificación insuficiente y deficiente, en un nivel de atención prioritaria por la acumulación de hallazgos críticos e irregularidades estructurales, que es donde se ubica El Castillo.
El segundo va del 6.0 a 7.9 y corresponde a una evaluación intermedia que señala áreas de oportunidad moderadas y necesidades de atención continua. El tercero, del 8.0 al 10, implica una evaluación satisfactoria de las condiciones de reclusión. Ninguna cárcel de México alcanzó esa puntuación; solo las prisiones estatales de Nuevo León arrojaron un promedio de 7, el más alto del país.
El Centro Penitenciario El Castillo obtuvo una calificación general de 5.25, lo que significa que no alcanza siquiera los estándares mínimos requeridos, y funciona con deficiencias en rubros fundamentales para garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad.
Situación penitenciaria en Sinaloa
El DNSP 2025 incluye la evaluación de otros centros penitenciarios de administración estatal en Sinaloa, así como instalaciones de jurisdicción federal y militar.
La calificación promedio de la entidad está fijada en 5.02 puntos, en el rango inferior de desempeño. Los centros penitenciarios evaluados administrados por el gobierno del estado fueron el Centro Penitenciario El Castillo y el Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome, con una calificación de 4.79 puntos.
El segundo tiene una capacidad instalada de mil 585 plazas para hombres y 74 para mujeres, hoy con una población de mil 119 hombres y 41 mujeres, y deficiencias que incluyen problemas en los servicios de salud, fallas en la separación entre personas procesadas y sentenciadas, insuficiencia de programas para prevenir incidentes violentos, malas condiciones en la higiene de cocina y comedores, escasez de personal de custodia, autogobierno y presencia de actividades ilícitas.
Las otras prisiones evaluadas en territorio sinaloense fueron la Militar adscrita a la III Región Militar, en Mazatlán, que alcanzó una calificación de 7.39 puntos, y del fuero federal el Centro Federal de Reinserción Social No. 8 “Nor-Poniente” (Cefereso No. 8), situado en Guasave, que obtuvo una puntuación de 7.48, una de las más altas en centros federales.
Por otro lado, el diagnóstico advierte que los únicos dos centros estatales donde no se aplicó la guía de supervisión por riesgos derivados del crimen organizado y el incremento de la violencia se ubican en Sinaloa: el Centro Penitenciario Aguaruto y el Centro Penitenciario Región del Évora.
Los incidentes recientes en El Castillo
Las deficiencias estructurales, de seguridad y en la garantía de integridad de las personas privadas de la libertad señaladas en la supervisión del Centro Penitenciario El Castillo anteceden a los hechos violentos registrados en sus instalaciones el 8 y 9 de octubre pasados.
El primer día, una riña al interior de ese penal en Mazatlán involucró la incursión de personas con armas de fuego de grueso calibre. Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el enfrentamiento inicial dejó un saldo confirmado de 10 personas fallecidas. Entre ellas estuvieron personas internas y visitas que se encontraban en el lugar, además de 16 personas que resultaron lesionadas y requirieron traslado e internamiento médico urgente. Un menor de edad, de apenas un año, que se encontraba de visita, también falleció.
Al día siguiente, las autoridades reportaron un nuevo incidente al interior de uno de los módulos del centro penitenciario. Durante las labores de revisión e inspección desarrolladas ahí, el personal de custodia y las fuerzas de seguridad localizaron los cuerpos sin vida de dos personas privadas de la libertad.
Ante ello, se desplegó un operativo coordinado por un Grupo Interinstitucional integrado por la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, que ingresaron al penal para retomar el control de la infraestructura, asegurar los perímetros, y resguardar a las personas internas y al personal operativo.
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De forma paralela, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el origen del armamento y deslindar responsabilidades. En tanto, el área de trabajo social del centro penitenciario estableció contacto con las familias de las personas afectadas y las autoridades determinaron la suspensión temporal de visitas.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa advirtió “múltiples violaciones a los derechos humanos, cuyo resultado ha sido la pérdida de la vida de personas privadas de la libertad y un considerable número de personas lesionadas”, por lo que condenó los hechos.
“Se insta a las autoridades penitenciarias a que, de manera urgente, implementen acciones que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario de referencia, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitantes y el personal que labora en sus instalaciones”, señaló la instancia.
Informó, además, que ha dado inicio a las investigaciones respectivas, en cuyo marco ha dictado medidas precautorias o cautelares, para que se garanticen derechos. De igual forma, mantiene comunicación y acompañamiento con las víctimas y sus familias.