Caso Ángel Yael: el Estado, responsable en asesinato de estudiante cometido por la Guardia Nacional
Alfredo Maza · 2 de junio de 2026
La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval Hurtado declaró al Estado mexicano como responsable solidario en el caso de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante asesinado por elementos de la Guardia Nacional en 2022. La resolución obliga al Estado a garantizar la reparación del daño por los crímenes cometidos por la Guardia Nacional en Guanajuato.
El fallo judicial al que tuvo acceso Animal Político detalla que la responsabilidad solidaria surge porque los sentenciados eran miembros activos de la Guardia Nacional al momento del asesinato de Ángel Yael. Basándose en el Código Penal Federal, la jueza vinculó directamente al Estado con el actuar de sus fuerzas de seguridad.
Se trata de una resolución que sienta un precedente. Si bien los dos agentes de la Guardia Nacional sentenciados siguen siendo los obligados principales del caso. La determinación “estimó que el Estado debe participar solidariamente, pero también porque existe una condena sobre el tema de la reparación integral que está relacionada con otros rubros, como medidas de no repetición, de satisfacción, daño moral. Creo que pueden ser una condena también ejemplar que el Estado tendría que cubrir”, señaló Juan Arredondo Rodríguez, abogado del caso, en entrevista con Animal Político.
Durante el desarrollo del litigio, los abogados de la familia de Ángel Yael habían solicitado que se incluyera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como institución responsable solidaria por los delitos de sus agentes, pero su solicitud no fue aceptada.
Jueza resalta el agravante del cargo público
La resolución de la jueza Sandoval Hurtado, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, también contempló penas severas para los dos agresores, evitando imponer las condenas mínimas.
Jesús Ángel Ávila Gómez, responsable directo de asesinar a Ángel Yael y de herir a otros tres alumnos de la Universidad de Guanajuato, recibió una pena de 54 años, 3 meses y 2 días de prisión; mientras que el agente Iván Ibarra Blanco fue sentenciado a 33 años y 2 días de prisión por el delito de tentativa de homicidio calificado.
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A pesar de lo anterior, el abogado Arredondo Rodríguez señala que aún estudian la posibilidad de impugnar los años de cárcel para los agentes de la Guardia Nacional.
“Nosotros creemos que la jueza tuvo un error en aplicar la regla de concurso de delito y que hay una contradicción. La pena que les tendría que haber correspondido a uno y a otro es la de 60 años, que es la máxima permitida […] pero no lo hemos decidido todavía”.
En su resolución final, la jueza determinó que se comprobó mediante diversos testimonios que los elementos descendieron de sus vehículos y dispararon “sin motivo, sin mediar palabra, sin aviso previo, sin razón alguna”.
Durante el final del proceso penal, la defensa de los agentes de la Guardia Nacional intentó construir una narrativa en la que se sugería que los jóvenes estudiantes podían ser “huachicoleros” para intentar justificar la agresión.
Para combatir esta criminalización, la jueza ordenó una disculpa pública por parte de los sentenciados, así como la difusión de la sentencia por parte de la Guardia Nacional “enfatizando la inocencia de las víctimas y la violación” a sus derechos humanos.
Ordenan reparación del daño y responsabilidad solidaria
El fallo judicial también establece que la reparación del daño no se limitará a la compensación por la pérdida de la vida de Ángel Yael y el daño físico de las demás víctimas.
La jueza determinó que en la etapa de ejecución de sentencia se deberá cuantificar de manera exacta el “daño moral” y el “lucro cesante”, evaluando “el proyecto de vida afectado” y la “pérdida de oportunidades” de las víctimas. También se ordenó atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada como medida de rehabilitación.
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“Aunque no hay dinero que pueda pagar una vida, creo que si analizamos esto desde otra óptica debe ser algo razonablemente importante lo que el Estado debe pagar. Más aún cuando ya la Corte, en otros esquemas, sobre todo en temas civiles, ha sentado precedentes en sanciones económicas importantes”, aseguró el abogado Arredondo Rodríguez.
Esta afectación al proyecto de vida fue relatada previamente por Norma Lucía Rangel, madre de Ángel Yael, quien describió el impacto de la pérdida de su hijo, un joven “fuerte, guerrero, con muchas ganas de crecer”.
“Ese núcleo se destruyó desde ese 27 de abril y todo porque a alguien se le hizo fácil accionar sus armas, haciendo mal uso de ellas sin imaginar lo que ocasionaría”, declaró a medios previo al arranque del juicio.