Sheinbaum exige deslindar responsabilidades por tragedia en Ensenada
Ana Lilia Ramírez · 29 de octubre de 2026
A casi tres semanas de las lluvias que dejaron 10 personas muertas en comunidades de Ensenada, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que deberán deslindarse responsabilidades por la tragedia, en medio de los cuestionamientos sobre las medidas de prevención, los avisos de desalojo y las condiciones de los cauces.
Durante la conferencia mañanera de este jueves 29 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre las posibles omisiones del gobierno municipal en materia de Protección Civil y la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la falta de limpieza y desazolve de los arroyos.
La pregunta se sustentó por una comparecencia ante el Cabildo de Ensenada, en la cual el entonces coordinador municipal de Protección Civil Julio César Obregón Angulo fue cuestionado por la falta de documentos que acreditaran notificaciones previas y formales para el desalojo a las familias asentadas en zonas de riesgo antes del paso de la tormenta Rachel.
El entonces director de Protección Civil de Ensenada, quien durante esa comparecencia ante el Cabildo reconoció que la dependencia no contaba con notificaciones formales de desalojo dirigidas a las familias asentadas en zonas de riesgo, particularmente en las inmediaciones de los arroyos. Terminó por renunciar al cargo.
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En suspenso actuación de dependencias
Este jueves, Sheinbaum sostuvo que existieron mecanismos de alertamiento y coordinación institucional, aunque reconoció las dificultades para hacer llegar la información a las comunidades más aisladas.
“Hubo alertamiento, claro que pues tendrá que hacerse el deslinde de responsabilidades”, respondió.
La presidenta aseguró que hubo participación del Gobierno de Baja California, Conagua y las instancias de Protección Civil, además de la habilitación de refugios en Ensenada. Sin embargo, no detalló si se revisará específicamente la actuación de cada dependencia ni si existe alguna investigación sobre posibles fallas en la prevención de las muertes.
La tragedia ocurrió el 10 de octubre, cuando las intensas precipitaciones provocadas por Rachel afectaron comunidades ubicadas entre Ensenada y San Quintín. Varias personas perdieron la vida en una zona que la propia mandataria describió como de mayor riesgo.
Sheinbaum explicó que las previsiones meteorológicas anticipaban un mayor impacto del fenómeno en otros puntos del Pacífico mexicano, particularmente en Colima, Nayarit y Jalisco; no obstante, las lluvias más intensas se presentaron en el norte de Baja California.
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Alertamiento en el celular
Ahora, y ante las dificultades para alertar oportunamente a quienes viven en localidades apartadas, la presidenta anunció que en noviembre estará listo un sistema de alertamiento por teléfono celular, con el propósito de enviar avisos directamente a las personas que se encuentren en zonas de riesgo.
“Para que si no se puede llegar a estas poblaciones apartadas, a todas las personas que están en riesgo, pues enviarles a través del teléfono el alertamiento”, explicó.
La mandataria también informó que Rocío Bárcena, de la Secretaría de Gobernación, y Leticia Ramírez, de la Secretaría de Bienestar, acudieron a las comunidades afectadas para recorrer la zona y atender a las familias damnificadas, con la participación del Gobierno estatal.
Respecto a los daños materiales, señaló que todavía no contaba con cifras definitivas, aunque estimó que eran menos de 50 las viviendas afectadas, principalmente en el área comprendida entre Ensenada y San Quintín.
Mientras continúa la atención a las familias, el deslinde de responsabilidades planteado por la presidenta abre la discusión sobre las obligaciones de las autoridades municipales, estatales y federales en la identificación de asentamientos en zonas de riesgo, la prevención de desastres, los avisos de evacuación y el mantenimiento de los cauces.
La declaración presidencial no estableció responsabilidades concretas ni confirmó sanciones contra algún funcionario. Tampoco aclaró si se investigarán las decisiones previas relacionadas con la ocupación de las márgenes de los arroyos, las condiciones de los cauces y las medidas que pudieron adoptarse para reducir el riesgo para las familias.
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