Falta de seguridad social mantiene a más de 25.8 millones de personas en pobreza: asociación
Animal Político · 16 de octubre de 2026
En México, 25.8 millones de personas sobreviven con trabajos informales que apenas cubren sus necesidades básicas, mientras millones de trabajadores continúan sin acceso a servicios de salud y seguridad social.
En el documento “Cortar la raíz laboral de la pobreza. Datos duros, lecciones recientes y perspectivas para erradicar la pobreza en México”, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que la reducción de la pobreza no será sostenible mientras tener un empleo no garantice ingresos suficientes ni el acceso a derechos sociales, por lo que propuso cambiar el enfoque hacia la protección social universal y la generación de trabajos dignos.
Dicho enfoque no se limita a los bajos salarios, sino a un modelo que condiciona el acceso a derechos sociales a tener un empleo formal. Dicha situación afecta particularmente a quienes trabajan por cuenta propia, en micronegocios o en actividades agrícolas de subsistencia, que constituyen la mayor parte de la llamada economía informal.
“80% de los 33 millones de trabajos informales —25.8 millones— corresponden a actividades económicas de subsistencia, 13.8 millones trabajan en micronegocios con menos de 10 personas, 10.9 millones trabajan por cuenta propia y 1.1 millones en agricultura campesina de subsistencia”, señaló.
Para la organización, estos datos muestran que la informalidad no puede entenderse únicamente como un problema de incumplimiento fiscal. En buena medida, responde a la falta de empleos de calidad y a la necesidad de millones de personas de obtener ingresos para sobrevivir, sin que ello les garantice protección social.
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“Por eso, el problema de la llamada ‘informalidad’ no es fiscal ni productiva; su verdadera naturaleza es la exclusión de la protección social”, añadió.
La organización planteó que la reducción sostenible de la pobreza requiere mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo, aliviar las cargas fiscales y las contribuciones que pesan sobre los salarios bajos y el trabajo por cuenta propia, y garantizar el acceso universal a la salud y al seguro social, independientemente de la situación laboral de las personas.
El ingreso laboral redujo la pobreza, pero sigue sin alcanzar
Entre 2016 y 2024, la reducción de la pobreza registrada estuvo relacionada con el crecimiento de los ingresos provenientes del trabajo. Durante ese periodo, el ingreso laboral per cápita aumentó 22% en promedio, con incrementos más pronunciados entre la población de menores recursos.
De acuerdo con el informe, el ingreso laboral creció 68% en el decil de menores ingresos; 47% en el segundo; 40% en el tercero, y 37% en el cuarto. La evolución muestra que el aumento salarial benefició proporcionalmente más a quienes se encontraban en la parte baja de la distribución de ingresos.
Sin embargo, la recuperación no ha sido suficiente para garantizar que el empleo permita cubrir las necesidades básicas. En el quinto decil, el ingreso promedio por persona es de 3 mil 965 pesos mensuales, mientras que el costo de la canasta básica urbana asciende a 4 mil 565 pesos.
La diferencia evidencia que incluso una parte de la población que trabaja y obtiene ingresos regulares permanece por debajo del umbral de pobreza.
“En el decil V, el ingreso promedio por persona es de 3,965 pesos al mes, mientras que la canasta básica urbana —que define ese umbral— asciende a 4,565 pesos. En otras palabras: para la mitad de los mexicanos, trabajar no alcanza para salir de la pobreza”, precisó el documento.
En ese contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza defendió la continuidad de la recuperación del salario mínimo y rechazó que los aumentos registrados en años recientes sean señalados como una de las principales causas del freno económico.
“No se vale colocar a la recuperación del salario mínimo como si fuera una de las causas del freno económico y mucho menos como si fuera la principal. No hay evidencia que respalde esa pretensión”, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La organización consideró que mejorar los ingresos laborales no sólo contribuye a reducir la pobreza, sino que también puede impulsar el mercado interno. No obstante, advierte que esta política debe acompañarse de medidas que permitan generar empleos de calidad y ampliar la protección social, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la inseguridad y las dificultades para atraer inversiones.
Millones de trabajadores están fuera de la seguridad social
La segunda dimensión del problema es la falta de acceso a los servicios de salud y al seguro social. Según el documento, alrededor de 38 millones de personas ocupadas carecen de acceso directo a la salud mediante el seguro social en la medición de pobreza.
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Los registros laborales citados por la organización muestran que en 2024 había 35.5 millones de personas ocupadas sin acceso a servicios de salud por su trabajo. Para el primer trimestre de 2026, la cifra ascendió a 35.9 millones, de las cuales 33 millones estaban clasificadas como trabajadoras informales.
En ese contexto, dichos datos revelan una contradicción: mientras los ingresos laborales contribuyeron a disminuir la pobreza, las carencias sociales persistieron porque el acceso a derechos fundamentales continúa vinculado al tipo de empleo.
“Los datos duros muestran una paradoja: la pobreza bajó, pero las carencias sociales aumentaron. Detrás de esa aparente contradicción hay una causa concreta: el acceso a la salud y al seguro social —en la medición de la pobreza aparecen como carencias separadas, pero en la práctica están totalmente vinculadas— dependen ambas de tener un empleo ‘formal’. Quien no lo tiene, queda fuera”, advierte el documento.
La organización cuestionó que el modelo de seguridad social proteja principalmente a quienes cuentan con empleos formales, en lugar de garantizar estos derechos a todas las personas.
Por ello, propone desvincular el acceso a la salud de la condición laboral y construir una cobertura universal que no dependa de la contratación formal.
Dicha transformación permitiría atender una de las principales causas de la exclusión social y reducir los obstáculos que enfrentan las personas para incorporarse a empleos de calidad.
“El modelo de seguro social protege al empleo formal, no a las personas que trabajan. Excluye y segmenta el acceso a la salud, al cuidado y al ingreso; y sobre todo, discrimina y viola derechos humanos —en particular el derecho a la salud— al segmentar la atención y dar un trato diferenciado a las personas”, sostiene Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Empleo, pendiente para reducir la pobreza
La organización también advierte que la falta de oportunidades laborales afecta de manera particular a las mujeres y a las personas jóvenes, dos grupos cuya incorporación económica podría incrementar los ingresos de los hogares y ampliar la actividad productiva.
En el caso de las mujeres, el documento identifica a 14.3 millones que no pueden buscar empleo porque realizan labores de cuidado no remuneradas en sus hogares. La falta de servicios que permitan compartir estas responsabilidades limita sus posibilidades de obtener ingresos propios y participar en el mercado laboral.
Ante esta situación, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone construir un sistema de cuidados que permita distribuir estas tareas y facilite que las mujeres que así lo decidan puedan incorporarse a empleos remunerados.
“El ingreso laboral de los hogares también puede crecer con la inclusión económica y productiva de mujeres que así lo decidan, entre las 14.3 millones que hoy no pueden buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en su hogar sin remuneración. Construir un sistema de cuidados es, por tanto, una política de desarrollo económico, de empleo y de reducción de la pobreza, no sólo una política social”, plantea el documento.
Otro desafío es la incorporación de las personas jóvenes que no cuentan con estudios universitarios y enfrentan condiciones de desempleo, precariedad laboral o pobreza. La organización señala que 14.9 millones de jóvenes se encuentran en alguna de estas situaciones y considera necesario ampliar las oportunidades de acceso al primer empleo digno.
La propuesta busca que la falta de educación universitaria no se convierta en una barrera para obtener un trabajo con ingresos suficientes y condiciones adecuadas. Para ello, plantea facilitar la incorporación de jóvenes a actividades productivas que ofrezcan oportunidades de desarrollo y estabilidad.
Además, el documento propone impulsar empresas comunitarias en zonas indígenas y rurales, donde la exclusión económica y laboral limita las posibilidades de generar ingresos. La intención es fortalecer las actividades productivas locales y ampliar las oportunidades para comunidades que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral.
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Las medidas forman parte de cinco perspectivas planteadas por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza: recuperar gradualmente el salario mínimo; reducir las cargas fiscales y las contribuciones sobre los salarios bajos y el trabajo por cuenta propia; construir un sistema de cuidados; incorporar a jóvenes sin estudios universitarios a empleos de calidad; y multiplicar las empresas comunitarias en zonas indígenas y rurales.
La organización pide cambiar enfoque de política contra pobreza
La organización consideró que los avances registrados en la reducción de la pobreza demuestran la importancia de los ingresos laborales, pero advierte que no bastan para resolver las carencias que afectan a millones de personas.
La organización sostiene que las transferencias monetarias, aunque pueden contribuir a los ingresos de los hogares, tienen un impacto limitado si no se acompañan de empleos dignos, acceso universal a la salud y mecanismos de inclusión económica.
“Acción Ciudadana sostiene que México no tiene un problema de diagnóstico, sino de decisiones. Sabemos que la pobreza bajó por el ingreso laboral y que las carencias sociales persisten por fallas estructurales y de política pública. También que el acceso a la salud sigue condicionado al tipo de empleo, las transferencias monetarias tienen un impacto mínimo, el sur-sureste concentra la exclusión y la primera infancia y la juventud cargan con las secuelas más graves”, indicó el documento.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, la organización llamó a fortalecer las políticas que permitan que el trabajo sea una vía efectiva para superar esa condición y no una actividad que mantenga a las personas en la precariedad.
La propuesta central es cambiar un modelo que condiciona los derechos sociales a la formalidad laboral por uno que garantice protección social, promueva mejores ingresos y amplíe las oportunidades económicas para mujeres, jóvenes y comunidades rurales e indígenas.
“Así, las perspectivas planteadas apuntan hacia la misma dirección: hacer que el trabajo vuelva a ser la puerta de salida de la pobreza, no su fábrica”, concluye Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.