“No es que no puedan pagar”: sin contrato 99% de trabajadoras del hogar; informalidad cuesta 46 mmdp
Eréndira Aquino · 7 de octubre de 2026
En México, 2.3 millones de personas, en su mayoría mujeres, trabajan en hogares ajenos limpiando, cocinando, lavando y cuidando. A siete años de la reforma laboral que les reconoce los mismos derechos que a cualquier otro trabajador, apenas 1 % tiene contrato por escrito y 3.4 % cuenta con seguridad social.
Existe, además, una brecha de género salarial y una segregación ocupacional que afecta a las mujeres, quienes en promedio ganan al mes 34.8 % menos que los hombres por la misma labor, de acuerdo con el informe Sosteniendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México.
En contraste, las personas empleadoras —1.6 millones de jefas o jefes de hogares contratantes— “tienen condiciones laborales y de vida mejores que el promedio nacional”, subraya el documento. Para el grupo focal de trabajadoras del hogar con las que se elaboró esta investigación, “el 98 % de los empleadores dice no a los derechos, y no es que no puedan pagar, es que no quieren, incluso teniendo recursos económicos altos”.
El costo fiscal de la exclusión
Néstor Genis, investigador de Ethos Innovación en Políticas Públicas, explicó que pese a las reformas de la última década en materia de derechos laborales, “la gran mayoría de las trabajadoras no están viendo reflejada toda esta nueva legislación en condiciones laborales dignas con trabajo justo“.
Además de la falta de contrato y de seguridad social, el informe elaborado por Ethos, Fundación Avina, ProDESC y Oxfam México destaca que seis de cada 10 trabajadoras no acceden a ninguna prestación de ley, una realidad que deja a las personas empleadas en la incertidumbre y con pocas posibilidades de acceder a la justicia.
Otra “trampa” identificada en el documento es el aseguramiento de las trabajadoras del hogar por día, lo que implica un costo adicional de 17.7 % en comparación con el pago mensual. Asimismo, las empleadas que participaron en los grupos focales consultados por los investigadores señalaron que se les niega la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando acuden a buscar atención médica en un día en el que no se encuentran aseguradas.
Sobre las consecuencias de la baja tasa de afiliación, el informe asegura que “no sólo representa una violación sistemática a los derechos laborales, sino también una fuga recaudatoria masiva originada por la inacción del Estado”, con una pérdida estimada de 46 mil 88 millones de pesos anuales exclusivamente por las cuotas patronales que no recibe el IMSS.
“La tolerancia institucional frente a la informalidad del sector funciona, en la práctica, como un subsidio de facto a los hogares empleadores”, señala el texto, lo que es pagado por las propias trabajadoras, quienes “se ven obligadas a asumir, con sus bajos salarios, los gastos médicos, de maternidad y su propia supervivencia en la vejez”.
Los retos de la exigencia de derechos de las trabajadoras del hogar
Ante la falta de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, así como otras formas de discriminación y violencia de las que son víctimas, la investigación reclama que “aunque el artículo 542 de la Ley Federal del Trabajo ordena que la inspección atienda con especial atención a personas trabajadoras del hogar migrantes, en situación de vulnerabilidad o menores de 18 años, los lineamientos operativos para cumplir con este mandato no existen”.
Esta inacción de las autoridades, denuncian las empleadas, se ve justificada con la inviolabilidad del domicilio y por el supuesto desconocimiento del universo de los centros de trabajo; sin embargo, afirmaron que son cuestiones jurídicamente débiles, y que se trata de un razonamiento de “trampa circular” para no actuar.
En el caso de quienes deciden emprender acciones contra sus patrones, denunciaron que más de la mitad de los procedimientos ante los Centros de Conciliación no culmina en un acuerdo. Cuando los casos escalan a nivel judicial, expone el informe, la posibilidad de llegar a la sentencia es baja: de 344 demandas sólo 48 la han tenido y “rara vez ha sido favorable”.
Como respuesta, las trabajadoras del hogar han encontrado la organización colectiva, con la que rompen el aislamiento y construyen seguridad alrededor de su lucha. El informe reconoce que contribuyen al dar acompañamiento jurídico especializado y con la profesionalización del sector.
Para llegar a esta organización, trabajadoras sindicalizadas y organizaciones señalaron que se deben sortear barreras, como la dispersión de empleadas en domicilios distintos, la doble jornada laboral que tienen en sus casas y en sus espacios de trabajo, así como el temor a organizarse y que ello las afecte con la organización de “listas negras” o fabricación de acusaciones sin derecho de réplica.
Exigencias históricas y propuestas técnicas del gremio
El informe incluyó recomendaciones formuladas por las trabajadoras del hogar, dirigidas al IMSS, a la Secretaría del Trabajo federal, a las autoridades laborales locales y al Poder Legislativo para pasar del diagnóstico sobre su falta de derechos a la acción institucional.
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Al IMSS, pidieron desvincular la vigencia de derechos —como la cobertura médica y otros seguros— de los días trabajados, habilitar un sistema de pago domiciliado para las cuotas obrero-patronales y eliminar la rigidez del calendario de afiliación.
A las autoridades laborales federales y locales les recomendaron emitir lineamientos de inspección aplicables al trabajo del hogar, establecer un régimen sancionatorio expreso y coercitivo ante el incumplimiento, construir un registro obrero-patronal para transitar hacia una fiscalización proactiva y focalizada, así como convertir las guías voluntarias de seguridad y salud en normatividad obligatoria y vinculante.
También hicieron un llamado al Poder Legislativo para integrar el trabajo del hogar remunerado al Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto etiquetado, e integrar un programa de protección para las adultas mayores que se emplearon en este sector.