“Me siento decepcionada”: toma de instalaciones por “malgenerización” en el caso Paola Buenrostro
Eréndira Aquino · 2 de septiembre de 2026
“Me siento decepcionada”, expresó Kenya Cuevas al finalizar la primera audiencia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro, su compañera años atrás en el trabajo sexual, a quien vio por última vez con vida cuando entró en el automóvil de un hombre que solicitó sus servicios.
Hace una década, Kenya presenció el asesinato de Paola y hoy continúa exigiendo justicia ante autoridades que en este tiempo transcurrido clasificaron el delito como homicidio y no como feminicidio, además de desconocer la identidad de género de las víctimas, al llamarlas por el nombre y pronombre masculino con el que no se identifican.
Luego de la audiencia, se determinó que la detención de Arturo “N”, el presunto asesino, fue legal. Será hasta el próximo viernes cuando se determine su vinculación a proceso. No obstante, debido a la “malgenerización” de las víctimas y el delito que se persigue, personas trans realizaron una protesta en la Fiscalía Especializada en la Atención del Delito de Feminicidio y exigieron la destitución de su titular, Brenda Bazán.
Acusan de transfobia a la fiscal de feminicidios
A las puertas de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, la activista Kenya Cuevas tomó un megáfono para hacer sonar sus exigencias de justicia e indignación. “Diez años me senté en esta pinche institución para crear protocolos, manuales y lineamientos que garantizaran nuestra identidad de género, pero hoy vemos que no bastó”, dijo dirigiéndose a medios de comunicación y funcionarios de justicia.
Con la voz entrecortada, explicó que desde 2016 cambió legalmente su nombre, lo que no impidió que la discriminaran siendo víctima indirecta.
“Me encuentro de nuevo, como hace diez años, tomando las calles y las instituciones y desmadrando todo… porque Paola vale la pena”, afirmó. “Es indignante ver cómo tiran diez años de mi vida a la basura”, lamentó. Por esos hechos, Bazán fue calificada por las inconformes como una “fiscal de feminicidios transfóbica”.
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Dentro del edificio, los cristales de varios despachos fueron destrozados y en las paredes dejaron por escrito sus exigencias de justicia, hasta que la fiscal Bertha Alcalde aceptó recibir a una veintena de mujeres trans y no binarias.
La comisión llevó ante la funcionaria la discusión sobre varias carpetas de investigación sin avances o en las que se criminaliza a la población trans.
Al inicio de la reunión, Kenya remarcó que su descontento no era con los funcionarios que acudieron a negociar con las manifestantes, sino con el sistema “que no ha querido cambiar: hay una recomendación, la 02/2019, ¿Y no entendieron con eso? Y la pinche orden de aprehensión que tardaron 10 años en cumplimentar”, reclamó.
Rodeadas de policías antimotines, el resto de las manifestantes en solidaridad con Kenya Cuevas y Paola Buenrostro continuaron con la toma del edificio de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio hasta la noche del martes, cuando se trasladaron a otras oficinas, a un par de calles, donde se solicitó su presencia para apoyar a las integrantes de la comisión.
Entre promesas institucionales y la indignación trans
El diálogo entre personas trans y autoridades se extendió por más de dos horas, en las que la fiscal manifestó descontento por los destrozos en las oficinas, pero aceptó compromisos de atención. Las inconformes exigieron la destitución de Brenda Bazán y la reclasificación del delito contra Paola Buenrostro para reconocerlo como feminicidio, dado que cuando sucedió el crimen aún no estaba tipificado el transfeminicidio.
Pese a los acuerdos alcanzados, la tensión entre manifestantes y autoridades se intensificó debido a un comunicado emitido por la fiscalía, en el que la dependencia aseguró que en las siguientes etapas del proceso está abierta la posibilidad de reclasificar el delito, y que la institución entiende “el dolor y la indignación acumulados a lo largo de casi una década”.
Sin embargo, remarcó que “ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones” y rechazó que la institución tenga prácticas “de carácter transfóbico”.
Aun dentro de las instalaciones donde fueron recibidas por Bertha Alcalde, las mujeres trans exigieron que se bajara de las redes sociales el comunicado que “revictimiza a las afectadas y criminaliza la protesta”, lo que no ocurrió.
Hasta pasadas las 22:00 horas, la protesta continuó en las oficinas de la Dirección General de la Policía de Investigación, donde se llevó a cabo el diálogo con la fiscal. Las inconformes se negaron a abandonar el edificio hasta recibir firmada la minuta de la reunión y que se borrara el boletín de prensa.
Afuera, sobre la calle Dr. Lavista —a unos metros de donde se realizó la audiencia de Arturo N—, pese a la lluvia y el frío, permaneció el resto de las inconformes.
El transfeminicidio de Paola Buenrostro
El 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro, una mujer trans de 24 años que ejercía el trabajo sexual en la Ciudad de México, fue asesinada luego de abordar el vehículo de un posible cliente. El crimen fue presenciado por su amiga y compañera Kenya Cuevas, quien escuchó los gritos de auxilio y el disparo que le arrebató la vida. Kenya se salvó cuando el agresor intentó dispararle a ella también, pero el arma se encasquilló.
A pesar de que el presunto responsable fue retenido inicialmente en el lugar de los hechos y presentado ante las autoridades por las compañeras de Paola, el juez a cargo ordenó su liberación al finalizar la audiencia inicial, marcando el inicio de una cadena de impunidad y omisiones por parte del sistema de justicia.
Ante la indolencia institucional y el dolor por la pérdida, Kenya Cuevas transformó su indignación en un motor de activismo y fundó la organización civil Casa de Muñecas Tiresias, así como el primer albergue para mujeres trans en México, nombrado Casa Hogar Paola Buenrostro. Desde entonces, su labor se ha centrado en brindar refugio, asesoría jurídica, acceso a la salud y apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad.
La persistencia de Kenya impulsó importantes avances en la defensa de los derechos humanos. En 2019, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció oficialmente el caso de Paola como el primer transfeminicidio en la capital.
Asimismo, su exigencia de justicia y de una reforma legal contribuyó a la aprobación de la llamada “Ley Paola Buenrostro” que tipifica y sanciona los transfeminicidios en el país.