Animal Político · 17 de agosto de 2026
La Segunda Marcha de Personas en Situación de Calle se realizó este lunes en Ciudad de México para exigir el reconocimiento y garantía de sus derechos, así como visibilizar problemas como la falta de vivienda, la persecución, el desplazamiento, la violencia y las dificultades para acceder a servicios básicos.
Convocada por la publicación Mi Valedor, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Laboratorios de Paz y el colectivo El Otro Lado de la Calle, la movilización partió a las 11:30 horas de la estación Doctores del Metro con dirección al Jardín de Santiago, en Tlatelolco.
Durante la movilización, las personas participantes presentaron un pliego petitorio dirigido a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; al secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Enrique Yanes Rizo, y al director ejecutivo del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Guillermo Alán García Capcha.
El documento plantea 16 exigencias relacionadas con empleo, salud, vivienda, documentación, acceso a servicios, seguridad y atención de abusos cometidos contra esta población.
Entre las demandas está la creación de programas de trabajo digno que incorporen a personas en situación de calle a tareas comunitarias, servicios urbanos y oficios, con remuneración justa y seguridad social. También se solicita la instalación y mantenimiento de baños públicos gratuitos, accesibles y en condiciones de higiene.
El pliego plantea además la instalación de módulos itinerantes para facilitar la obtención de actas de nacimiento, CURP, credenciales de elector y otros documentos, así como mecanismos que permitan acceder a documentos de identidad sin presentar un comprobante de domicilio propio.
En materia de salud, demandan eliminar prácticas discriminatorias que impidan recibir atención médica y establecer mecanismos de supervisión y sanción para hospitales y clínicas que incumplan los protocolos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. También piden instrucciones específicas para que los servicios de urgencias y ambulancias garanticen atención inmediata y sin prejuicios.

Otro de los puntos solicita mayor inversión y profesionalización de clínicas y programas especializados en adicciones y salud mental, con personal capacitado y un enfoque de derechos humanos y no punitivo.
El documento también exige la colocación de contenedores de basura en zonas identificadas para reducir conflictos con vecinos y mejorar las condiciones de convivencia en el espacio público.
Sobre los albergues, el pliego propone su reconversión en espacios seguros, con condiciones higiénicas, alimentación adecuada y programas de reinserción social, en lugar de que funcionen únicamente como lugares de confinamiento temporal.
Las personas participantes también demandan mecanismos accesibles para denunciar abusos, extorsión o violencia, con seguimiento y sanciones. En particular, exigen el cese de prácticas que atribuyen a autoridades, como detenciones arbitrarias, extorsiones, acusaciones falsas y la siembra de pruebas, además de sanciones para los elementos responsables y garantías de no repetición.
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Otro de los puntos solicita que el Gobierno de Ciudad de México emita una disculpa pública y reconozca la insuficiencia de las políticas actuales para atender a las personas en situación de calle, así como que establezca compromisos verificables.
El pliego incluye también la capacitación obligatoria de policías, personal de salud, trabajadores sociales y otros servidores públicos que tienen contacto directo con esta población. A ello suma la petición de campañas de comunicación que muestren las historias de vida y las barreras estructurales que enfrentan quienes viven en la calle.
Las organizaciones y personas participantes solicitan además materiales accesibles sobre derechos, programas y rutas de atención, así como la creación de una fiscalía especializada para recibir denuncias relacionadas con violencia, desapariciones y muertes de personas en situación de calle.
En materia de vivienda, proponen un programa de vivienda tutelada con mediación comunitaria, asesoría legal y acompañamiento psicoemocional, con una transición hacia esquemas permanentes de vivienda social y seguimiento integral.
El documento plantea asimismo establecer un mecanismo para que personas cercanas, aunque no sean familiares directos, puedan reclamar los cuerpos de quienes mueren en situación de calle, con el propósito de evitar que sean enviados a fosas comunes sin identidad ni reconocimiento.
Por último, el pliego pide al gobierno capitalino trabajar con organizaciones de la sociedad civil y proyectos ciudadanos que acompañan a personas en situación de calle, mediante instalaciones e incentivos económicos sujetos a monitoreo para garantizar resultados.

La marcha se realiza como antesala de la segunda edición del foro Sin Techo con Derechos, que se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
De acuerdo con Mi Valedor, la movilización busca visibilizar las condiciones que enfrentan las personas en situación de calle y exigir respuestas frente a las problemáticas que viven de manera cotidiana, entre ellas las dificultades para acceder a una vivienda, así como situaciones de persecución, desplazamiento y violencia.
La marcha forma parte de las actividades de Sin Techo con Derechos, un encuentro que busca generar reflexión, intercambio de experiencias y propuestas sobre la situación de calle en México desde una perspectiva de derechos humanos.
Las organizaciones convocantes sostienen que la situación de calle está relacionada con distintas formas de exclusión y plantean la necesidad de que las personas que viven o han vivido en esta condición sean reconocidas como titulares de derechos.
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“La situación de calle no es una elección individual, sino el resultado de múltiples formas de exclusión. Sin Techo con Derechos busca abrir un espacio para escuchar, dialogar y construir soluciones colectivas que coloquen los derechos humanos en el centro de la discusión pública”, señala el comunicado de Mi Valedor.
La segunda edición del foro reunirá durante tres días a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, universidades, colectivos y proyectos culturales que trabajan en distintos ámbitos relacionados con los derechos de las personas en situación de calle.
El encuentro contempla nueve mesas de diálogo y actividades abiertas al público en las que se abordarán temas como diversidad sexual y de género, discapacidad y vejez, reducción de riesgos y daños, vivienda, acceso a la cultura, trabajo informal, maternidades, sistema penitenciario y uso del espacio público.
El objetivo, de acuerdo con los organizadores, es propiciar un intercambio entre quienes investigan la situación de calle, quienes diseñan políticas públicas, quienes trabajan directamente con esta población y las propias personas con experiencia de vida en calle.
La movilización de este lunes da continuidad a la primera marcha realizada en 2025, también convocada por Mi Valedor, que fue presentada como la primera movilización de este tipo encabezada por personas en situación de calle en México y se realizó en coordinación con la red En la calle.
En la primera movilización, Mateo Rivera, coordinador de trabajo de campo de Mi Valedor, explicó en entrevista con Animal Político que el objetivo no era concentrar a un gran número de personas, sino generar conciencia sobre los derechos de esta población. La demanda central, señaló entonces, era el respeto de derechos que ya están reconocidos.
Entre las demandas planteadas en aquella movilización estuvo el derecho a la identidad, debido a las dificultades que enfrentan algunas personas para obtener documentos oficiales. Rivera señaló que la exigencia de presentar un comprobante de domicilio puede convertirse en una barrera para realizar distintos trámites.
También se planteó el derecho a la salud, debido a que personas en situación de calle enfrentan problemas de salud, discapacidades y dificultades para recibir atención médica. Rivera señaló que algunas personas eran objeto de malos tratos por su apariencia o por el consumo de sustancias y que en algunos casos se les negaba atención.
Otro de los reclamos fue el derecho a la vivienda y las condiciones de los albergues. Rivera señaló entonces que estos espacios enfrentaban problemas de capacidad y servicios, además de situaciones de violencia, robos y otras condiciones que llevaban a algunas personas a preferir permanecer en el espacio público.
La primera marcha también planteó la necesidad de garantizar el derecho a la justicia frente a abusos cometidos por servidores públicos. Rivera señaló que las personas en situación de calle eran desplazadas de manera constante, que en algunos casos se les retiraban sus pertenencias y que enfrentaban agresiones por parte de autoridades.
En particular, señaló a la policía turística como una de las corporaciones que más agredía a esta población en zonas como Garibaldi y Lagunilla. “La policía turística es la que más los agrede, pues porque dan una mala apariencia”, dijo entonces.
La movilización de 2025 también puso en discusión la dimensión de la población en situación de calle en la capital. Rivera cuestionó los censos oficiales y señaló que las cifras disponibles no reflejaban, a su juicio, la movilidad y las dinámicas de esta población.
“El último censo oficial da un número de mil 200 personas, pero contamos con cifras de antes de la pandemia que superaban las seis mil. La movilidad y las dinámicas de esta población no se reflejan en los conteos actuales”, explicó entonces.