Emiten sentencia por homicidio del buscador Javier Barajas, pero un amparo mantiene abierto el caso

Luego de los cinco años que su madre y su padre han lidiado con el sistema judicial mexicano, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato emitió una sentencia condenatoria por el homicidio de Javier Barajas Piña, quien fue asesinado como resultado de sus acciones de búsqueda para encontrar a su hermana Guadalupe, desaparecida en febrero de 2020 y hallada casi un año después en fosas de Salvatierra.

Sin embargo, el proceso sigue inconcluso, pues no se ha realizado aún audiencia de individualización de sanciones, porque uno de los sentenciados interpuso una demanda de amparo directo. La resolución de ese recurso tiene para la familia una importancia fundamental, pues podría obstaculizar su búsqueda de verdad y justicia.

“Hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, resuelva el juicio de amparo con la mayor celeridad posible y conforme a los más altos estándares en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos”, apunta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez frente a la futura resolución.

En entrevista, César Contreras, abogado de la organización, recuerda que el antecedente directo de este momento del proceso es que los dos ahora sentenciados por el homicidio de Javier ya habían presentado un amparo y el Poder Judicial de la Federación determinó que se repusiera la resolución por una sala penal distinta a la que había conocido primeramente sobre el caso. 

“Esa es la sentencia en la que estamos ahorita, la de apelación en donde se confirma la condena en contra de los perpetradores del homicidio de Javier. Después de la sentencia de apelación que confirma esto, la séptima sala penal lo único que hace es decir ‘culpable o inocente’. En este caso es culpable, pero el monto de la individualización de la pena ya le corresponde al juzgado”, explica.

Esa ventana fue la que uno de los sentenciados  aprovechó para presentar un amparo directo. Esto se debe a que en la instancia  anterior no se analizó el fondo del asunto; solo se derivó a una sala distinta. Esta vez sí habrá una valoración de todas las pruebas, para saber si la responsabilidad penal está correctamente atribuida. Este nuevo obstáculo podría tardar en resolverse desde seis meses hasta un año, o más, dependiendo de la carga de trabajo y el rezago de los tribunales. 

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Dado que el aniversario del asesinato de Javier será el próximo 29 de mayo, “nos parece que un caso de esta naturaleza, que implicaría dar un mensaje contra la impunidad en casos de personas defensoras y buscadoras, sí es fundamental que se priorice por parte del Poder Judicial de la Federación, y fundamental que se garantice el acceso a la justicia de los profesores (su madre y su padre), y que se dé por concluido el proceso de manera definitiva”, apunta.

Contreras subraya que ese es el planteamiento central: la justicia está incompleta porque todavía queda esta última etapa del proceso penal que tiene que agotarse. Una vez que el tribunal colegiado resuelva el amparo directo, se cerraría el proceso por completo.

“Eso daría oportunidad a que, de confirmarse la sentencia, se diera certeza jurídica a los profesores, se garantizara el derecho a la justicia y ya se cerrara esta etapa tan dolorosa para ellos, de más de cinco años de lucha”, subraya el abogado.

Ma. Tránsito Piña y Javier Barajas, madre y padre de Javier y Guadalupe, han tenido que desplazarse incluso de su lugar de residencia ante los riesgos que corren por su búsqueda de justicia. La decisión de condenar a las personas imputadas no sólo representa un mensaje de justicia para ellos, sino también para los colectivos que les han acompañado en cada paso del proceso. 

Un caso emblemático en riesgos para personas buscadoras

El caso de Javier Barajas Piña es significativo porque muestra los graves riesgos que enfrentan las familias buscadoras en esa labor obligada. Desde 2010, al menos 34 personas buscadoras han sido desaparecidas o asesinadas en México, por lo que este caso podría sentar un precedente de justicia, y garantizar que se tomen medidas de no repetición.

Los cinco años de los que habla Contreras refieren al camino que empezó, inicialmente, un mes después del asesinato de Javier, cuando el 2 de julio de 2021 se giraron órdenes de aprehensión en contra de los perpetradores —detenidos un día antes por delitos contra la salud y portación de arma de fuego— por homicidio calificado.

De hecho, las pruebas de balística determinaron que el arma que portaban cuando fueron detenidos es con la que se consumó el asesinato de Javier, además de que fue utilizada en múltiples ocasiones. Luego se fueron recopilando otras pruebas, incluidos dos testimonios presenciales de los hechos que pudieron confirmar las identidades de los señalados.

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Si bien rindieron su testimonio ante el Ministerio Público, uno de ellos fue víctima de desaparición en el transcurso del proceso penal. “Eso implicó una grave afectación al proceso; es algo que preocupa mucho”, remarca Contreras. Además de los testigos, la geolocalización de los registros telefónicos de los perpetradores los ubicaron en el lugar donde ocurrió el asesinato. 

A partir de ahí se inició el largo caminar de Ma. Tránsito y Javier: la vinculación a proceso; la etapa intermedia, donde se presentaron las pruebas; el juicio oral, donde se desahogaron todos los testimonios, peritajes y pruebas científicas; una primera sentencia absolutoria —porque no se quería tomar en cuenta la declaración del testigo desaparecido—; la apelación en contra de esa determinación, con resultado positivo; una segunda apelación por la insistencia en absolver a los responsables, y la reposición que condujo a la confirmación de la sentencia. 

“Estamos hablando de múltiples jueces, de múltiples procesos, de múltiples recursos, que han sido profundamente revictimizantes para los profesores, un largo trayecto y camino para el acceso a la justicia, y por ese mismo motivo tendría que ser este caso una muestra ejemplar de que puede haber resoluciones en corto plazo: que el Poder Judicial de la Federación resuelva lo antes posible el amparo directo para poner fin a este proceso tan complicado de tantos años”, reclama el abogado. 

La otra búsqueda de justicia: el caso de Guadalupe

En paralelo al proceso que se sigue por el asesinato de su hijo, Ma. Tránsito y Javier lograron la judicialización de la denuncia por la desaparición y muerte de su hija Guadalupe, hallada en las fosas de Salvatierra, Guanajuato, junto a otros 79 cuerpos en octubre de 2020 —y plenamente identificada hasta febrero de 2021, un año después de su desaparición.

La causa penal por su caso sigue abierta en torno al delito de desaparición forzada agravada cometida por particulares. Ese proceso se inició el 26 de octubre de 2021, con la vinculación a proceso de Carlos Manuel N. y Socorro Alejandro N. Por otra parte, César Enrique N. —sentenciado en la causa de su hermano— y Julio César N. fueron imputados en 2022 por el mismo delito.

En ese proceso, los padres de Lupita y Javier también se han enfrentado a un largo camino: primero, una sentencia absolutoria en 2024, que ellos apelaron para obtener una condena ese mismo año contra los cuatro procesados. Sin embargo, Julio César N. y Carlos Manuel N. se fugaron de la acción de la justicia, y hasta 2025 se logró la reaprehensión del primero. 

Los condenados rechazaron la sentencia, y en el marco del juicio de amparo indirecto 51/2025 el pasado 18 de febrero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato resolvió pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para resolverlo. 

Durante aquella sesión, el tribunal consideró, a propuesta del magistrado Roberto Hoyos Aponte, que el asunto es de máxima trascendencia e importancia, por lo que el tribunal supremo podría establecer un criterio que dé pauta a una resolución significativa en torno de un fenómeno de alto interés, como la desaparición, un crimen de lesa humanidad que se traduce en una violación permanente y pluriofensiva de los derechos de las víctimas. Aunque se enlistó hace un par de semanas, la Suprema Corte aún no ha discutido la viabilidad de atraer el caso.

Un aspecto fundamental que entrevera los procesos, además del lazo familiar de Javier y Guadalupe, es que hoy se sabe que uno de los dos perpetradores del homicidio del primero también participó en la desaparición y asesinato de su hermana. De hecho, los riesgos que enfrentan víctimas, familiares y testigos dentro de los procesos penales —como en el caso de Javier— fue uno de los argumentos del tribunal local para pedir la atracción de la Suprema Corte. 

Por eso la decisión sobre sus casos ha abierto dos nuevas puertas en el camino de la madre y el padre de Lupita y Javier, que siguen pidiendo justicia por la desaparición de la primera y el asesinato del segundo, siempre bajo el reclamo de que las leyes no se usan en favor de las víctimas, lo cual se agrava por los vínculos entre imputados o autoridades con grupos de delincuencia organizada, contra los que se prefiere no actuar. 

“Esta sentencia (por el caso de Javier) es ejemplar, demuestra que el Poder Judicial de Guanajuato sí puede generar criterios homogéneos entre las propias determinaciones que tienen las salas, es consistente con los propios criterios que tienen dentro del Poder Judicial local, y tendría que ser un mensaje contra la impunidad en casos de personas buscadoras que han estado por tanto tiempo en riesgo en general en el país, pero particularmente en Guanajuato, que es el que tiene el mayor número de casos de personas buscadoras desaparecidas o asesinadas, como Javier”, concluye Contreras.