“Incertidumbre, palabra que me define”: Adriana vive 3 años de revictimización por violencia sexual
Marcela Nochebuena · 16 de octubre de 2026
Adriana tiene 25 años y hace tres decidió denunciar formalmente la violencia sexual que vivió cuando era una niña. Sin embargo, tras dilaciones, resoluciones judiciales irregulares y revictimización, la justicia no ha llegado.
Un empleado de su familia fue quien la agredió cuando tenía seis años. Durante mucho tiempo no entendía por completo lo que había ocurrido; después tuvo que enfrentarse a un proceso muy duro primero para revelarlo a su familia y después ante un Ministerio Público en el Estado de México.
Cuando tenía seis años, José M.C. era el chofer encargado de llevarla a sus clases extracurriculares de matemáticas e inglés. Durante los trayectos era cuando cometía los abusos, aprovechándose de la diferencia de edad y poder, y recurriendo a la manipulación psicológica y las amenazas directas.
Las consecuencias pronto se hicieron evidentes en su vida escolar y social: hipervigilancia, aislamiento, bajo rendimiento académico y un estado constante de temor. La manipulación, además, impidió que Adriana pudiera verbalizar lo sucedido durante años.
“Si tú dices algo, yo le voy a decir a tus papás” o “voy a matar a tus papás, a tus abuelitos”, recuerda que le decía su agresor, en ese entonces prácticamente 30 años mayor que ella. Como consecuencia de lo vivido, Adriana desarrolló conductas específicas relacionadas con la limpieza de su cuerpo, que mucho tiempo después seguía resintiendo los efectos del trauma.
Un entramado de incertidumbres judiciales
La comprensión de Adriana en torno a lo que vivió ocurrió de forma gradual. Entre los 14 y 15 años, con sus clases de educación sexual en la escuela, pudo identificar que había sido víctima de violación. Después, cuando decidió cursar la licenciatura en Derecho y especializarse en la materia penal, dimensionó la naturaleza del delito y comenzó a vislumbrar la posibilidad de justicia.
A pesar de conocer el marco legal, el temor a las repercusiones emocionales en su núcleo familiar postergó la presentación de una denuncia. El momento crucial llegó cuando ejercía como abogada en un despacho privado y le tocó litigar un caso relacionado con un delito sexual.
Esa experiencia la impulsó a romper el silencio, inicialmente con los socios del despacho en el que trabajaba, y después con su familia. “De ahí ya decidí denunciar. Para mi familia fue muy difícil enterarse, y creo que les cambió la vida por completo, en especial a mi papá. Pero mi familia me ha apoyado mucho y después de eso yo denuncié, con mi papá, que me acompañó en todo el proceso”, relata.
Irregularidades procesales y largas esperas
Adriana acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para formalizar la denuncia y ratificarla. Ahí le aplicaron dictámenes psicológicos que concluyeron que presentaba afectaciones emocionales compatibles con las que puede experimentar una víctima de violencia sexual. Con base en la carpeta de investigación, un juez de control libró una orden de aprehensión que derivó en la detención de José M.C.
No obstante, la audiencia inicial, celebrada en el centro penitenciario Barrientos ante la jueza de control Araceli Gutiérrez Contreras, marcó el inicio de una serie de irregularidades procesales. La juzgadora impidió la intervención de los abogados privados nombrados por la víctima.
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Luego, decretó el sobreseimiento de la causa y la inmediata libertad del imputado tras argumentar que el delito había prescrito, lo que contraviene el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
“Luego dijo una frase muy específica, que fue que él no podía vivir con la zozobra de perder su libertad en cualquier momento, por lo que sobreseía el asunto, eso es cerrar por completo la carpeta, y que ordenaba su inmediata liberación… Creo que nunca había llorado tanto como ese día”, cuenta.
El acusado fue liberado en una hora y a Adriana le notificaron vía telefónica: “yo me tardé mucho tiempo en poder hablarlo, mucho tiempo en poder procesarlo, mucho tiempo en tomar el valor de decirlo porque es todo un proceso, no es tan fácil comentar lo que te sucedió”, lamenta.
Ante la resolución, Adriana interpuso un recurso de apelación. El tribunal de alzada revocó la determinación de la jueza Gutiérrez Contreras, declaró que el delito no prescribe y dictó un auto de no sobreseimiento, ordenando la reposición de la audiencia inicial. Al ser citado nuevamente en dos ocasiones, el procesado no compareció ante el juzgado, lo que lo convirtió en prófugo de la justicia.
Así permaneció durante tres meses, bajo una identidad falsa, en un poblado de Hidalgo. Durante ese periodo, la Fiscalía mexiquense asignó protección continua a la víctima. Luego de ser localizado, fue reaprehendido y vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como permanece hasta ahora.
A partir de ello, la defensa de José M.C. ha promovido diversos juicios de amparo. El litigio se encuentra radicado en el juicio de amparo indirecto 443/2025 en un Juzgado de Distrito en Naucalpan. Ahora, como parte del expediente se promovió un incidente de nulidad por falsificación de firmas, al detectarse discrepancias notorias entre la firma plasmada en una de las demandas de amparo y actuaciones anteriores.
Después de algunas dilaciones, el trámite por la falsificación de firmas fue admitido. Pese a que inicialmente se ordenó la intervención de un perito, la defensa del imputado promovió una queja y logró que fuera aceptado el testimonio de su propio hijo sobre la autenticidad de la firma, pese a que no atestiguó el momento en que fue plasmada.
A la fecha, el procedimiento penal está suspendido a causa de los amparos pendientes. Adriana sigue a la espera, incluso, de la audiencia intermedia, que no se ha celebrado. Los tres años de lentitud procesal todavía esperan resolución, y justicia.
Impunidad y desatención institucional: la revictimización que no termina
A lo largo del proceso, Adriana ha resentido múltiples deficiencias operativas e institucionales. En cuanto a la infraestructura judicial, señala que los ministerios públicos carecen de accesos diferenciados, lo que obliga a las víctimas con reserva de identidad a compartir salas y filas de registro con imputados y sus familiares.
En el ámbito procesal, la defensa del imputado ha recurrido a descalificaciones durante las audiencias públicas, incluso con señalamientos infundados y cuestionamientos a su credibilidad profesional como abogada.
“Me han puesto en duda un millón de veces. Era una niña de seis años, no tenía ninguna fantasía sexual (como llegaron a sugerir los abogados), no sabía ni siquiera de ningún tema sexual; era una niña con inocencia y me la arrebataron. Eso es lo más triste de todo… Me arrebataron mi inocencia, pero los abogados todo el tiempo están poniendo en duda lo que te pasó, tu credibilidad, tu dignidad, todo eso es muy fuerte”, acusa.
A eso se ha sumado la dificultad de acercarse a las autoridades, pues ni en la Secretaría de las Mujeres, con la entonces titular Citlali Hernández, ni en el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, ha recibido respuesta a sus solicitudes de atención.
Por otro lado, la jueza Gutiérrez Contreras no recibió sanciones disciplinarias ni suspensiones por parte del órgano de disciplina del Poder Judicial del Estado de México tras haber dictado la liberación irregular del procesado.
El costo emocional y la fractura en el entorno familiar
El estancamiento del proceso legal ha terminado por desgastar la salud física y psicológica de Adriana y su familia. El dictamen psicológico inicial acreditó cuadros severos de depresión y ansiedad, y para su papá, el seguimiento del expediente ha implicado noches sin sueño, pérdida de apetito y un desgaste emocional permanente derivado de la impotencia ante la falta de justicia.
“A mi papá le quita el hambre, le quita el sueño. Luego son las 5 de la mañana y los dos seguimos despiertos porque ninguno puede dormir”, narra. Gracias a su vocería, las redes sociales y su participación en las movilizaciones del 8M, Adriana ha constatado que la dilación procesal es una constante en el país. Otras víctimas le han hablado de procesos penales que se extienden por cinco, siete o más años, sin sentencia para los agresores ni justicia para ellas.
Ella solo quiere un proceso justo y la aplicación de la pena contemplada en la ley: “Estoy pidiendo la sentencia máxima, que es de 15 años, porque lo que a mí me hizo me arrebató mi infancia, me arrebató mi adolescencia y me está arrebatando mi adultez”, sostiene.
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Hoy, como abogada, pide a las autoridades defender los derechos tanto del acusado como de la víctima, según lo define la ley, sin olvidar protegerla a ella particularmente, porque sus derechos “se han visto vulnerados millones de veces” en el proceso.
“También que entiendan lo que yo viví, sean un poco más empáticos y que resuelvan conforme a derecho, pero como se supone que debe ser, como dice el principio, con una justicia pronta y expedita, que los procesos no sean tan tardados, y que realmente vean por mis derechos, por la afectación que yo tengo, la dimensión de los delitos que yo estoy denunciando y conforme a ello, se siga con un proceso y se resuelva también cuidándome a mí”, añade.
La incertidumbre que define el momento actual
El caso de Adriana Cota permanece actualmente supeditado a la resolución del recurso de amparo en los juzgados federales de Naucalpan. A tres años de haber iniciado las acciones penales, la abogada define su situación actual como un estado permanente de desgaste emocional, temor por su seguridad personal e incertidumbre jurídica.
Debido a que el imputado laboró durante décadas en su entorno familiar, conoce las rutinas, domicilios y vehículos de su núcleo cercano, lo que mantiene activa la exigencia de medidas de protección y vigilancia. “Me siento muy triste, muy drenada por el proceso, revictimizada y con mucha incertidumbre, y con miedo de que me puedan hacer algún daño o algo”, apunta.
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Con todo y el cansancio acumulado, así como la desconfianza en la neutralidad de las personas impartidoras de justicia, Adriana sostiene la exigencia de sanción penal como un acto de restitución de la dignidad personal y de prevención de agresiones hacia otras mujeres. A otras víctimas de violencia sexual infantil hoy quiere transmitirles que es importante seguir denunciando y exigiendo.
“Que se atrevan a denunciar, porque creo que las personas que te hacen un daño no deben estar ahí libres, tiene que haber consecuencias. Y si el sistema les falla, que luchen, que intenten de cualquier forma conseguir justicia, que intenten de verdad que su agresor pague, y que también lo hagan por ellas y por otras víctimas que pudiera haber de la misma persona. Que busquen un buen abogado, que los acompañe, hay abogados como yo que realmente queremos ayudar a las víctimas”.