Red de pederastas en TikTok evidencia fracaso en protección de plataformas; organizaciones vigilan

La publicación de la investigación periodística del medio Maldita.es sacó a la luz una red masiva de distribución y monetización de material de abuso sexual infantil en TikTok. Sin embargo, más allá de la coyuntura del hallazgo de miles de videos y perfiles operando impunemente, el informe volvió a poner sobre la mesa la asimetría entre las multinacionales tecnológicas y la sociedad civil que, ante la pasividad de los algoritmos y la falta de moderación humana, han asumido voluntariamente la labor de rastrear, identificar y denunciar contenidos violentos.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe (TRILAC), los hallazgos de Maldita.es sobre la existencia de más de mil videos con contenido explícito y decenas de miles de perfiles de TikTok relacionados no son un hecho aislado ni exclusivo de una sola plataforma, sino la confirmación del fracaso del modelo de autorregulación corporativa.

Juan Martín Pérez es uno de los actores de la sociedad civil aliado con las grandes plataformas —Facebook, Instagram, X, TikTok, entre otras— para retirar contenido ilícito en la red. En entrevista, explica que ante la falta de personas empleadas para la revisión del contenido que se denuncia, diversas organizaciones han tenido que asumir la tarea de monitorear y canalizar denuncias directas a través de diversas vías de ciberseguridad.

 

La sociedad civil ante el algoritmo que monetiza la violencia

El especialista detalla que este mecanismo de emergencia opera a través de “las organizaciones que llevamos mucho tiempo peleando estos temas”, quienes cuentan con cuentas autorizadas para que, cuando envíen alertas de seguridad a las plataformas, automáticamente bajen los contenidos. “Ya no requieren verificación humana porque somos entidades de confianza”, explica.

Lee: España contempla suspensión de TikTok a nivel nacional ante revelaciones de redes de pederastas

A pesar de la utilidad de estos canales para frenar riesgos o evitar que ciertos hashtags se vuelvan tendencia, Pérez advierte que “esto es claramente insuficiente, porque se necesita que las plataformas apliquen el llamado principio de debida diligencia”, y que, más allá de eliminar contenidos, “la plataforma se ocupe de la protección de niños y niñas”.

De acuerdo con la Fundación PAS: Prevención del Abuso Sexual, los groomers, como nombra la organización a los adultos que contactan con engaños a niñas, niños y jóvenes por internet para obtener imágenes con contenido sexual, pueden tardar hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y tome fotografías. Datos de UNICEF estiman que existen cerca de 750 mil pederastas en la red.

La “franja gris” de la regulación, el modelo de negocio y los intereses políticos

Pérez García sostiene que regular a las plataformas digitales implica enfrentarse a un entramado de poder económico, geopolítico y normativo. Durante más de una década, la respuesta corporativa ante los señalamientos de omisión en la regulación ha estado justificada por la defensa de la libertad de expresión y bajo el argumento de que no son responsables de los contenidos, lo que deja a este tipo de publicaciones en lo que especialistas llaman “franja naranja” o “franja gris”, es decir, que son polémicas, pero, si se limitan puede interpretarse como un acto de censura.

Para el activista, el obstáculo de fondo para lograr una regulación efectiva radica en el propio modelo de negocio, ya que las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia e interacción, lo que lleva a que contenidos polémicos o violentos generen ingresos monetarios. Por ello, considera que atacar la monetización es la clave para desactivar la impunidad en la red.

 

“Necesitamos regular el modelo de negocios. En tanto se monetice el odio, en tanto se monetice la violencia sexual, pues el negocio va a seguir. Para evitar que el debate sea la libertad de expresión, de acuerdo, no censuramos, pero no monetizamos. Su negocio es monetizar el odio; lo mismo pasa con los pederastas”, afirma.

Podría interesarte: Directos de menores: TikTok dice prohibirlos pero no los evita y gana dinero con el acoso de los pederastas

A la lógica financiera se suma la falta de voluntad política para promover una gobernanza global. Las élites políticas de diversos países han encontrado en el uso de los algoritmos una herramienta para campañas electorales, desinformación y control de la agenda pública, lo que desincentiva una fiscalización severa a las grandes multinacionales y genera políticas públicas que atienden el tema de manera incompleta, como la prohibición de celulares en escuelas.

En la esfera internacional, la UNICEF ha sido enfática en que la seguridad de los menores en el entorno digital no debe tratarse como un compromiso voluntario de las empresas, sino como una obligación legal. En la misma línea, Save The Children remarca que la falta de controles efectivos perpetúa la vulnerabilidad de los niños y jóvenes, ante lo cual exigió auditorías externas independientes y la intervención de organismos reguladores para la investigación del caso.

Hacia entornos digitales seguros

Frente a la tentación de responder a estas crisis con medidas prohibitivas —como el bloqueo total de aplicaciones o la restricción de dispositivos en las escuelas—, Pérez García advierte sobre los riesgos de caer en lo que denomina “pánico moral”. Para el especialista, expulsar a las infancias de los espacios virtuales no solo es inviable en el mundo contemporáneo, sino que traslada injustamente la culpa a las familias y a los propios menores, invisibilizando la responsabilidad legal que recae en los creadores de la tecnología.

“La violencia sexual y los pederastas ya existían antes de internet; lo que hace la red es amplificarlos y darles otra vía. Queremos proteger a niños, niñas y adolescentes no negándoles los entornos digitales, sino trabajando con ellos para que puedan abordar estos riesgos desde el pensamiento crítico. Es muy sencillo demonizar un aparato o un entorno sin exigirle responsabilidad a las empresas que diseñan los algoritmos”, enfatiza el coordinador de TRILAC.

Para transformar de fondo la problemática, el especialista señala que el Estado debe obligar a las empresas a aplicar el principio de seguridad por diseño (safety by design), garantizando que tanto el hardware como el software y los algoritmos incorporen filtros preventivos desde su concepción. A ello debe sumarse la implementación de evaluaciones externas periódicas y una regulación estricta de la estructura de ingresos de las plataformas para impedir que lucren con dinámicas de riesgo y el fortalecimiento de la ciudadanía digital a través de la alfabetización crítica y el acompañamiento intergeneracional.

 

Mientras el debate de fondo continúa, las revelaciones de Maldita.es ya han desatado consecuencias institucionales inmediatas en España. Tras el traslado de los hallazgos a las autoridades, el Ministerio de Juventud e Infancia derivó el expediente a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles responsabilidades penales de la plataforma.

Paralelamente, el Gobierno español ha puesto sobre la mesa la exigencia de medidas cautelares severas —incluyendo la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de TikTok en el país si no garantiza la protección efectiva de las infancias—, al tiempo que conforma un grupo interinstitucional para evaluar reformas legislativas en materia de gobernanza digital y verificación de edad.

A escala europea, el caso ha trascendido la coyuntura nacional para situarse en el centro del escrutinio regulatorio comunitario. La Comisión Europea ha incorporado las evidencias documentadas en el marco de las investigaciones formales abiertas contra TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Este mecanismo continental sitúa a la matriz tecnológica ante un cerco inédito: la obligación de demostrar auditorías independientes sobre sus algoritmos de recomendación e infraestructura de moderación, bajo la amenaza de encarar sanciones económicas multimillonarias que podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación global si se constata una omisión sistemática en la gestión de riesgos sistémicos para los menores.

Antes de que te vayas: Organizaciones enfocadas en infancias reconocen decreto para regular plataformas, pero advierten vacíos