Jubilados denuncian bloqueo judicial para frenar recorte a sus pensiones; prevén acudir a la CIDH
Alfredo Maza · 23 de junio de 2026
Miles de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias federales libran una batalla que podría convertirse en un caso internacional contra el Estado mexicano: denuncian que juzgados del Poder Judicial de la Federación han desechado de forma sistemática los amparos con los que buscan frenar la reducción de sus pensiones y acusan que hay un bloqueo sistemático para impedirles acceder a la justicia.
Ante esta situación, las y los afectados y sus abogados advierten que si no encuentran justicia en México acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El conflicto legal agrupa también a extrabajadores de Banobras, Banrural y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), entre otras dependencias, quienes promedian más de 70 años de edad.
Origen del conflicto: la narrativa de las “pensiones doradas”
La actual crisis para los jubilados comenzó a gestarse a principios de año. Durante una conferencia matutina, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció la existencia de supuestas “pensiones millonarias”, a las cuales calificó como “pensiones doradas”.
Las autoridades publicaron un portal de transparencia que incluía los nombres y los montos de las pensiones de extrabajadores de la CFE, Pemex, Bancomext, Banobras y Nafin.
Pemex, de acuerdo con lo que dijo la funcionaria, cuenta con un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, que equivalen a un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos. En la petrolera, aseguró Buenrostro en su momento, hay 544 pensionados que ganan más que la presidenta, con un costo anual de mil 827 millones.
Sin embargo, los afectados denuncian que las cifras estaban infladas para mostrar casos de personas que supuestamente recibían hasta un millón de pesos mensuales.
Aunque el gobierno corrigió los montos a los pocos días, dejando los ingresos máximos en cerca de 220 mil pesos, los afectados aseguran que a esta corrección no se le dio ninguna publicidad oficial.
A pesar de la corrección de los datos, el legislador y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, utilizó las cifras originales para justificar una reforma al artículo 127 constitucional y reducir dichas pensiones.
Impulsada por el Ejecutivo, la modificación incluyó un artículo transitorio para aplicar un tope salarial de manera retroactiva a quienes ya estaban jubilados, aunque la misma Constitución establece que ninguna modificación puede aplicarse de esta forma.
La reforma constitucional finalmente fue aprobada vía fast-track —en tan solo tres horas— en la Cámara de Diputados, bloqueando el acceso al recinto a los pensionados que buscaban dialogar, y fue ratificada de igual forma por 18 congresos estatales. Tras su entrada en vigor, los jubilados enfrentan reducciones de hasta el 70 % en sus ingresos.
Obstáculos en el Poder Judicial
Al intentar defender sus ingresos bajo el argumento de que la reforma viola los artículos 1 y 14 de la Constitución, que defienden los derechos humanos de las y los ciudadanos y prohíben la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de las personas, los jubilados se han topado con negativas en los juzgados federales a los que fueron enviados sus casos.
En entrevista con Animal Político, el abogado Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma Abogados, acusa directamente a los juzgados décimo quinto y décimo sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México de bloquear el acceso a la justicia.
El litigante señala que la jueza Guadalupe González Hernández, del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, desechó los amparos basándose en detalles nimios.
“De manera ridícula se le va el tiempo comparando firmas de las demandas: si no son exactamente como están en la credencial de elector, desecha la demanda. Es algo ridículo, ofensivo”, afirmó el litigante.
Ante el rechazo masivo de los amparos, los jubilados protestaron a las afueras de los tribunales en Periférico Sur, logrando que magistrados del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa aceptaran recibir a una comitiva de cinco representantes para escuchar sus historias y revisar los recursos de queja.
La defensa legal está a la espera de lo que resuelvan los magistrados de este tribunal colegiado. Sin embargo, si la resolución respalda a los jueces de distrito y niega la protección a los jubilados, “tendremos que proceder a la instancia internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar esta sistemática denegación de justicia que estaría haciendo el Estado mexicano”.
Impacto humano: deudas, enfermedades y violencia
La disminución repentina de los ingresos de las y los miles de jubilados del país que fueron incluidos en lo que el gobierno federal llamó “pensiones doradas”, ignoró por completo los créditos hipotecarios, deudas y padecimientos médicos de los adultos mayores.
Un exingeniero de Pemex, que solicitó el anonimato por temor a represalias, relató para Animal Político la situación por la que pasa después de laborar por más de 31 años en la empresa.
Comenzó como obrero cargando equipo hasta de 40 kilos, continuó preparándose hasta obtener una maestría e incluso arriesgó su vida durante huracanes en busca de ascender dentro de la paraestatal y disfrutar de una jubilación decente.
Sin embargo, relata que él no solicitó su retiro, sino que Pemex lo jubiló de manera unilateral en 2015 a través de un oficio.
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Actualmente, el exingeniero destina gran parte de su pensión al pago de un crédito hipotecario y demás compromisos que adquirió antes del recorte. “Considerando los descuentos que me están haciendo, pues me tuve que ajustar. De recibir cinco pesos pasé a recibir 2.5”, explicó el extrabajador.
La situación es crítica para muchos. El abogado Rodolfo Martínez, quien representa a unos 2 mil jubilados, reporta incluso pérdidas humanas durante la espera del proceso legal.
“De 2 mil clientes que tengo, aproximadamente 10 ya murieron sin poder ver la justicia”, lamentó el litigante.
Además, existen casos como el de un jubilado con cáncer terminal que ya tuvo que acudir a la CIDH por la urgencia de costear su tratamiento oncológico, y el asesinato de un pensionado de la CFE en su domicilio ocurrido presumiblemente poco después de que el gobierno exhibiera su nombre y sus supuestos ingresos en la lista pública.