Desaparición forzada: organizaciones analizan lo que sigue para México en la ONU
Marcela Nochebuena · 27 de octubre de 2026
La semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de ese organismo en Nueva York los resultados derivados de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional sobre el tema en México.
Esta es la primera vez en la historia que el artículo 34 se aplica en algún país del mundo y para el Estado mexicano —como para cualquier otro— representaría una oportunidad en términos de aportación de conocimiento técnico y recursos financieros, enfatizaron personas buscadoras y organizaciones en una conferencia de prensa este lunes, retomando lo que expuso en ese sentido el propio presidente del CED, Juan Pablo Albán, la semana pasada.
“Hay que reconocer que el artículo 34 ya se activó”, subrayó Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. “No es un proceso que estemos esperando que va a suceder; ya se activó y ya el Comité emitió una decisión, y esa decisión ya fue comunicada a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Ante este suceso existen varias posibilidades de respuesta por parte de la Asamblea General, que aún continúa en sesiones. Una es que no se dé alguna definición al respecto. Otra es que los Estados acuerden impulsar que México atienda el procedimiento del artículo 34 —a lo que el gobierno se ha negado hasta ahora—, y una tercera es que se abra una consulta para definir los pasos a seguir.
“Lo cierto es que como este procedimiento es inédito y nunca se ha aplicado, los Estados tampoco saben cuál es la ruta para atenderlo”, agregó Marisol Méndez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).“Nosotros esperamos que los Estados atiendan lo que las familias han señalado y que puedan efectivamente, establecer una resolución en la que se dé seguimiento al caso de México”, añadió remarcando la importancia del cumplimiento de las disposiciones o resolutivos del CED, que son decisiones, no interpretaciones.
El artículo de la Convención Internacional, firmada y ratificada por México desde 2007 y 2008, con entrada en vigor en el país el 23 de diciembre de 2010, dice lo siguiente de forma textual: “si el Comité (CED) recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte (de la ONU), y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario General de las Naciones Unidas.”
Al respecto, la abogada de la Fundación para la Justicia explicó que México, al firmar el tratado del que resulta la Convención, se comprometió a cumplir las decisiones derivadas; en ese sentido, el Comité es el órgano encargado de velar que eso suceda.
“Entonces, tiene el Estado mexicano que poder atender las resoluciones que tome no nada más el Comité, sino también la Asamblea General al finalizar su sesión en noviembre/diciembre”, puntualizó.
¿Qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional?
En tanto, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, destacó que la cuestión que se abre actualmente es cómo la comunidad internacional responderá a la activación del artículo 34, pues lo ocurrido la semana pasada en Nueva York coloca la conversación alrededor de ese cuestionamiento: ¿qué es lo que la comunidad internacional está dispuesta a hacer para que en este país deje de haber de 130 a 135 mil personas desaparecidas?
“¿Qué es lo que la comunidad está dispuesta a hacer para que en este país deje de haber 72 mil cuerpos sin identificar? ¿Qué es lo que la comunidad internacional está dispuesta a hacer para que dejen de ser atacadas, amenazadas, asesinadas personas que buscan a sus familiares desaparecidos, y qué es lo que está dispuesta a hacer también para que esas familias no tengan que seguir buscando a sus familiares desaparecidos porque el Estado mexicano no los busca?”, señaló.
La comunidad internacional tiene muchas vías, sostuvo, para responder a “ese llamado del Comité contra la Desaparición Forzada que es además el llamado de las víctimas”. Es decir, la activación del artículo 34 responde a que las familias tienen décadas enviando información al CED frente a las omisiones y la indolencia del Estado mexicano. México es el país del mundo con más acciones urgentes por desaparición, elemento central en la decisión.
Dicha información, complementada por el Estado y por la sociedad civil, fue validada y revisada por el Comité, que es un órgano de Naciones Unidas, no adicional o independiente, recordó Olivares. Ante ello, la Asamblea General tiene diferentes alternativas, algunas dentro de la propia Asamblea y otras que el propio Estado mexicano ha hecho públicas en el marco de la activación del artículo 34.
Al mismo tiempo, las organizaciones no dejaron de reiterar que ese procedimiento no es un castigo ni una sentencia en contra del Estado mexicano, sino una medida preventiva respecto de lo que se podría hacer con el apoyo de la comunidad internacional. Por otro lado, su activación también coloca la problemática en el escenario mundial: llevarlo a la Asamblea General es una manera de señalar que se trata de un problema de toda la humanidad en distintos países.
“Por eso es muy importante la activación del artículo 34 y el monitoreo que puede hacer la Asamblea General, porque es una instancia internacional desde donde se puede monitorear lo que se hace a nivel nacional, y hemos visto en otras experiencias que cuando hay un ojo externo fiscalizando los resultados de las instancias encargadas de la procuración de justicia, puede haber mejores resultados”, apuntó Méndez.
Ante ello, el mejor escenario sería que existiera voluntad del Estado mexicano para construir, de la mano de las personas expertas de la ONU, la sociedad, las familias y los comités. En ese llamado también fue fundamental la presencia de personas buscadoras, por primera vez, en la Asamblea General, un espacio hermético y cerrado, de donde, de hecho, fueron desalojadas casi inmediatamente.
Las especialistas ejemplificaron la oportunidad que representa el procedimiento para recibir asistencia técnica y apoyo financiero con lo planteado por Brasil, por ejemplo, en la sesión del martes pasado. De ese Estado hubo agradecimiento por el seguimiento, y a continuación la pregunta: “¿qué puede hacer el comité para ayudarnos a elaborar un protocolo de investigación de casos de desaparición con perspectiva de género?”
“Ese tipo de preguntas son las que tendría que hacer el Estado mexicano al Comité. ¿Qué pueden hacer desde la Asamblea General para apoyar a México en los mecanismos de verdad y justicia, en los de investigación, en acciones de reparación? Es una oportunidad para el país y para la ciudadanía de recibir apoyo para poder comenzar a poner fin a la crisis de violencia y desaparición”, añadió.
“No existe ninguna iniciativa en curso”, insiste Gobernación
La notificación a México de la activación del artículo 34 ocurrió el 2 de abril de 2025. Desde entonces y hasta ahora, el Estado mexicano mantiene una postura de rechazo, si bien ha insistido en varias acciones puestas en marcha en el último año.
En un mensaje a medios citado este lunes a la misma hora de la conferencia de las organizaciones, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó los resultados de la misión de trabajo en Nueva York.
“Todos estos resultados fueron presentados ante representantes internacionales acreditados en las representaciones ante Naciones Unidas, quienes pudieron conocer directamente las capacidades que estamos construyendo y los desafíos que todavía tenemos que atender… Como señalamos ante las delegaciones de Naciones Unidas, rechazamos la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestra diferencia es jurídica y sustantiva”, dijo.
Añadió que ningún Estado miembro de las Naciones Unidas presentó una solicitud ni promovió iniciativa alguna para impulsar una acción o resolución de la Asamblea General sobre el caso de México. “No existe ninguna iniciativa en curso ni se ha iniciado un procedimiento adicional ante este órgano”, sostuvo Medina.
Consultadas al respecto de forma simultánea, mientras transcurría el mensaje de la Segob, representantes de organizaciones sociales reiteraron que el procedimiento se activó desde el año pasado y el Comité ya emitió una resolución que fue entregada a la Asamblea General, la cual tiene en sus manos la posibilidad de decidir entre varias alternativas. Por estos motivos, subrayaron, no se trata de un procedimiento cerrado. Por otro lado, es un tema que en cualquier momento puede volver a ser planteado.
“Ahora, independientemente de lo que pase ahí, es un deber del gobierno mexicano atender esta crisis que es una auténtica tragedia de la humanidad; pase lo que pase ahí, hay una responsabilidad”, destacó Olivares.
También lee: Sheinbaum atribuye avances en búsqueda de desaparecidos a reformas y trabajo institucional
Méndez, en tanto, aclaró que no es un asunto que se discutió para concluir el tema sino que puede seguir abierto tantas veces como los Estados lo coloquen en las siguientes sesiones de la Asamblea General, en el marco de la Tercera Comisión. El procedimiento, además, se enfrenta a su primera aplicación en la historia, por lo que la ruta de seguimiento tiene diversas posibilidades.
Bibiana Mendoza Negrete, del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, y Guadalupe Fernández Martínez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, pusieron en relieve el trabajo que han hecho las familias dadas las omisiones del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. Esa labor, que ha trascendido décadas y administraciones, fue crucial para que el gobierno admitiera durante el informe de la semana pasada ante la ONU, que hay autoridades municipales involucradas y falta de capacidades para garantizar la seguridad a las personas que buscan.
“De lo poco rescatable de las Naciones Unidas es que por lo menos el Estado mexicano ya reconoce que sí hay participación de autoridades; ellos hablaron sólo de autoridades municipales, pero hay que recordarles que la Marina Armada de México desapareció a Sergio Banda Delgado, que la Guardia Nacional ha matado y ha asesinado y ha desaparecido también a personas”, dijo Mendoza Negrete.
“Hay que recordarles que están lejos de aceptar que su estrategia fallida de seguridad, esta estrategia militarizada, ha costado la vida de nuestros familiares desaparecidos, pero también la nuestra, que mientras ellos se debaten en su juego político de querer limpiar la imagen de un México que no existe, las buscadoras nos estamos muriendo de depresión, de cáncer, muchas compañeras con intentos de suicidio, muchas buscadoras que se enferman porque las jornadas de búsqueda son muy largas; son situaciones que no encajan para caminar a la par”, reclamó.