Tras años de litigio, tribunal revisará amparo sobre archivos de la “Guerra Sucia” y la Sedena
Animal Político · 26 de junio de 2026
El Poder Judicial de la Federación se pronunciará sobre un amparo relacionado con la entrega de archivos vinculados a la llamada “Guerra Sucia”, en un caso que involucra la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de transferir documentación histórica y que podría incidir en el alcance del derecho a la verdad en México, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh y ARTICLE 19.
De acuerdo con un comunicado de las organizaciones, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito discutirá el proyecto de resolución del amparo en revisión 43/2025, vinculado a los archivos resguardados por el Ejército sobre ese periodo.
Señalaron que la decisión que se adopte podría “poner fin a medio siglo de opacidad de los archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos en manos del Ejército”.
El caso fue promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca información sobre su madre desaparecida en 1978. En noviembre de 2023 presentó un juicio de amparo contra el ocultamiento de archivos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluidos documentos que podrían contener información sobre el paradero de su madre y el esclarecimiento de los hechos del periodo conocido como “Guerra Sucia”.
En el comunicado se recuerda que desde febrero de 2019 existe un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que instruye la transferencia al Archivo General de la Nación de archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas.
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El documento establece que todas las dependencias federales están obligadas a su cumplimiento, incluida la Sedena, pero dichos archivos no han sido entregados.
Denuncias de obstáculos y acceso limitado a los archivos militares
Las organizaciones también refieren que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ingresó a archivos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional y localizó documentos relevantes para su mandato; sin embargo, señalaron que posteriormente el Ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas previamente identificadas y negó el acceso a la información, lo cual quedó asentado en su informe de octubre de 2023 titulado “Las formas del silencio: Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional Un caso de obstrucción a la verdad”.
A partir de ese contexto, Alicia de los Ríos Merino, con acompañamiento de ARTICLE 19 y Centro Prodh, promovió el juicio de amparo con el objetivo de detener la opacidad y la posible alteración de documentos en poder del Ejército.
El expediente fue inicialmente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa dentro del amparo 1894/2023, donde se concedió una suspensión definitiva para que las autoridades “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos de la Sedena relacionados” con la investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Posteriormente, sin embargo, el amparo fue negado.
Tras casi tres años de litigio, el asunto se encuentra ahora en el amparo en revisión 43/2025, pendiente de resolución por el tribunal colegiado, cuya determinación podría poner fin al juicio.
El debate judicial sobre el alcance del derecho a la verdad
El comunicado señala que en febrero de 2026 se discutió un primer proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Alfredo Enrique Báez López, el cual negaba el amparo bajo el argumento de que era necesaria una solicitud de acceso a la información y la identificación individual de los documentos que deberían ser transferidos. También sostuvo: “Sería un amparo tan amplio, que no vería manera de cómo podría cumplirse”.
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En esa misma sesión, la magistrada presidenta Ana María Ibarra Olguín sostuvo que el caso no correspondía al derecho de acceso a la información, sino al derecho a la verdad, al señalar que: “No hay una obligación abstracta; es tan concreta como material: transferir los archivos de la Sedena relacionados con la Guerra Sucia”. Por su parte, la magistrada Sandra Janet Hernández Chávez afirmó que el decreto de 2019 “estableció una obligación muy precisa”, por lo que “existe un deber que, en este caso, específicamente Sedena, no ha cumplido”.
Ante la falta de mayoría en favor del proyecto, el asunto fue retornado a la magistrada Sandra Janet Hernández Chávez para la elaboración de una nueva propuesta.