IPN cancela examen en línea tras irregularidades en la UNAM

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará su examen de admisión a licenciatura de forma presencial para el semestre 27/2, tras cuatro años de aplicar la evaluación completamente en línea.

Desde el proceso de ingreso 2022-2023, el IPN había realizado su examen de ingreso a distancia e incluso en la convocatoria para ingresar a nivel superior en la modalidad escolarizada 27-2, publicada el pasado 15 de julio, se establece que el examen sería en línea.

Sin embargo, durante la Décimo Primera Sesión Ordinaria del XLIV Consejo General Consultivo del IPN se aprobaron nuevos criterios en los que se aprobó que el examen de admisión se realizaría de forma presencial el próximo 26 de septiembre. 

La decisión se tomó luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuviera que realizar un examen control luego de que detectara irregularidades en los puntajes obtenidos al realizar, por primera vez, la evaluación en línea para ingresar a la institución en nivel licenciatura.  

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El examen del IPN y de la UNAM se encuentra a cargo de la misma empresa, por lo que comparten características: ambos requieren la descarga e implementación de un Navegador Seguro (Lockdown Browser), cuyo sistema graba y monitorea de manera continua el desarrollo del examen y reporta cualquier incidencia durante la aplicación de este.

Durante la primera aplicación del examen en línea en 2022, el IPN bloqueó a 799 aspirantes, quienes incurrieron en actividades no permitidas en la convocatoria de admisión; pese a lo anterior, mantuvo la aplicación en línea en los siguientes años. 

Territorium Life, la empresa detrás del examen en línea de la UNAM

La empresa Territorium Life quedó evidenciada tras las irregularidades detectadas durante la aplicación del primer examen de admisión en línea para nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proceso generó protestas de aspirantes que acusaron cancelaciones arbitrarias, filtración de respuestas y un incremento atípico en los puntajes requeridos. 

La universidad dio por terminado el contrato de manera anticipada y anunció tres auditorías: una tecnológica con una firma especializada, otra a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una interna mediante la Contraloría universitaria.

Por este servicio, contratado por un monto de hasta 101.7 millones de pesos, aunque la casa de estudios pagó de 69.1 millones de pesos, de los cuales 41 millones 907 mil corresponden a 158 mil 558 aspirantes de licenciatura y 27 millones 281 mil 929 pesos por 103 mil 221 aspirantes de bachillerato.

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En México, la firma ha acumulado contrataciones públicas por cerca de 218 millones de pesos con dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según información de El Universal. 

Entre sus clientes destaca el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), instancia que le adjudicó al menos tres convenios comerciales entre 2024 y 2025 por un monto de 50.5 millones de pesos para auditar y vigilar las evaluaciones remotas de la Escuela Federal de Formación Judicial.

La empresa obtuvo estas contrataciones promocionando herramientas de inteligencia artificial y mecanismos de seguridad de alta gama para evitar conductas deshonestas.

Los cuestionamientos hacia la efectividad operativa de la compañía tienen antecedentes en Colombia, donde prestó servicios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A finales de 2019, obtuvo un contrato por 30 mil millones de pesos colombianos para sustituir a Blackboard y atender a unos 8 millones de estudiantes.

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Sin embargo, la plataforma registró retrasos que postergaron el inicio de cursos de más de 50 mil aprendices, alcanzó apenas un 74 % de cumplimiento en abril de 2020 y ameritó penalizaciones económicas por parte de la entidad.

Además, el sindicato de empleados de la institución denunció fallas graves como el borrado de preguntas y contenidos, e impugnó posteriores procesos licitatorios por presuntamente incluir especificaciones dirigidas a la medida de la empresa antes de su salida en marzo de 2024.