“Fracking es un sistema de intervención territorial”: científicos advierten a Sheinbaum y a Comité
Verónica Santamaría · 16 de junio de 2026
A dos meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara al grupo de 17 especialistas del Comité Técnico Científico que se encarga de evaluar el uso de fracking en México, la comunidad científica nacional e internacional hicieron un llamado a que dicho grupo no evalúe la fracturación hidráulica como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial con impactos acumulativos sobre el agua, la salud pública, el clima y las comunidades.
El llamado llega a través de una carta que firman 178 científicas y científicos de México y 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica dirigida a la presidenta y el grupo de especialistas que integran el comité científico.
Entre las firmantes se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental provenientes de universidades y centros de investigación; así como expertas y expertos participantes de los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
El IPCC es el principal órgano de las Naciones Unidas que se encarga de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático– del que México es miembro activo desde su fundación en 1988.
“Quienes suscribimos lo hacemos con respeto y profunda preocupación ante la posibilidad de que México promueva el uso de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales en su territorio”, exhortan en la carta.
Los especialistas enfatizaron que la evidencia científica internacional muestra un patrón consistente en que “los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino que forman parte de una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente, difícil de supervisar y con daños acumulativos sobre agua, aire, salud, clima, comunidades e infraestructura”, advierten especialistas en la carta.
¿Quiénes firman la carta dirigida al comité?
Como parte de los firmantes en México se encuentran María Elena Álvarez-Buylla Roces, exdirectora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y Víctor Manuel Toledo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la lista también se encuentra Yuvelis Natalia Morales Blanco colombiana ganadora del Premio Goldman Ambiental 2026 por defender el río Magdalena amenazado por proyectos piloto de fracking que el gobierno de Colombia aprobó en 2019.
Otra de las firmantes es Miriam Lang, PhD en Sociología, Freie Universität Berlin, coordinadora de la Maestría Internacional de Investigación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, Quito y Gabriel Blanco, quien se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Nacional del Centro en Argentina y es autor coordinador de los informes de evaluación 5, 6 y 7 del IPCC, entre otros.
Fracking en México: más impactos que ganancias
En el documento, la comunidad científica nacional e internacional sostiene que la protección de la salud, el agua, el ambiente y los derechos humanos no puede quedar sujeta a negociaciones compensatorias, mecanismos de aceptación social ni procesos orientados a legitimar una actividad de tan alto riesgo.
Por ello, subrayan que la fracturación hidráulica “no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial que requiere miles de pozos, caminos, ductos, estaciones de compresión, manejo de sustancias químicas tóxicas, grandes volúmenes de agua, disposición de residuos, venteos, quemas, transporte pesado y monitoreo permanente”.
Las y los científicos reiteraron que los riesgos del fracking no terminan cuando concluye la fracturación del pozo sino que, persisten durante décadas con emisiones, residuos, pozos abandonados, infraestructura asociada y graves pasivos ambientales.
En el contexto ambiental y social mexicano, dichas amenazas se agravan debido al creciente estrés hídrico en el país, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua.
“La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo con altas concentraciones de sales disueltas, sustancias químicas tóxicas, metales pesados, hidrocarburos y materiales radioactivos naturalmente presentes en las formaciones geológicas”, suman.
En consecuencia, los investigadores alertan que un alto consumo de agua para la implementación de fracking solo generará riesgos de contaminación del agua superficial y subterránea como consecuencia de derrames, fallas de integridad de pozos, filtraciones, manejo inadecuado de residuos o accidentes en superficie.
Un freno a la salud y a la transición energética
El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos.
Los especialistas recordaron que la literatura científica ha identificado asociaciones entre la proximidad a operaciones de fracking y riesgos para desarrollar cáncer, asma y otras enfermedades respiratorias, afectaciones cardiovasculares, dermatológicas, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.
“Estos riesgos son especialmente preocupantes para mujeres embarazadas, niñas y niños, y personas mayores”, advierten.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diferentes ocasiones que el análisis al uso de fracking en México es un asunto de soberanía nacional para dejar de depender del 75 % de las importaciones de gas natural con Texas, en Estados Unidos, pero la comunidad científica advierte que utilizar la fracturación hidráulica también genera dependencia.
El fracking “también crea dependencia de infraestructura fósil, desplaza inversiones necesarias en eficiencia energética, reducción de demanda y energías renovables, y aumenta el riesgo de activos varados”, señalan.
En el contexto de crisis climática y transición energética, los “activos varados” son aquellos recursos de combustibles fósiles que no se pueden quemar e infraestructura de combustibles fósiles como oleoductos y centrales eléctricas que ya no se utilizan y que podrían convertirse en un pasivo antes de que finalice su vida útil económica prevista, según la explicación de la London School of Economics and Political Science (LSE).
El objetivo de la medida es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C y para lograrlo el mundo debe mantener bajo tierra una gran proporción de las reservas de combustibles fósiles existentes. La medida también parte del combate del calentamiento global a 1.5 °C, como lo mandata el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático global.
“Por estas razones, recomendamos respetuosamente que México se acoja al principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles, y avance hacia una prohibición explícita del fracking como muchos países y regiones que han prohibido el fracking en sus territorios”, aconsejan científicas y científicos en la carta.
La comunidad científica reiteró que México está a tiempo de evitar una ruta de alto riesgo ambiental, sanitario, climático, social y económico, y de orientar su política energética hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.
La lista completa de científicas y científicos que firman la carta se puede consultar aquí.