Infancias trans, identidad de género y el veto de Kuri

Por Enrique Vega-Dávila

Una niña trans que insiste en cómo quiere ser nombrada no aparece por decreto, tampoco un adolescente que deja de reconocerse en el nombre que le pusieron al nacer surge porque una legislatura lo autorice. Las infancias trans existen antes que la ley, antes del escándalo público y antes de que la política conservadora las convierta en amenaza. Existen en las casas donde se negocia el miedo, en las escuelas que todavía no saben acompañar, en los consultorios donde se confunde escucha con corrección y en los trámites donde un documento puede volverse una escena de exposición.

México ha avanzado de manera desigual, pero no insignificante, en el reconocimiento jurídico de la identidad de género. Distintas entidades han establecido procedimientos administrativos para adecuar actas de nacimiento sin obligar a las personas trans a pasar por juicios largos, costosos o humillantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha fijado criterios relevantes: el reconocimiento de la identidad no debe depender de cirugías, tratamientos hormonales, diagnósticos médicos ni dictámenes psicológicos, porque la identidad de género no es una enfermedad ni una concesión que el Estado entrega después de examinar cuerpos. 

En el Amparo en Revisión 1317/2017, la Corte sostuvo que estos procedimientos deben ser expeditos, confidenciales y no patologizantes, justamente para evitar que la documentación civil funcione como dispositivo de discriminación. Ese criterio puede consultarse en el sitio de la SCJN y conviene recordarlo porque desplaza el debate desde la sospecha sobre los cuerpos hacia la obligación estatal de reconocer identidades sin producir humillación administrativa.

Lo que Kuri dijo y lo que la reforma discutía

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, anunció el veto a la reforma aprobada por el Congreso de su estado con una narrativa de alarma. Según sus declaraciones públicas, la legislación permitiría que niñas, niños y adolescentes “cambiaran de sexo” en su acta de nacimiento a partir de su autopercepción; además, vinculó la reforma con una supuesta imposición de la “izquierda radical” y con riesgos para las familias queretanas. 

La cobertura de medios nacionales, como La Jornada, permite ubicar el tono político de su intervención: no se presentó una objeción técnica acotada, sino una escena moral donde la identidad trans aparece asociada con el peligro, destrucción y desorden social.

El primer problema de ese discurso está en la palabra elegida. “Cambiar de sexo” produce una imagen corporal, médica e irreversible, pero la reforma discutida trataba sobre rectificación registral. Es decir, sobre la posibilidad de adecuar nombre y dato sexogenérico en documentos oficiales ante el Registro Civil. No regulaba cirugías, tratamientos hormonales, intervenciones médicas ni políticas escolares. Hablaba de actas. Y las actas, aunque parezcan papeles neutros, organizan la vida cotidiana: permiten inscribirse, trabajar, abrir cuentas, recibir atención, acreditar identidad y evitar que cada trámite se convierta en interrogatorio.

El segundo problema es más grave porque muestra cómo se usa políticamente a las infancias para bloquear derechos que, según las coberturas disponibles sobre el dictamen aprobado, estaban dirigidos a personas mayores de edad. Aunque la iniciativa original tuvo formulaciones más amplias, las coberturas sobre el dictamen aprobado el 30 de abril de 2026 señalan que la reforma votada estaba dirigida a personas mayores de edad. Medios locales como el Diario de Querétaro reportaron que el procedimiento sería administrativo y aplicable a personas adultas. Por eso el argumento de Kuri resulta, cuando menos, engañoso.

Si el Ejecutivo detectaba problemas técnicos, podía formular observaciones proporcionales; lo que hizo, en cambio, fue convertir una reforma registral en una amenaza contra la familia. Ahí el veto deja de ser solo un acto jurídico y se vuelve pedagogía política: enseña a mirar la identidad trans como riesgo antes que como derecho.

Cuando la familia se usa como frontera

El dato social también incomoda la caricatura hecha por el gobernador. La ENDISEG 2021 del INEGI estimó que 5 millones de personas de 15 años y más se identificaban como LGBTI+ en México, equivalentes al 5.1 % de esa población. Querétaro apareció entre las entidades con mayor proporción, con 8.2 %. No se trata, entonces, de un debate importado ni de una rareza fabricada por activismos urbanos; se trata de personas que viven, estudian, trabajan, aman, cuidan y hacen trámites en el mismo territorio que ahora se les presenta como si tuvieran que pedir permiso para pertenecer.

El veto de Kuri usa disputa sobre el Código Civil para administrar pertenencia. Algunas personas pueden presentarse ante el Estado sin explicar demasiado; otras deben probar que no son amenaza, que no confunden a nadie, que no dañan familias, que no ponen en riesgo a la infancia, que merecen algo tan básico como un documento congruente. La política del miedo funciona así: primero inventa un peligro, luego ofrece protección contra aquello que ella misma deformó.

Por eso la frase “defender a la familia” necesita ser interrogada cada vez que aparece. ¿A qué familia se protege cuando se obliga a una persona trans a vivir con documentos que la desmienten? ¿Qué infancia se cuida cuando se la usa como escudo emocional para bloquear derechos de personas adultas? ¿Qué orden social se defiende cuando la dignidad queda subordinada al cálculo electoral? El problema no está en que existan desacuerdos sobre cómo legislar; está en que esos desacuerdos se sostengan sobre imágenes falsas, cuerpos sospechosos y ciudadanías condicionadas.

Querétaro no discute solamente actas de nacimiento. Discute si la identidad será tratada como derecho o como permiso revocable. Negar documentos no borra a las personas trans; solo vuelve más costoso existir ante cada ventanilla, cada escuela, cada hospital y cada autoridad. El veto de Kuri no impide que las personas trans existan porque ningún gobierno puede hacerlo; más bien revela otra cosa: cuando el poder no puede borrar una vida, intenta volverla sospechosa, administrarla con miedo y usar a la infancia como coartada moral para contener derechos ya reconocidos. ♦

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Enrique Vega-Dávila es doctor en Estudios Críticos de Género; bachiller, licenciado y maestro en Teología. Actualmente es profesor en el Colegio de Filosofía y de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Pertenece al Sistema de Investigadoras e Investigadores de México como candidato y es acompañante espiritual de personas en cuidados paliativos. Redes: @reverendocuir